Decía mi padre, en uno de tantos de sus sabios consejos, que de política y de religión era mejor no discutir con nadie, porque nunca se llegaba a nada y cada quien tiene sus propias visiones y sus propias creencias. “No te metas en problemas” me decía, “nunca lograrás ponerte de acuerdo con nadie en esos temas” y creo que tenía razón en cuanto a la dificultad de lograr acuerdos, sin embargo me arriesgaré a desoír sus consejos –como tantas otras veces– y abordaré ambos temas hoy: política y religión, además entrelazados para aumentar el grado de dificultad.
Empezaremos pues por definir, de una manera muy sucinta y breve, qué es política y que es religión, sin mayores pretensiones que las de clarificar lo mejor posible lo que cada una significa para las personas.
La política es el espacio social –cualquiera que este sea–, en donde se debate, propone y decide sobre el bienestar de la comunidad, de las personas, de sus derechos y obligaciones, y sobre la forma o formas de mejorar su entorno y su calidad de vida. Por lo tanto, es el espacio ad hoc para que el gobierno, o los distintos niveles de gobierno, incidan positivamente en la comunidad –o traten de hacerlo– mediante la implementación de políticas públicas, la aplicación de la Ley, el desarrollo social y económico, así como en la construcción de estructuras sociales, políticas, económicas y de gobierno que faciliten estos fines.
En cambio, la religión se ocupa de la parte espiritual de las personas. De ese íntimo y personalísimo espacio propio de cada ser humano que tiene que ver con temas y cosas menos materiales, menos mundanas, menos vanas. Toda fe o culto religioso, independientemente de su Dios o Ser Supremo o de su doctrina teológica, se enfoca a enaltecer valores superiores que den paz al alma, a la mente y a las aspiraciones metafísicas de las personas, esas que no encuentran explicación o satisfacción en lo terrenal.
Así, de entrada nada más, es evidente la dicotomía existente entre política y religión, como campos o disciplinas complementarias al ser humano pero que corren por vías separadas. Complementarias, sí. Simultaneas, no. Aunque esta aparente incompatibilidad de ocupar un mismo espacio es tema de discusión por separado, vale la pena consignarlo en este momento.
¿Por qué en nuestro país existe eso que se denomina “Estado laico”? Bueno, porque hubo un tiempo en que la Iglesia Católica y sus clérigos, entonces dominantes, ejercían un poder equiparable al de cualquier líder político, llegando incluso a casos de verdadero abuso y ejercicio indiscriminado del poder por parte de la alta jerarquía católica.
¿Qué es el estado laico? En términos muy sencillos es un Estado en el que existe absoluta independencia y autonomía entre el Estado y la Iglesia (entendida esta última como la suma de todos los cultos religiosos que se practiquen), lo que implica que la acción del Estado es neutral en materia religiosa, no obstante el pleno reconocimiento al derecho de profesar y ejercer cualquier tipo de culto religioso. Y por otro lado, en contraparte, en un Estado laico las creencias o prácticas religiosas de cualquier índole no influyen sobre la política nacional.
Aunque cada vez en menor medida en el mundo, y principalmente en América Latina, existen los Estados Confesionales, que son aquellos en los que a través de su Constitución Política se reconoce como oficial determinada religión o credo religioso, también denominadas como teocracias. Algunos ejemplos de estos Estados Confesionales en Europa son los Estados Cristianos de Inglaterra, Dinamarca o Mónaco, o las teocracias del Vaticano, de Irán o Arabia Saudí en África. En América sólo se conocen los casos de Costa Rica, Haití y República Dominicana.
De todos son conocidos los enormes conflictos, incluso bélicos, que han ocasionado las relaciones entre Estados islámicos (confesionales) como Afganistán o Pakistán, y teocracias como las de Irán o Irak que han convertido sus diferencias en “guerras santas” con saldos mortales y sangrientos.
Antes del siglo XX en el mundo, al igual que en nuestro país, muchos Estados eran confesionales, ya que reconocían en su estructura de gobierno el poder e injerencia de la Iglesia, a tal punto que sus ministros o pastores llegaban a ocupar cargos políticos de gobierno o administración. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, esta tendencia cambió notablemente en todo el mundo al punto que, hoy, en el mapa mundial es evidente la abrumadora mayoría de Naciones con Estados seglares o laicos.
Aunque en México existen diferentes visiones sobre las Leyes de Reforma, la Guerra Cristera y todo lo que derivó en la separación del Estado mexicano de la Iglesia Católica, resulta evidente que, ante la coyuntura de las revoluciones del momento, las visiones políticas encontradas entre liberales y conservadores, así como el enorme poder del alto Clero Católico, era inconcebible e imposible que ambas pudieran cohabitar pacíficamente en la sociedad mexicana, más allá de causas o justificaciones de uno u otro lado.
Es cierto que el México de hoy en nada, o muy poco, se parece al de entonces que las coyunturas actuales, tanto en lo político como en lo social, son totalmente distintas, y también lo es que quizá valga la pena plantear una discusión moderna y actualizada sobre las relaciones Estado-Iglesia, pero ese es un tema que nada tiene que ver con la aplicación de la Ley como hoy está vigente. O que corre por vías separadas.
En este contexto, ¿puede un ministro de culto ser, al mismo tiempo, servidor o funcionario público en nuestro país? Si puede o no es tema de profunda discusión y debate, pero hoy, hoy el tema es que la Ley lo prohíbe. Hoy, este dilema se actualiza por un caso específico en Juárez.
El caso del regidor-pastor José Luis Aguilar en el Ayuntamiento de Juárez, postulado por el PAN aunque no es militante de este partido, ha tomado visos de verdadero escándalo luego de ser descubierto desempeñándose como pastor de una iglesia, además de estar registrado como tal ante la Segob. Con este antecedente y en lugar de pronunciarse por la legalidad y el estado de derecho como correspondería en congruencia, y en todo caso promover una investigación a fondo, el actual dirigente panista en el estado Mario Vázquez Robles, quien además busca reelegirse en el cargo, brinda un apoyo institucional “a priori” a quién ha quedado demostrado –a través de publicaciones periodísticas realizadas por El Diario y diversos medios– que se desempeña como ministro y pastor de un culto religioso, y eso la Ley lo prohíbe.
Además del material periodístico y documental que se ha logrado recabar, a este medio han llegado como reacción a las publicaciones realizadas, diversos materiales tales como vínculos a videos de Youtube, llamadas telefónicas y diversos testimonios en el mismo sentido: el regidor es pastor de su iglesia y, como tal, oficia los servicios religiosos de la misma, como lo documentó mi compañera Gabriela Minjárez en su nota del pasado viernes 31 y en la que publica el respaldo que recibe José Luis Aguilar del partido que lo postuló y del que no es militante.
Dice Mario Vázquez, dirigente estatal del PAN, que “le cree” al regidor, y que por eso lo apoya; sin embargo, el asunto no se trata de actos de fe o de credibilidad sino de hechos relacionados con la legalidad. Como sí solo se tratara de creerle, y como si la “creencia” del dirigente fuera ley. Hay vídeos, fotos, documentos, testimonios de personas, que aseguran lo contrario. Entonces ¿esas personas o medios de comunicación no son dignos de credibilidad?
En temas jurídicos, no se trata de creerle o no a alguien, porque entonces cuál sería el criterio o línea de discernimiento para sí creerles a algunos, y a otros no. Se trata de lo que cada quien pueda demostrar y, por lo menos hasta hoy, lo que se ha podido evidenciar a través de diversos medios de prueba, es que el señor Aguilar ocultó al IEE (Instituto Estatal Electoral) información trascendente acerca de su calidad de pastor o ministro de culto religioso.
Con este apoyo incondicional hacia el regidor José Luis Aguilar, el dirigente estatal Mario Vázquez no sólo pone en entredicho su propio compromiso con la legalidad y el estado de derecho, sino la credibilidad y congruencia de la institución, del PAN, que no puede ni debe avalar conductas que se aparten de las normas legales contenidas en el marco jurídico del país.
No se trata de que el PAN lo juzgue y condene, no, pero tampoco de que lo absuelva así, a bote pronto y sin valoraciones o evaluaciones jurídicas previas, así como si sólo se tratara de un asunto menor, sin mayor trascendencia.
Visto desde ese ángulo, el apoyo de la dirigencia estatal panista suena a complicidad, a protección, a encubrimiento. El asunto es de tal gravedad, que requeriría de una investigación seria, oficial, que determine y deslinde responsabilidades y, mientras tanto, el regidor debería pedir licencia para permitir y facilitar esta investigación. Y el PAN no debería extender a su favor una exoneración tan obsequiosa, inmediata e irreflexiva (y sospechosa), hasta no haber agotado todas las instancias de investigación y comprobación respectivas, que el caso amerita. Aunque también sorprende e inquieta el extraño silencio de la autoridad municipal a ese respecto. “Tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata” y en este caso, ya son varias instituciones que podrían salir muy mal paradas de comprobarse que el regidor Aguilar es ministro de su Iglesia, como todo lo hace suponer hasta hoy.
Que si es o no discutible la conveniencia de revisar, debatir y hasta modificar las Leyes que regulan la relación entre Iglesias y Estado, sí, puede ser. Pero ese es otro tema. Actualmente la Ley vigente establece determinadas condiciones que deben cumplirse y que, al parecer, no se están cumpliendo. Es muy simple, alguien está obligado a hacer algo para que –por lo menos– se investigue a fondo el caso. ¿Lo harán?
El regidor-pastor José Luis Aguilar en el Ayuntamiento de Juárez
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