El 30 de septiembre de 2005, 72 diputadas y diputados del Grupo Popular presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El recurso del Partido Popular (PP) es una auténtica espada de Damocles por la incertidumbre y la inseguridad que genera para decenas de miles de familias (para madres, padres, hijos e hijas, con sus respectivas familias extensas que incluyen a abuelos y abuelas, tías y tíos…) que cualquier día pueden ser declaradas “inconstitucionales” o “ilegales”. Hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie se mantiene esta duda jurídica, y esto nos produce un gran desasosiego.
Es importante aclarar que la Ley 13/2005 aprobada en el Parlamento es aquella “por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio”. La ley no se denomina, y la terminología en Derecho es fundamental, “Ley del Matrimonio Homosexual o Ley del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo”. Por tanto, esta reforma que modifica nuestro Código Civil lo que hace es incluirnos. No implica una nueva categoría sino que amplía la existente a las diversas orientaciones sexuales y, como dice la propia ley, amplía sus efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo.
Un recurso presentado a la opinión pública bajo la falsedad de que sólo se pretende cambiar el nombre, algo de lo que discrepamos rotundamente, ya que lo que es igual debe llamarse de la misma manera. Y como decía, bajo una falsedad, y por poner un ejemplo, el cuarto argumento del PP para defender la inconstitucionalidad de la ley pretende despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente. Algo que conviene recordar: el PP también recurrió al TC de la legislación navarra de parejas de hecho.
Este recurso es la excusa para seguir negándonos derechos, para que en todo caso, tengamos una ley diferente, con distinto nombre y distintos derechos. Si esto ocurriese no sería la primera vez que sucede en la historia, ya ha habido otras ocasiones que se han legislado leyes distintas para las realidades discriminadas y estas leyes se denominan leyes apartheid.
Nuestra lucha por la igualdad formal y material no es distinta a la que llevaron adelante, en su momento, realidades como las de las mujeres o las de personas de razas tradicionalmente discriminadas durante siglos. También a ellas se les negaban casi todos los derechos, incluido el derecho al matrimonio en igualdad, se les consideraba incapaces. Recientemente Pedro Sanz, el presidente de La Rioja, cuestionaba la idoneidad de las parejas del mismo sexo para criar a sus hijos. ¿Se puede hacer una afirmación más hiriente y sin fundamento alguno?, ¿más discriminatoria hacia un colectivo? Diciéndolo claro: ¿se puede ser más homófobo?
Estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional se pronunciará a favor de la constitucionalidad de la Ley. De hecho todos los organismos constitucionales que se han pronunciado hasta ahora en todo el mundo así lo han hecho. Pero pese a la tendencia que marcan estas instituciones, imaginemos que el TC se pronunciara estimando el recurso del Partido Popular. Este hipotético panorama sería realmente surrealista, ya que aquellas y aquellos que se hayan casado no verán alterada su situación ni tampoco sus hijos si los hubiera. Por tanto se mantendrían las separaciones, nulidades o divorcios, así como las consecuencias jurídicas de los mismos. En el caso de las nuevas parejas que quieran casarse no podrán ejercer este derecho; es decir, tendríamos parejas del mismo sexo casadas en plenitud de derechos y parejas que tendrán que acceder a una institución pseudomatrimonial, sin saber muy bien cuáles son los derechos y obligaciones, ni sus efectos.
No sólo debemos hablar de derechos, la consecución del matrimonio igualitario, al igual que otras leyes como la Ley de Identidad de Género para las personas transexuales, nos han dado mucha autoestima, nos han dado dignidad, una dignidad que como ciudadanas y ciudadanos estamos impulsando para evitar retroceder ni un ápice en los derechos conquistados. Para ello, distintas entidades de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) iniciamos, hace ya más de un año, una dinámica de coordinación para defender los avances legales y sociales de los últimos años. No estamos solos, a falta de una mayoría parlamentaria o de una sentencia favorable a nuestros derechos hemos de trabajar para mantener y ampliar la mayoría social que apoya estas conquistas. Ese es nuestro reto. Poner en evidencia que una regresión en los derechos del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB) implica un alto coste social y político.
Contamos con una gran herramienta que es la visibilidad, es la herramienta más poderosa que podemos utilizar. Nos van a ver, van a ver que somos muchas y muchos, que estamos en todos los ámbitos de la sociedad, que votamos, que pagamos impuestos, que somos sociedad civil activa. Hemos hecho de la manifestación del Orgullo una herramienta de nuestra acción política. Esta manifestación es una demostración de la fuerza que tenemos y del importante apoyo que nos da la mayor parte de la sociedad española. Este año la manifestación del Orgullo va a ser la más multitudinaria, la más política, y la más reivindicativa. Porque lo que está en juego es el derecho de nuestros hijos e hijas a tener la protección de sus dos madres o de sus dos padres, el derecho de los adolescentes LGTB a sentirse iguales en derechos. Y fundamentalmente está en juego nuestra igualdad, porque la igualdad o es completa o no lo es.
Existíamos, existimos y existiremos. Con recurso o sin recurso. Con sentencia del Constitucional positiva o negativa. Existimos, formamos nuestras familias que deben tener cabida en la Constitución de una sociedad democrática y avanzada como la española, y si el Tribunal Constitucional estimara que en ésta no lo tienen, habrá que cambiarla.
Antonio Poveda. Presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
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