Pilar Cortés, de 55 años de edad; su hija Pilar, de 29; y su nieta María, de 12, se verán en la calle, sin un techo bajo el que cobijarse, el próximo día 29 de mayo por obra y gracia del arzobispado de Pamplona, que ha interpuesto una demanda de desahucio de la casa parroquial de Yesa, un pueblo a poco menos de 50 kilómetros de la capital navarra, en la frontera con Aragón.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha involucrado para ayudar a esta familia dejada de la mano de Dios y se han concentrado esta tarde frente al palacio arzobispal para pedirles a los jerarcas de la Iglesia “que reflexionen, que no echen a la calle a una familia necesitada”. Lo explica Jesús Hernández: “Yo se lo dije al arzobispo a la cara, y se lo volveré a decir: A ti lo que te jode es que Jesucristo estaría de nuestro lado, con la pancarta, con la gente que más lo necesita y que más está sufriendo. Yo soy cristiano y católico, creo en Jesucristo, pero la Iglesia es un soporte terrenal que tiene todas las miserias de lo humano”, lamenta.
La cara de Pilar refleja el sufrimiento de no saber qué pasará con su familia: “El cura nos ofreció la Luna y el Sol, y ahora que yo no le servimos para nada, nos echa”, se queja, amarga. “Te quitan las creencias. Hasta que pasó esto, yo iba a misa todos los domingos y fiestas de guardar”, afirma segura. “¡Que estudié en las monjas!”, reivindica.
Frente a la entrada principal, tras dos pancartas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro -que denuncia las inmatriculaciones de bienes-, comienzan a escucharse las primeras protestas: “¡Las pilares se quedan, y su nieta también!”, “¡si esto no se apaña, caña, caña, caña!”, “¡arzobispado, cumple lo pactado!”, o más directamente: “¡Arzobispado, la has cagado!”. Gritos que se juntan con el más escuchado en Pamplona desde la sentencia de la manada: “¡Esta justicia es una mierda!”.
“Quieren que coja mis cosas y me vaya debajo de un puente, así de claro. Han perdido la confianza en mí. Yo estoy en el paro, y cobro 250 euros. Mi hija también está en paro. Con ese dinero nadie me alquila nada. En el pueblo donde yo vivo no hay vivienda social”, clama Pilar, que se queja de que “ni el arzobispo ni el cura del pueblo han dado la cara, no nos dicen los motivos”.
Jesús insiste en su defensa de la religión: “Esto no es la Iglesia, es la jerarquía eclesial. Hay gente muy comprometida y muy creyente, que también nos ayuda. Yo le he escrito al papa por Twitter, a ver si me contesta…”, apunta. “Para nosotros el arzobispado es otro gran tenedor de viviendas, como los bancos, y debe negociar. Lo que está claro es que Pilar, su hija y su nieta no se van a quedar en la calle. Lo que nos parece peor es que hayan intentado arruinar su reputación y enfrentarles con la gente del pueblo”, apunta.
Andrés Valentín, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, afirma que cualquier desahucio “es gravísimo, pero en este caso todavía más porque la Iglesia expropió la casa del cura. Hacen lo que quieren por dinero: desahuciar, vender iglesias, ermitas, campanas… no tienen límite”, denuncia. Su frase enardece al centenar de congregados, que suben el tono de sus críticas: “¡Esta justicia es una mierda, este arzobispo es un ladrón!”.
Tras media hora de cánticos, se disuelven, no sin antes advertir de que volverán a concentrarse en el mismo lugar los próximos días 16 y 23. “Nosotros predicamos solidaridad, no caridad; aquí estaremos”, sentencia Jesús.
Una familia necesitada
Pilar y su familia se mudaron a Yesa en febrero de 2014, cuando el párroco de la localidad navarra les “ofreció” la casa parroquial del pueblo a cambio de cuidar el campo de olivos que la rodea y ayudar en la limpieza y mantenimiento de la iglesia local. “No se firmó nada, fue todo de palabra”, reconoce Pilar, que mira con preocupación el futuro inmediato de su familia: “Trabajamos en lo que podemos: hostelería, fábricas… está la cosa muy mal”.
Fuentes del arzobispado explican que el desahucio se debe a que la vivienda “no tiene cédula de habitabilidad” y las obras de envergadura que deben acometerse para legalizarla exigen que no haya moradores en el interior. “Fue un acuerdo verbal, de buena voluntad, para ayudar a una familia necesitada”, reconocen las mismas fuentes. “Ellas trabajaban en la parroquia y a cambio podían vivir en la casa parroquial”, explican. La ausencia de una cédula de habitabilidad, sin embargo, hace que “cualquier problema” que pudiera ocurrir sea responsabilidad legal de la Iglesia. “No se puede legalizar la situación”, zanjan.
Sin embargo, ambas partes dejaron pasar el tiempo hasta junio del año pasado, cuando por fin advirtieron a la familia de que debía desalojar la vivienda. “Queremos reformar la casa, lograr la cédula de habitabilidad y después formalizar un contrato de alquiler”, explican fuentes de la archidiócesis, que subrayan que no hay “ningún interés económico” en la operación.
No obstante, reconocen que se ha “roto el principio de confianza” entre las partes, por lo que la posibilidad de que Pilar y su familia puedan regresar a la vivienda tras las obras parece remota.
“La relación se estropeó cuando supieron que nos ayudaban desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, explica Pilar, que recurrió a su ayuda después de no entenderse con el arquitecto eclesial: “Quería venir a ver la casa en diciembre del año pasado, pero no podíamos atenderle porque estábamos trabajando. ¡Llevaba cuatro años en paro y no iba a dejar de ir al trabajo por eso!”, exclama.
El desencuentro con el arquitecto judicializó el caso y complicó la situación, pero esa “pérdida de confianza” de la Iglesia en sus feligreses fue anterior: “Un buen día, en octubre, cambió la cerraja de la parroquia, y ya no podíamos entrar a limpiar”, indica Pilar, que relaciona el cambio de llaves con la aparición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: “No podía entrar y el párroco no me cogía el teléfono”.
Una “injusticia absolutamente aberrante”, en palabras de Jesús Hernández. “¡Una familia con problemas económicos, con una menor a su cargo, y las quieren echar!”, clama. La PAH buscó la ayuda de la Oficina de Mediación del Gobierno de Navarra, que trata de lograr acuerdos menos gravosos para la parte débil de los desahucios, pero en esta ocasión no lo han logrado, por el momento: “El arzobispado no ha respondido, y es raro, porque los bancos suelen hacerlo”, explica. “Nadie está en contra de que se arregle la casa, ni de que se formalice la relación con un contrato. ¿Pero por qué el desahucio?”, se pregunta.
La parroquia de San Esteban y su casa parroquial pertenecen a la Iglesia desde el 16 de agosto de 2003, cuando las propiedades fueron inmatriculadas, según recoge el listado de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
