Confusión sobre el aborto

Resulta paradójico que se culpe a los profesionales de los efectos de una ley insegura e imprecisa

Resulta una paradójica ironía que representantes de la política progresista de este país defiendan públicamente la actual reforma del aborto atacando a los profesionales de los centros acreditados que han atendido esta demanda durante más de 20 años. Es una ironía que para justificar una reforma se atribuyan a los centros acreditados prácticas ilícitas sin datos que puedan sustentarlas. Es paradójico en suma que los legisladores progresistas, que han tenido en sus manos la posibilidad de reformar mucho antes esta ley, atribuyan los males que derivan de una legislación insegura e imprecisa a quienes la han interpretado generosamente para atender a más de 100.000 mujeres en nuestro país durante el último año.
Desde mi posición como profesional de la salud sexual y reproductiva, pero también como persona comprometida con los derechos de la mujer, quiero recordar varios aspectos que en medio de la contienda electoral corrieron el peligro de ser olvidados.

Nuestra ley de aborto solo autoriza la interrupción del embarazo en los casos de violación, malformación del feto y grave peligro físico o psíquico de la embarazada. Ante lo cual la mujer no puede decidir libremente si interrumpe o no su embarazo, sino que necesita de un motivo documentado y de la autorización de terceros.
Esta realidad ha colocado en un papel difícil a la mujer y a esas «terceras personas» que deben acreditar su situación y facilitar el acceso, especialmente en el caso del supuesto psicológico, ya que frente a la visión restrictiva por la que el supuesto psicológico está vinculado a patologías psiquiátricas extremas, los grupos especializados han realizado una interpretación amplia del supuesto de «peligro para la salud psíquica de la embarazada», acorde con el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la define no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar físico, psíquico y social. Definición recogida en el actual anteproyecto de ley.
Las interpretaciones restrictivas de la ley han propiciado las denuncias, las persecuciones y los juicios contra las mujeres y contra los profesionales. Aun así, los centros especializados han seguido cubriendo una prestación del Sistema Nacional de Salud que no se quiso atender desde la sanidad pública. Hemos seguido dando cobertura motivados por un compromiso con la salud de las mujeres, con la sociedad misma. Para nosotros un embarazo no deseado sí puede llegar a afectar la salud de una mujer y generarle una grave tensión psíquica, que podría dar lugar a una patología psiquiátrica de persistir la situación. Una visión compartida por la Asociación de Psiquiatría Americana (el DSM IV por sus siglas en inglés), organización nada sospechosa de connivencia.

Resulta curioso que para justificar el acceso equitativo y gratuito de una prestación cuya universalidad ha sido siempre defendida por ACAI, se desprestigie la labor de los centros especializados, considerando nuestros protocolos como pautas de actuación «contra natura», que además desinforman y cosifican a las mujeres.
A los portavoces del progresismo mal entendido, les diría que la práctica del aborto provocado no es ni compleja ni secreta. Nuestros protocolos, elaborados por los pocos profesionales que se han comprometido con este derecho de la mujer, se fundamentan en las publicaciones médicas al respecto y en criterios de cirugía mayor ambulatoria. Pautas que se refieren también al acompañamiento y a la información, imprescindibles como métodos de trabajo con la mujer. Ninguna mujer que confía en una clínica de ACAI accede a una intervención sin ser informada de su situación, de la técnica aplicable en su caso y de los riesgos y cuidados posteriores. Antes y después del aborto son acompañadas en todo lo que necesiten, procurándose que a los quince días la mujer elija el método anticonceptivo acorde con su situación, con el fin de evitar nuevos embarazos no deseados. Ya que, en contra de lo que se afirma, nadie en ACAI considera el aborto como un método más de planificación familiar.

Este protocolo, en el que algunos han querido ver prácticas ilícitas, ha permitido que la mortalidad por complicaciones derivadas de las técnicas de aborto provocado en nuestro país haya sido casi nula y que nuestro nivel de complicaciones sea uno de los más bajos de los países desarrollados.
Acusar a más de 1.000 profesionales comprometidos con la necesidad social, personal y vital de miles de mujeres de nuestro país de mala praxis es acusar a un colectivo que no solo realiza abortos provocados, sino que atiende las necesidades ginecológicas y obstétricas de miles de mujeres, pese a los márgenes estrechos de una ley que ha procurado la objeción de conciencia y la inhibición del sistema público. Caer en esta tentación, que podría llegar a ser electoralmente ventajosa, es procurar una connivencia con aquellos que están en contra de este derecho de la mujer. No dejemos que las tentaciones políticas se conviertan en injusticias históricas ni para las mujeres ni para los profesionales en quienes confían.

* Presidente de ACAI. Tocoginecólogo.

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