Acaba de aprobarse la LOE, una ley que no es la que necesita la educación pública, ya que en su aplicación la perjudicará, beneficiando a las patronales de la enseñanza privada y a la jerarquía eclesiástica.
Se ha aprobado una ley que no fortalece la escuela pública, una ley que no mejorará la calidad de la enseñanza, una ley que no contiene mejoras en las condiciones de trabajo en la enseñanza, una ley que ha ignorado al profesorado.
La LOE es una ley en la que por primera vez en la historia de la educación española, el Estado hace dejación de una de sus obligaciones fundamentales cuando afirma que "El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos"; es una ley que se salta la Constitución, que dice en su art. 27.5 que "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación", puesto que la "iniciativa social", la enseñanza privada, no puede garantizar un derecho fundamental como es la educación cuando su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar, o ambos.
Los partidos y sindicatos que se presentaron a las elecciones con un mensaje de defensa de la escuela pública tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía y ante sus votantes por las cesiones al chantaje de las fuerzas más oscurantistas de este país.
En este mal día para la escuela pública, desde la Confederación de STEs-i, que mantuvo desde el primer momento de la tramitación de la ley la exigencia de que ésta respondiera a los verdaderos retos que nuestra sociedad tiene y de que ésta fuera la ley de la escuela pública, queremos decir que continuaremos, junto con otras personas y organizaciones, en nuestra línea de clara defensa de la escuela pública para en los desarrollos estatales y autonómicos de la LOE se aprueben medidas que sirvan para fortalecerla; queremos una escuela pública de calidad y laica como garante de una sociedad más libre y más democrática.
