Confirman la pena de muerte al asesino de un político paquistaní que lo mató por blasfemo

El Tribunal Supremo de Pakistán rechazó hoy el recurso contra la pena de muerte a que fue condenado Mumtaz Qadri, sentenciado por el asesinato de un gobernador provincial defensor de la derogación de las estrictas leyes antiblasfemia, informó a Efe una fuente policial.

«El Supremo ha rechazado la súplica de Mumtaz Qadri contra la decisión del Alto Tribunal de Islamabad, que justificó la pena de muerte», dijo un asistente del órgano judicial del país asiático, Muhammad Usman.

De este modo, «un tribunal de tres miembros del Supremo ha mantenido la sentencia a muerte acordada por un tribunal antiterrorista», explicó esta fuente del Supremo.

El Alto Tribunal de la capital paquistaní había denegado en marzo la petición de Qadri contra la pena capital, pero admitió que no cometió un acto de terrorismo, en contra de lo que acordó el tribunal antiterrorista.

El Supremo ha confirmado ahora que el asesinato del gobernador sí fue un acto terrorista y mantiene la sentencia, aunque el condenado puede pedir clemencia al presidente del país, Mamnoon Hussain.

Qadri fue condenado por matar a balazos en Islamabad en 2011 al gobernador de la provincia oriental de Punyab, Salman Tasir, del que era uno de sus guardaespaldas como miembro de las fuerzas de elite punyabíes, tras confesar que lo hizo por considerarlo un blasfemo.

El gobernador era uno de los más firmes defensores de Asia Bibi, cristiana condenada a muerte por blasfemia en un caso que adquirió mucha notoriedad incluso fuera de Pakistán, una república islámica.

Pakistán levantó la moratoria que pesaba sobre la pena de muerte para casos de terrorismo tras el ataque talibán a una escuela en Peshawar (noroeste), que causó la muerte de 125 menores y doce empleados en diciembre.

El veto se levantó para el resto de delitos definitivamente en marzo, lo que puso fin a una moratoria de facto sobre la pena capital establecida en 2008.

Desde entonces, han sido ahorcadas 246 personas, según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.

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