Con la cruz (del IRPF) a cuestas

Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante) ante el reiterado intento por mantener la atención mediática de l@s ciudadan@s (en abril será la campaña “Por tantos” y en junio la Memoria de actividades), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF de 2017 (declarado en 2018), para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero (véase la web de Europa Laica y la página Laicismo.org).

1.- Sigue causando estupor y vergüenza que no se hagan públicas previamente por la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica, porque es a la Administración Pública a la que correspondería ofrecer dicha información, ya que es la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 267,83 M € . ¿Por qué esta información no es de conocimiento público con anterioridad? ¿A qué obedece este privilegio?

2.- Es indudable que la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no podría ser de otra forma. Si como dice la propaganda episcopal, el contribuyente que marca la “X” ni tiene que pagar más ni se le devuelve menos ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos del Estado, es decir del bolsillo de todos los ciudadanos? Los impuestos “no pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario. Cuestión distinta es que el Estado no lo consigne en su presupuesto por una argucia de “ingeniería presupuestaria”. ¿Por qué se oculta dicha subvención en los Presupuestos Generales del Estado?

En segundo lugar,  no ignoran los jerarcas católicos que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos (1979), compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a 116 obispos y cardenales, 18.164 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

3.- Una año más, la interpretación que de las cifras  realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático y de los recursos económicos que obtiene del Estado: el porcentaje de declaraciones a favor de la Ic,  el  33,3%, sigue descendiendo, suponiendo 2,4 puntos porcentuales menos que en 2010. Esto significa que ha alcanzado el menor porcentaje desde que existe el nuevo sistema de financiación.

Por el contrario, usando el mismo argot plebiscitario de la jerarquía católica, el 66,7% de las declaraciones están en contra de la Ic (dos décimas porcentuales más que el año anterior), pues no señalan la citada casilla. Éste es el mayor porcentaje de las dos últimas décadas.

4.- De la declaración del IRPF realizada en 2018, correspondiente a la renta de 2017, los datos más relevantes que se ofrecen son, el número total de declaraciones con “X” a favor de la Ic (7.164.502 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (267.834.192 euros. Esto supone que ha habido 51.658 declaraciones más que el año anterior a favor de la Ic; no obstante la CEE oculta que el incremento total de declaraciones superó las 280.000, lo que significa que la Ic se ha hecho tan sólo con el 18% de dicho incremento. En definitiva, entre 2010 y 2017 ha disminuido el número de declaraciones “a favor de la Ic” en casi 300.000.

5.- Cabe resaltar que con este insignificante incremento en el número de declaraciones la Ic va a obtener un 4,5% más dinero, lo que confirma un mayor peso de l@s declarantes con rentas superiores a 30.000 euros, aunque la CEE oculta este dato en su presentación.

También señala la jerarquía episcopal que recibirá 11,6 M€ M € más que el año anterior, es decir un 4,5% de incremento, pero obvia que el IRPF en España lleva encadenando máxima recaudación en los últimos años, y que el año al que nos estamos refiriendo la recaudación en España por IRPF se incrementó un 6,5% respecto al año anterior.

6.- Año tras año hemos denunciado que, en contra de la propaganda episcopal, el dinero recibido por esta vía (IRPF), no se dedica a actividades caritativas, evangelizadoras ni sociales. Quizás por ello se suprimió el año pasado en la nota oficial de prensa la alusión a “la actividad evangelizadora, social y caritativa“. Para la nota oficial de este año se ha acuñado la nueva fórmula de la labor religiosa, espiritual y social.

En realidad el 86% de  la cantidad enviada por el Estado se dirige a las diócesis y, a su vez, el 80% de esta cantidad (en torno a 175 M €) se emplea en pagar los sueldos y salarios del sacerdotes obispos, cardenales y arzobispos así como sus seguros sociales. Otras rúbricas importantes financiadas  con esta subvención estatal de 267,8 M € son, el funcionamiento de la conferencia Episcopal o  las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca, o los 4,5 M € de las campañas de propaganda, o TV13. Pero no busque estos datos en la información ahora aportada por los obispos.

Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las últimas Memorias de Actividad  publicadas.

7.-  Pero ésta no es la única financiación anual que recibe la Ic del Estado: exenciones y bonificaciones fiscales, (IBI, ICIO, etc), las “X” de Fines Sociales (el próximo año también a través del Impuesto sobre Sociedades, los conciertos educativos con 2450 centros católicos, conciertos sanitarios con 68 hospitales, 52 dispensarios u 841 casas de ancianos o discapacitados, catequistas que imparten religión en las escuelas públicas, mantenimiento del patrimonio religioso, y así hasta succionar más de 11.600M €, es decir, más del 1% del PIB español.

8.- Tras años denunciando Europa Laica la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones y subvenciones recibidas por la Iglesia, el Tribunal de Cuentas (que ha denunciado en varias ocasiones el descontrol de Hacienda, a propósito de los privilegios fiscales de la Iglesia) incluyó por primera vez en su programa para 2018 la fiscalización de las confesiones religiosas, a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017. La proverbial pasividad del Tribunal de Cuentas en esta materia lleva camino de alumbrar un nuevo incumplimiento que debemos seguir vigilando y denunciando.

Está por ver el alcance de dicha fiscalización, pero es de esperar que alcance a todas aquellas entidades eclesiales que  gestionen fondos públicos, tanto por vía directa (subvenciones) como indirecta (exenciones). La alarma social que ha generado esta situación llevó a algún miembro de dicho Tribunal a advertir de que, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación”.

Enrique Ruiz del Rosal Miembro de la J D de Europa Laica

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