A estas alturas parece difícil justificar los privilegios de la Iglesia católica en España, después de cuarenta años de una Constitución que declara la aconfesionalidad del Estado, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Algo puede explicar que es el grupo de presión más importante del país, con capilaridad en los estratos alto, medio y bajo, además de depositario de credenciales para la eternidad y principal agente inmobiliario en la tierra, con mayor fortuna después de las más de 40.000 inmatriculaciones declaradas.
De tiempo en tiempo aparecen artículos (magnífico el reciente reportaje de laSexta) e iniciativas políticas denunciando esos privilegios, señalando incumplimientos reiterados de los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en 1979, de por sí muy favorables para la Iglesia. Pero su influencia y poder disuelven las críticas como azucarillos, hasta las siguientes que correrán la misma suerte. Para la derecha (el PP o Ciudadanos) –que todavía no se ha pronunciado abiertamente contra la dictadura– es su aliado natural, garantía de votos desde el púlpito semanal. Está claro que éstos no van a abrir nunca el melón, todo lo contrario. Mientras tanto, el PSOE ha tenido miedo de asumir el coste electoral de un posible enfrentamiento con la Conferencia Episcopal. Cuando existían unas mejores condiciones objetivas, asistimos a la pusilánime actuación de Zapatero que, para más inri, aumentó un 34 % la dotación a la Iglesia en el IRPF, cuando ésta tiene el compromiso –no cumplido desde hace años– de autofinanciarse.
Como es sabido, los Acuerdos con la Santa Sede en vigor sustituyeron al Concordato de 1953, firmado bajo los principios del nacionalcatolicismo, en una fase de autarquía y debilidad del Régimen. Franco necesitaba el apoyo de la Iglesia, que así sacaba partido a su colaboración en la cruzada liberadora. Con mucha inteligencia, tras su muerte, adelantándose a lo que podía venir, se empiezan a cocinar en secreto unos nuevos acuerdos (cinco en total), de tal forma que el primero se firma el 28 de julio de 1976. Tiene salida rápida porque era el menos conflictivo, aunque siga sorprendiendo la equiparación/graduación del Vicario general castrense con un General de División. Los otros cuatro Acuerdos son rubricados en Roma por Marcelino Oreja, católico propagandista, Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de la UCD de Adolfo Suárez.
Nótese que tanto las negociaciones como la firma del primer acuerdo tuvieron lugar antes de la aprobación de la Constitución, que fue publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Pero es que la firma de los otros cuatro acuerdos tuvo lugar el 3 de enero de 1979. Aunque después fueran aprobados por el hemiciclo, habría sido complicado anularlos una vez firmados –no olvidemos que la derecha controlaba el Congreso–. El intervalo de fechas y la presentación a hechos consumados evidencian premeditación interesada y falta de transparencia.
El reiterado incumplimiento de la Iglesia de los términos de los Acuerdos de 1979, como “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, la apropiación indiscriminada (inmatriculación) de bienes pertenecientes al patrimonio colectivo y universal, como la Mezquita de Córdoba, el Pilar de Zaragoza o la Catedral de Burgos; o la vulneración del principio de igualdad de trato con otras confesiones, entre otros temas, apelan a su denuncia inmediata.
Es una provocación querer incluir dentro de las exenciones fiscales, claramente establecidas en los Artículos III y IV (el Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio, el Impuesto sobre el consumo y el IBI) ya de por sí discriminatorias y nada solidarias con la situación del país, actividades económicas y/o lucrativas como hoteles, restaurantes, alquileres de inmuebles, etc. Las funciones exentas –según el articulado– aluden únicamente a su uso como lugares de culto, apostolado o ejercicio de la caridad.
Como en el texto de muchos acuerdos, también en éste se habla de “mantener relaciones de cooperación”, se expresa un voto de lealtad hacia la otra parte, una suerte de quid pro quo en la observancia de las cláusulas firmadas, con mayor razón en el caso de la Iglesia, beneficiada de la filantropía del Estado. No puede decirse que el comportamiento de la jerarquía eclesiástica haya sido modélico en este sentido, especialmente con los Gobiernos del Estado conducidos por la izquierda. Muy al contrario, sus declaraciones institucionales, hojas parroquiales y las proclamas de medios como la Cadena Cope o 13 TV (en parte financiada por la Iglesia, como adelantó infoLibre) son frecuentemente beligerantes y entran en una dimensión política en las afueras de su reino –que no es de este mundo–, o simplemente, se sustraen de un exigible fair play hacia el Estado que les financia.
Las reclamaciones se han estrellado frecuentemente en los tribunales, se supone que por una rigidez interpretativa de los Acuerdos en beneficio de la Iglesia. La salida de esta situación pasa obligatoriamente por su denuncia, en base a los incumplimientos detectados, a su dudosa constitucionalidad, al cambio sociológico acaecido en la sociedad española en los últimos cuarenta años, etc. El clero de fajín olvida lo que predica: “…no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen” (Mateo 6:19).
Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor
