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Continúa la polémica: el alcalde de Córdoba pide a la Junta que fije su posición sobre la titularidad de la Mezquita

El alcalde de Córdoba, el popular José Antonio Nieto, exige a la Junta de Andalucía que fije jurídicamente su posición con respecto a la titularidad de la Mezquita-Catedral, un asunto que enfrenta al Obispado y a distintas asociaciones, quienes acusan a la Iglesia de recibir por la explotación del monumento 9  millones de euros libres de impuestos.

La posibilidad de revocar el título de propiedad de la Mezquita de Córdoba a la Iglesia Católica ha despertado un largo enfrentamiento entre el Obispado y la ciudadanía, una polémica a la que se suma el alcalde José Antonio Nieto (PP), ha pedido a la Junta de Andalucía que fije jurídicamente su posición, porque “está creando un clima que no es positivo para Córdoba”, a base de “frases fáciles” y “titulares de prensa”.

Nieto ha recordado que, en una reunión que tuvo hace dos años con la consejera de Fomento de la Junta, Elena Cortés, en la que le manifestó que “todas las administraciones se habían relacionado con el Cabildo” reconociéndolo como propietario de la Catedral, y por lo tanto de la Mezquita. Según Nieto, la Junta manifestó que ultimaba un informe jurídico en la materia que aún no ha sido presentado.

En este asunto han tomado posición desde Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha asegurado que expropiar la mezquita de Córdoba a la Iglesia sería un “despropósito económico y jurídico”, hasta la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien reconoce que la “titularidad” de este conjunto monumental deber ser “pública”. La Unesco también ha dado un paso al frente y ha llevado el templo a la categoría de Bien de Valor Universal Excepcional. El asunto es complejo y viene de lejos.

Córdoba, la larga polémica

En el año 2006, el Obispado de Córdoba inmatriculó – es decir, registró- la Mezquita-Catedral de Córdoba, la cual había sido declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco. Después de pagar 30 euros –lo que cuesta la gestión-, el prelado se hizo con una finca de 23.000 metros por la que además no paga IBI, ya que el edificio está dedicado al culto religioso. La acción fue hecha después de que en 1998, el PP –entonces gobernaba José María Aznar- retirara la excepción de la Ley Hipotecaria con los lugares de culto, lo que permitió a la Iglesia registrar desde capillas o ermitas hasta catedrales.

Según la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba el monumento es propiedad de la ciudadanía, Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial. Es decir, el obispado ha perpetrado una apropiación jurídica, económica y simbólica del edificio. Cada una por una razón específica: jurídica porque ni la inmatriculación o el registro en 2006 supone la validez como título de propiedad; es económica por que el Obispado de Córdoba, que no paga impuestos por el usufructo de este tipo de monumentos, recibe ingresos con las entradas y es simbólica porque el Obispado de Córdoba le ha retirado a la Mezquita la denominación Mezquita-catedral.

Construida en el 785, con 23.400 metros cuadrados, la de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Recibe al año 1.200.000 visitantes, cada uno paga 8 euros para poder acceder a ella –37 euros con visita guiada-. Es decir, dinero que va a parar a las arcas del Obispado.

“Lo que sucede en la Mezquita es impresionante, es una gestión opaca, una gestión abusiva”, ha manifestado también el senador de IU José Manuel Mariscal, quien ha solicitado en varias ocasiones que se den por extintos los “privilegios medievales” de la Iglesia en la inscripción de bienes inmuebles, y en concreto, se ha referido a la situación del monumento cordobés.

Más de mil inmuebles en situación similar

Pero este no el único caso, ni mucho menos. Como la Mezquita de Córdoba hay más de mil propiedades y monumentos del Patrimonio Histórico cuya titularidad -y explotación- está en manos de la Iglesia Católica, que –en el caso de Córdoba- había tardado unos cuantos siglos en pasar por el registro para reclamarla.

La Iglesia ha registrado como suyas más de mil propiedades en los últimos 16 años, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 que el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo en 1998. Inicialmente, la norma vigente durante el franquismo, en su artículo 206, permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, excepto los lugares de culto. En su primera legislatura, el PP retiró esa excepción, lo que permitió a la Iglesia registrar como suyas desde capillas o ermitas hasta iglesias y catedrales.

Uno de los informes más detallados y citados en lo que a registro y titularidad de determinados bienes se refiere, lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales eran lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas …). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.

Ocurre en otras comunidades. La iglesia fortaleza de San Bartolomé, en Xàbia, Alicante, sufrió una suerte similar. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo, sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, quien junto con una iniciativa ciudadana llevó el asunto a los tribunales. La Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor respuesta popular ha generado.

José Antonio Nieto alcalde de Córdoba (PP)
José Antonio Nieto alcalde de Córdoba (PP)
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