Comunicado STEs: El MEC debe legislar para fortalecer la escuela pública y no ceder a los chantajes de la derecha.

La ultra-promocionada manifestación llevada a cabo por las organizaciones de la derecha educativa contra la LOE se basa en una serie de falsedades que tienen como único objetivo que el Estado aumente las subvenciones para los centros privados y mantenga las prerrogativas de que goza la iglesia católica en la enseñanza, aunque se pretenda engañar a la opinión pública y desgastar al Gobierno con la peregrina argumentación de que se ataca la “libertad de enseñanza”.

El PSOE ganó las elecciones con un programa electoral cuyos postulados en educación no se han plasmado en el proyecto de la LOE, que han intentado consensuar con la derecha. En dicho programa el Partido Socialista dejaba claro que la escuela pública debía ser el eje vertebrador de todo el sistema educativo y esto no se contempla ahora ni explícita ni implícitamente; también se denunciaba la discriminación en la admisión del alumnado por razón de sexo, cuando esta discriminación aparece ahora claramente en la LOE, todo por conformar a las organizaciones ultracatólicas que quieren escolarizar con separación del alumnado por sexos a costa del erario público.

La derecha del ámbito educativo es insaciable, lo quiere todo, y con este Gobierno, que llegó al poder gracias a una base social muy diferente, a la que ahora se da la espalda, también lo está consiguiendo: quiere recibir más y más dinero público a través de los conciertos educativos incluso para etapas no obligatorias –algo que ya es una realidad- y dinero privado de las familias a través del pago de actividades diversas –también permitido por la ley-; mantener el adoctrinamiento y la religión católica en las escuelas y denunciar, al mismo tiempo, que el Gobierno atenta contra el derecho a la libertad de enseñanza, cuando la elección de centro educativo no es, en ningún caso, un derecho constitucional; sí lo es el derecho a la educación, que ha de realizarse mediante una planificación escolar por parte de los poderes públicos.

Es la sociedad en su conjunto la responsable de que el alumnado reciba una formación integral lejos del adoctrinamiento y la manipulación que conlleva la enseñanza confesional de las religiones; son los poderes públicos los que deben garantizar que la educación sea un factor de cohesión social y compensación de desigualdades, para evitar fracturas que, a medio plazo, pueden ser irreversibles.

Y son este Ministerio y este Gobierno los que no debieran ceder al tremendo chantaje que la voraz derecha educativa quiere hacerles con esta ultra-promocionada manifestación, situándose al lado de su programa electoral y de su base social, respetando los principios básicos para conseguir una escuela pública de calidad, laica e integradora, y legislando en consecuencia.

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