La asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL ) informa que ha tenido conocimiento oficial y documental de la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo (Zaragoza) por parte del ex Arzobispo de Zaragoza – Monseñor Elías Yanes – mediante inscripción registral el día 5/05/1987 haciendo uso de la normativa hipotecaria franquista ahora ya derogada concerniente al artículo 206 de la Ley Hipotecaria y art 304 de su Reglamento.
Hacemos constar que hasta la reforma del Reglamento Hipotecario durante el Gobierno del Presidente Aznar en 1998 , los bienes inmuebles dedicados al culto quedaban expresamente prohibidos para su inmatriculación . Un caso más a sumar en la larga lista de inmatriculaciones en más que posible y evidente FRAUDE DE LEY
El pasado 28 de Abril de 2017 tuvo lugar un tenso pleno municipal en el Consistorio de Zaragoza a raíz de una moción presentada por el Grupo Popular encaminada para hacer desistir al Equipo de Gobierno de la Ciudad a emprender las pertinentes acciones judiciales que ya venían respaldadas y avaladas por una moción plenaria aprobada por mayoría que presentó el Grupo de Chunta Aragonesista el 27 de mayo de 2016.
En dicho pleno asistimos a una lamentable intervención en lo político y miserable en lo personal del portavoz del Grupo Popular Don Sebastián Contín plagada de palabras gruesas , chulescas y arrogantes . En un desliz el Concejal Contín aseveró que daba por hechas y tenía conocimiento de las inmatriculaciones de la Archidiócesis Cesaraugustana de la Iglesia de San Pablo y de la Basílica del Pilar en 1987 . Efectivamente le tenemos que dar la razón al Concejal Contín ; lo que dijo era cierto , no sabemos muy bien si por conexión directa o divina con el Arzobispado de Zaragoza o bien por conexión informática con los servicios telemáticos de los Registradores de la Propiedad de Zaragoza.
MHUEL acudió al Registro de la Propiedad nº2 de Zaragoza el día 5/06/2015 para saber la situación registral de la Iglesia de San Pablo obteniendo un certificado negativo de inmatriculación. La Iglesia de San Pablo es un bien inmueble evidente y de fácil identificación (MHUEL aportó fichas catastrales, descripción gráfica , planos , fotografías , documentación histórica de la DGA, lindes y ubicación). Ahora nos encontramos que el propio Registrador nº2 de Zaragoza que nos negó la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo vía certificado registral, ahora reconoce la certeza de la inmatriculación de la misma cuando el requerimiento ha sido solicitado por una Corporación de Derecho Público como es el Ayuntamiento de Zaragoza; sin embargo el Concejal Contín parece que estaba “divina y telemáticamente muy bien informado “.
Ante estos hechos y situaciones, MHUEL opina que a parte de las inmatriculaciones en si, hay más actores activos o pasivos que en el pasado no muy lejano han podido prestar una inestimable colaboración para favorecer ciertos privilegios haciendo la vista gorda o incluso dejación de funciones. Quede claro que no es una acusación formal pero sí un evidencia bien fundamentada y documentada.
Al mismo tiempo y dadas las circunstancias informativas, MHUEL toma la palabra y compromiso íntegro del Diputado en Cortes de Aragón por el Grupo Socialista Don Darío Villagrasa que en la intervención de MHUEL para hablar sobre inmatriculaciones en la Comisión de Peticiones Ciudadanas en la Cortes de Aragón el día 3 de noviembre de 2016, nos comunicó su defensa a ultranza del carácter público y transparente de los Registros de la Propiedad y que sí teníamos problemas con los mismos , lo pusiéramos en conocimiento del Parlamento aragonés para tomar medidas . Pues bien, ahí está y lo ponemos en su conocimiento. Esperamos de él su compromiso y no su inacción política. Va su palabra en ello.
Llegados a este punto MHUEL opina que todo este proceso inmatriculador por parte de la Iglesia Católica se basa en la oscuridad informativa, la dejación de los poderes públicos, el compadreo político , jurídico y eclesial , la utilización de leyes “ad hoc “ provenientes del franquismo, la falta de pronunciamiento constitucional, el consentimiento tácito para mantener privilegios cuasi feudales, el ansia de crear una contra desamortización involutiva en el siglo XX y XXI para conseguir una patrimonialización que otorgue beneficios comerciales y económicos a costa de expoliar el Patrimonio Común; un cúmulo de intenciones y realidades que durante el periodo de la Transición Española los partidos políticos no han sabido o querido corregir . Creemos que ya es el momento oportuno y decisivo para atajar esta lacra sistémica con un apoyo social fuerte y con las acciones emprendidas por ciertas instituciones públicas y partidos políticos que están demostrando coraje político y determinación para erradicar unos privilegios que menoscaban el avance social y situarnos en coordenadas más próximas a otros Estados Europeos
Finalizamos con una próxima estación; la Catedral de Tarazona (20 años cerrada al público y 22 millones de euros de origen público para su restauración) . Pues bien , por dos veces el Registro de la Propiedad nos ha comunicado mediante certificación que no está inmatriculada por la Diócesis de Tarazona. Suponemos que está inmatriculada por la Iglesia. En su día instamos al Gobierno de Aragón para que la inmatriculase a su nombre para que permaneciera bajo titularidad pública después de las ingentes cantidades de dinero público adjudicadas para su restauración y mantenimiento. Sin noticias del Gobierno de Aragón.
MHUEL ya ha dicho por activa , por pasiva y miles de veces que “JAMÁS” cuestionará el uso o carácter religioso de los bienes dedicados al culto , pero sigue opinando que el Patrimonio Común debe permanecer bajo titularidad o dominio público sin apropiaciones indebidas y menos mediante usucapiones torticeras al amparo de normativas franquistas creadas para mayor gloria del mantenimiento del privilegio otorgado durante el nacional catolicismo.
Respecto a los Registros de la Propiedad y sus contradictorias informaciones, MHUEL ha trasladado a su equipo jurídico la información para que estudie las acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes emprender.
