El caso del despido de Josué González, profesor de educación Física de la Escuela de Magisterio La Inmaculada, un centro dependiente de la Iglesia católica y adscrito a la Universidad de Granada, pone de manifiesto varias situaciones que se contradicen con una sociedad democrática:
1. Existe un centro confesional adscrito a una universidad pública. Si ya es inadmisible que en un estado aconfesional una entidad pública tutele a una institución confesional, alcanza lo escandaloso si se considera que ese centro se dedica a la formación de maestros de educación primaria e infantil. Es decir: la Universidad pública –por tanto, el Estado- acoge a un centro cuyo fin es preparar a profesores proselitistas de una determinada confesión en cuya doctrina, por cierto, se incluyen dogmas y normas –sobre todo, los relativos al sexo, a la familia, a la condición de la mujer y a la homosexualidad- que atentan contra los derechos humanos. En el funcionamiento interno de esta Escuela (selección del profesorado, elección de cargos, transparencia, controles académicos…) se da una transgresión palmaria de principios democráticos, académicos y laborales.
2. Se despide -o contrata- a un trabajador (recordemos, bajo el paraguas de la Universidad) por razones ideológicas y religiosas. En este caso, se le despide por no sembrar entre el alumnado la fe católica con el suficiente ardor. Una acción así contraviene la convención de derechos humanos de 1948, la Constitución, los derechos laborales básicos… y lo más triste… el simple respeto a las personas. Estas acciones parecen fruto de un fundamentalismo radical que aquí parecía superado.
La Universidad de Granada no puede permitir que en un centro adscrito a ella se produzcan despidos o contrataciones por motivos ideológicos. Debe exigir el cumplimiento de las leyes y el respeto de los derechos humanos fundamentales sea cual sea la titularidad del centro adscrito. En definitiva, debe acabar de la manera más inmediata posible con la insostenible relación actual con una Escuela dependiente de la Iglesia católica.
Esperamos una actuación decidida –comprometida con la democracia y con la propia normativa universitaria- de esta Universidad respecto a los requerimientos aquí planteados, y en el momento electoral actual, un pronunciamiento inequívoco de los candidatos a Rector.
