Concentración de la Campaña #NiValleNiAlmudena
18 de Julio, 20 horas. Puerta del Sol de Madrid
MANIFIESTO
La Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones (*) y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc… ha convocado un acto público -coincidiendo con el 83 aniversario del golpe militar contra el régimen democrático y legal de la 2ª República- el próximo 18 de Julio desde las 20:00 horas, en la Puerta del Sol de Madrid. En dicho acto vamos a exigir la condena unánime de las instituciones al golpe militar y a la dictadura franquista, así como la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación.
Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador es un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos internacionales, que han solicitado a España dicha exhumación.
Como ya defendimos a las puertas del Tribunal Supremo el pasado 4 de junio, creemos que el alto Tribunal hubiera debido rechazar en su auto la medida cautelar solicitada por la familia Franco, de suspensión de la exhumación y traslado programados por el Gobierno, puesto que el objetivo de los diversos recursos presentados por la familia del dictador y por la Fundación que lleva su nombre, es dilatar el proceso. Esto debería haber sido, por sí mismo, causa de inadmisión de la petición.
Pero el Tribunal Supremo ha ido más lejos argumentando que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que supone un cinismo insultante. Resulta un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador, frente al desentendimiento del Estado de tantas víctimas del franquismo que todavía esperan justicia y reparación.
La adopción de medidas cautelares en un proceso judicial no supone ni puede suponer, en ningún caso, prejuzgar el fondo del asunto, como ha pasado en este auto. En conclusión, nos encontramos ante una decisión política, adoptada no según criterios jurídicos, sino en función de la ideología de los magistrados integrantes del tribunal.
También ha generado polémica la frase del auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita calificarlo como dictador, es decir, cabeza de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Resulta inaceptable la equiparación que el Tribunal viene a hacer entre dictadura y democracia, al dar continuidad y validez –hasta el punto de servir de soporte argumental a la decisión final– a los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen democrático republicano.
El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura. Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española.
Las pretensiones de la familia del traslado de los restos a la Almudena, son asimismo inaceptables. El enterramiento de Franco en un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. Si finalmente se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.
Antes de su retirada, el Nuncio del Vaticano en Madrid se ha manifestado públicamente contra la exhumación de Franco, y ha proclamado como prioritarios los derechos y la voluntad de la familia. Sus afirmaciones constituyen una injerencia inaceptable en la soberanía popular representada en las Cortes, y muestran que la Iglesia oficial jamás ha dejado de posicionarse del lado de la impunidad del franquismo. La única declaración que las víctimas del franquismo y la sociedad española esperan de la Iglesia es una petición pública de perdón, por su participación activa en la represión desatada por los golpistas y su colaboración con la dictadura. El papel de la Iglesia, unido a la labor obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso, demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus legal del Valle.
Las organizaciones que respaldamos la Campaña #NiValleNiAlmudena estamos comprometidas a continuar las acciones de concienciación y las movilizaciones, hasta conseguir la salida de los restos de Franco de la Basílica de Cuelgamuros y su inhumación definitiva en un lugar donde no pueda ser objeto de homenajes y actos de exaltación de su figura, ni de la dictadura que encabezó.
En caso de que el TS paralice la exhumación, estimando el recurso de la familia contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso en 2018, asumimos el compromiso de seguir trabajando para que el nuevo Gobierno y el Parlamento adopten inmediatamente las medias políticas y legales que permitan retomar el proceso de salida definitiva e irreversible de Franco de Cuelgamuros, con todas las garantías jurídicas.
(*) Europa Laica forma parte de la Campaña #NiValleNiAlmudena
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Durante el acto también se leerá este texto (en español) redactado y aprobado por “Caminar”, coordinadora nacional francesa de 18 asociaciones:
Reunido en Toulouse el 29 de junio de 2019, el Consejo de administración de la coordinadora nacional francesa Caminar (*) ha adoptado por unanimidad el siguiente texto, tras la última decisión del Tribunal Supremo español relativa a la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos
La exhumación del dictador Franco es una exigencia democrática y de moral elemental. Una democracia apaciguada no puede ofrecer al mayor criminal de su historia un lugar monumental tan relevante construido con la sangre de sus víctimas.
España no puede seguir permitiendo la glorificación del crimen. Se trata de una anomalía en Europa que niega los valores que rigen los derechos de los pueblos y garantizan la serenidad de nuestras sociedades.
La sepultura actual de Franco es una afrenta a la memoria de sus víctimas y una llaga abierta para sus descendientes, más allá de los decenios y de las fronteras.
El decreto ley del 24 de agosto de 2018 ha declarado la exhumación de interés general y con carácter urgente. Es una evidencia. Nuestra coordinadora reafirma su voluntad de que se proceda cuanto antes al traslado de los restos del déspota.
En su decisión cautelar del 4 de junio de 2019, el Tribunal supremo ha calificado al dictador de « Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 ». Franco no sacó su autoridad de unas elecciones democráticas sino de la fuerza bruta que él y sus cómplices desataron contra el gobierno legítimo de la República. El 1 de octubre de 1936 y hasta su dimisión, el presidente Manuel Azaña seguía siendo el Jefe del Estado, gozando por ello de la legitimidad de escrutinios populares dentro del respeto a la constitución vigente.
La coordinadora nacional francesa Caminar reafirma su solidaridad con la campaña « Ni Valle Ni Almudena ».
(*)La coordinadora nacional Caminar reúne a 18 asociaciones francesas de descendientes y amigos de los exiliados de la España Republicana.
