Comunicado ante la condena en Tarragona del médico Marcos Ariel por ayudar a morir a una enferma terminal

Respecto a la condena por la Audiencia Provincial de Tarragona del médico Marcos Ariel Hourmann, a un año de cárcel y otro de inhabilitación profesional, por ayudar a morir a una enferma terminal en proceso de agonía, en marzo de 2005 en el Hospital Mora de Ebro, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente manifiesta lo siguiente:

  1. La disponibilidad de la propia vida es una expresión de la libertad del individuo, reconocida en la Constitución Española como un valor superior (Art. 1), así como la dignidad de la persona (art. 10) y el derecho a la integridad física y moral, sin que en ningún caso el ciudadano sea sometido a tratos inhumanos o degradantes (art. 15).
  2. En los países en los que no existe regulación, la eutanasia y el suicidio asistido son prácticas causantes del 0.4% y 0.2% de los fallecimientos respectivamente. En España cada día mueren libremente, por eutanasia o suicidio asistido, de 5 a 6 ciudadanos, en un contexto legal (Código Penal de 1995) ambiguo, con interpretaciones tan dispares como su propia inconstitucionalidad. Actualmente la ley, lejos de aportar seguridad al ciudadano, supone una carga añadida en la toma de decisiones al final de su vida.
  3. El alivio del sufrimiento es un derecho del paciente y la sedación en la agonía es una obligación deontológica para todos los profesionales sanitarios, incluso aunque se adelante la muerte. En este contexto, calificar un acto profesional como lícito o ilícito según la intención de permitir la muerte o de provocarla es absurdo, creando una inseguridad jurídica que a quien perjudica es al ciudadano gravemente enfermo.
  4. Lo fundamental no es si una inyección provoca la muerte, sino la voluntad de la paciente de morir en paz,  en este caso acreditada por su familia, satisfecha con la asistencia recibida. Por ello, es inadmisible que sea el centro sanitario y el ministerio fiscal los que actúen como acusación particular en una sociedad que reclama la muerte digna como un derecho que ha de ser regulado, contra un profesional que en lugar de protegerse en la clandestinidad ha mantenido una actitud honesta y éticamente irreprochable: respetar a su paciente sin abandonarla cuando ésta más le necesitaba.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA SOBRE LA PRIMERA CONDENA EN ESPAÑA POR EUTANASIA. 

Ante la noticia de que se ha producido la primera condena en España por un delito de eutanasia, la ADHSO, además de expresar su solidaridad, afecto y respeto al médico condenado, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

  1. Resulta llamativa la falta de sintonía entre las autoridades y la población, incluidas las personas afectadas en el caso. Mientras la sociedad reclama su derecho, formalmente reconocido, a gobernar su vida y a tomar libremente cualquier decisión que afecte a su propia existencia, un médico que en todo momento ha actuado de modo compasivo y humanitario ante la demanda de su paciente para que pusiera fin a su sufrimiento, fue denunciado y expulsado por la dirección del hospital dónde trabajaba, acusado por la fiscalía y, finalmente, condenado por un tribunal.
  2. Creemos firmemente que la razón de ser de las leyes y de la administración de la Justicia es corregir las conductas que dañan a terceros. En este caso nos parece muy  difícil de argumentar el daño social o personal producido por la conducta del médico que, según propia declaración, creyó siempre “que lo humano era acortar el sufrimiento y comprometerme con este ser humano”.
  3. Hay que estar muy alejado de la realidad del sufrimiento que, en demasiadas ocasiones acompaña al proceso de morir, para no comprender el impulso humanitario de un médico al que muestran agradecimiento los familiares de la fallecida y solidaridad sus compañeros en el hospital mientras la Justicia le condena por ello. Quienes a diario acompañan el sufrimiento agónico de un ser querido, sabe de qué hablamos.
  4. Desde hoy es más urgente que nunca que el poder legislativo regule la ayuda médica a quien no desea seguir viviendo, despenalizando la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido y terminando con la inseguridad jurídica que supone el artículo 143 del vigente Código Penal. El Gobierno y el Parlamento no pueden seguir mirando a otro lado y negando la demanda social para que se despenalicen estas conductas que la inmensa mayoría de la sociedad declara querer para sí cuando no exista esperanza razonable de curación.
  5. La certeza estadística de que conductas como la hoy castigada se producen a diario en un ejercicio responsable de la medicina, convierte en hipócrita la actitud de mantener una legislación restrictiva amparándose en su no aplicación por los órganos judiciales. Si una ley existe, será aplicada en algún momento, como queda tristemente demostrado.
  6. La honestidad profesional y personal del médico condenado ha quedado sobradamente demostrada por su sinceridad. De no haber consignado en la historia clínica o haber negado los hechos que se le han imputado, nunca habría sido encausado siquiera.
  7. Manifestamos nuestro agradecimiento a los familiares de la fallecida, por haber tenido la valentía y la honestidad de defender y agradecer su comportamiento al médico hoy condenado. El hecho de haber reavivado su duelo en lugar de optar por el silencio, demuestra una calidad humana por encima de lo esperable en quien ha sufrido una pérdida tan sensible.

En Leganés a 4 de noviembre de 2009       La Junta directiva de la ADHSO.

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