Construcción de una iglesia evangélica con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que cedió la parcela en 2010

En estos momento se lleva a cabo la construcción de un templo evangelista de la iglesia Cristo Vive en la Glorieta de Luis Rosales (Gran Vía de Hortaleza, 28043 Madrid).  Obsérvese la frase al pie del cartel: «En colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid».

En efecto, dicho templo, según hemos podido investigar desde el Observatorio del Laicismo, se está construyendo en una parcela municipal que el Ayuntamiento de Madrid cedió en 2010 por 75 años (es la cesión habitual) y por un valor de más de un millón de euros.

Pero no fue la única cesión que se realizó, sino que forma parte de un lote en el que se adjudicaron las siguientes parcelas:

  • la Iglesia Ortodoxa Rumana «Santísima Virgen María» (Carabanchel, parcela tasada en 1.502.274,14 euros);
  • los «Testigos Cristianos de Jehová» (Villa de Vallecas – 1.112.774,64 euros.);
  • la Iglesia Evangélica Cristo Vive (Hortaleza, 1.035.340,14),
  • la Iglesia Evangélica Bautista de Alameda de Osuna (Barajas).

Anteriormente otras confesiones religiosas ya habían disfrutado de esta «colaboración municipal» mediante la cesión gratuita de suelo público:

  • la Comunidad Marroquí Musulmana (en 1986),
  • la Liga del Mundo Islámico (1989)
  • la Unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (2001).

Pero como siempre la gran beneficiaria es la Iglesia Católica que recibió 41 parcelas de suelo público (unos 64.000 metros cuadrados) valorado en unos 120 millones de euros.

Es por esta financiación pública a las confesiones religiosas que Europa Laica incluye en sus propuestas electorales y en su propuesta de Red de Municipios por un Estado Laico que los ayuntamiento no financien y realicen cesiones de suelo para la construcción de templos religiosos, ya que todas opciones particulares, religiosas o no deben tener el mismo trato y el Estado ha de ser neutral y no favorecer, privilegiar o discriminar ninguna de ellas. Algo que si ocurre cuando se reciben estas millonarias ayudas públicas en detrimento de la promoción de servicios o infraestructuras y equipamientos públicos que es la verdadera y obligada función de la Administración.

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