ANTE EL ANUNCIO HECHO EL 19/11/2010 POR EL SR. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, DE QUE EL EJECUTIVO PREPARA UNA “LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS Y MUERTE DIGNA”.
La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) MANIFIESTA:
- Es un hecho que actualmente se muere mal en España por razones complejas (sociales, culturales y profesionales). Casos recientes como el de Inmaculada Echevarría demuestran que los derechos de los pacientes no están suficientemente garantizados por la Ley Básica de Autonomía del Paciente (41/2002). Tampoco la seguridad de los médicos que ejercen con una buena práctica está suficientemente garantizado como demostró el comportamiento del consejero Lamela contra los profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
- Celebramos que la regulación de los derechos implicados en la “muerte digna” entre por fin en la agenda del Gobierno. La muerte digna no es sólo una muerte sin dolor. A nuestro juicio, no se podrá hablar con propiedad de dignidad en la muerte mientras las decisiones durante el proceso de morir sigan en manos de personas distintas del interesado. La dignidad está indisolublemente unida a la autonomía individual, que no será plena hasta que no se reconozca el derecho a decidir cuándo nuestra vida deja de ser un bien deseable.
- Compartimos el objetivo de la universalización de los cuidados paliativos. Dejamos claro que, tal y como demuestra la experiencia de otros países, estos cuidados nunca serán una alternativa a la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en las situaciones que contempla el artículo 143.4 del Código Penal.
- Sólo un gobierno progresista será capaz de hacer realidad los “derechos de salida” de los ciudadanos. Solicitamos al Gobierno que escuche a los ciudadanos y aproveche esta oportunidad para profundizar en el debate sobre la disponibilidad de la propia vida.
- En el respeto a la libertad en el proceso de morir, el Gobierno cuenta con nuestra colaboración y con el apoyo de una mayoría social. El gobierno no debería defraudar a la sociedad con una ley que no aborde todos los problemas que los ciudadanos se encuentran cuando se enfrentan al final de su vida.
