Condenadas a muerte a los nueve años por atentar contra la ley de dios

Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Yemen son algunos de los países en los que se condena a muerte a menores de edad En la mayoría de estos países, las interpretaciones extremistas de la sharia islámica derivan en un clima de insegurid

En Irán, una niña de 8 años y 9 meses de edad (nueve años lunares) puede ser condenada a muerte. Un niño puede recibir la misma sentencia al cumplir los 14 años y 7 meses. ¿Su crimen? Atentar contra la ley de dios. Desde 2009, al menos cinco menores han sido ejecutados en ese país y se calcula que hasta un centenar permanece en el corredor de la muerte. Es la denuncia que ha hecho pública esta tarde Leila Alikarami, abogada y activista iraní, en el marco del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra estos días en Madrid.

El de Irán es un caso flagrante de violación de los derechos humanos, según afirma George Abu Al-Zulof, jurista y trabajador de UNICEF en Yemen. La aplicación de la pena capital en menores está prohibida por la legislación internacional, también en tiempos de guerra. Sin embargo, hasta una docena de Estados contemplan en su ordenamiento jurídico la pena de muerte aplicable a menores de 18 años. Todos ellos están en lo que los expertos denominan región MONA (Oriente Medio y norte de África). En los últimos años, varios han seguido ejecutando menores. Es el caso, entre otros, de Arabia Saudí, Yemen, Pakistán e Irán.

Alikarami y Al-Zulof han compartido mesa en la tarde de este jueves con Adel Debwan Said Sharabi, coordinador para la protección de la infancia en Yemen por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de aquel país. "La pena de muerte no está regulada en Yemen, porque la legislación remite a la sharía islámica. Y la sharía establece la pena de muerte para determinados delitos y también cómo ejecutarla: se corta el cuello del delincuente o se le fusila, sin que haya tortura", explica. En Yemen existen hasta 335 supuestos en los que se aplica la pena de muerte, y aunque la ley establece que las penas capitales a menores han de ser conmutadas por 10 años de prisión, es algo que no se cumple: dos menores han sido ejecutados en el último año.

Los motivos para este incumplimiento son diversos: "Corrupción y falsificación de documentos, problemas en los cálculos de los médicos forenses, un poder judicial que no es independiente, falta de respeto al Estado de derecho y ausencia un registro de nacimientos fiable", enumera Al-Zulof. Menos de uno de cada cuatro nacimientos se registran y la ley establece que un experto debe determinar la edad del preso ante el juez en caso de duda. Pero además de los dos menores ejecutados, hay otros cuatro en el corredor de la muerte en riesgo de ejecución inminente y hasta 31 condenados más en torno a cuya edad existen dudas más que razonables.

Alimentar la venganza

Irán es otro de los países en los que se ejecutan menores. Además de la corta edad de alguno de los condenados, Alikarami ha destacado el paso atrás vivido en los últimos años: "Tras las revolución de 1979 en Irán, se promulgó una nueva Constitución que obliga a que todas las leyes respeten la sharia islámica". Entonces se puso fin a tribunal de menores, por lo que ahora se les aplica la misma legislación que al resto de la población. "En 2013 el Gobierno anunció que eliminaba la ejecución de menores, pero no es cierto", advierte Alikarami. Según explica, lo más frecuente es que el Gobierno retenga a los presos hasta que cumplen los 18 años y después los ejecute.

Sobre el terreno, la inseguridad jurídica y la venganza son moneda de cambio común. "El juez tiene un amplísimo margen de discrecionalidad para aplicar la pena de muerte, no hay reglas para la amnistía o el perdón de la pena, y la única vía para lograr la salvación es conseguir que la familia de la víctima del delito perdone al culpable", explica Alikarami. Así, son frecuentes las compensaciones económicas a modo de acuerdo extrajudicial, si bien considera que la principal consecuencia de este poder conferido a quien recibe el delito es clara: "Se alimenta la venganza", añade.

El de Yemen e Irán son sólo dos de los casos en los que la vida de un menor puede depender de una decisión judicial, pero no son los únicos. Haitham Shibli, miembro de Penal Reform International, y Al-Zulof también se han referido a Sudán y Arabia Saudí. En el primero de los países se recurre a la lapidación o la horca, y hoy por hoy, a falta de datos oficiales, hay al menos tres niños soldado en el corredor de la muerte.

En Arabia Saudí son los jueces quienes tienen todo el poder para decidir: no hay ningún texto legal que constituya siquiera una base. El adulterio, la corrupción, la apostasía, el tráfico de drogas o la rebelión política son allí delitos susceptibles de llevar al infractor a la muerte. "En todos estos países, se niega con frecuencia el derecho a un juicio justo y se interpreta de forma errónea la sharia islámica", advierte Al-Zulof.

Hasta el próximo sábado, el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte reunirá en Madrid a más de 1.500 participantes, entre políticos, activistas y representantes de la sociedad civil. El objetivo es impulsar la unión del movimiento abolicionista y tender puentes para el diálogo con los gobiernos de los Estados en los que aún se aplica la pena capital, un castigo que todavía se aplica en casi 60 países.

Abolición pena de muerte

Shibli, Al-Zulof, Alikarami y Sharabi, este jueves el en 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. IBON URIA

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