Durante siglos, las instituciones del Estado (monárquico) español han unido sus destinos morales y represivos de aspectos muy importantes de las libertades a la corporación religiosa católica y, en gran medida, hasta hoy.
Cuando un gobierno y un parlamento soberanamente elegido (el de la Segunda República española) trató de hacer una separación (real y clara) del Estado de la religión, en la línea que se estaba haciendo, desde hacía décadas, en muchas partes del mundo, el clero, los terratenientes y los militares ungidos, entonces, por la ideología fascista que recorría Europa, con una cierta complicidad de gobiernos de los “Estados nación” occidentales (EEUU, Francia, Gran Bretaña…), acabaron con el sueño de una democracia popular y laica, que habría sacado a este país de las miserias políticas históricas que habían “consagrado”, en materia de religión a la Inquisición, los lamentables genocidios en América latina y la Constitución “liberal” de 1812, que “rezaba” en su art. 12: “La religión de la nación española es, y será perpetuamente, la Católica Apostólica y Romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Todo el s.XIX y las tres primeras décadas del s. XX fue una “tira y afloja” entre conservadores y liberales, el absolutismo monárquico más cruel, el Concordato isabelino de 1851… pero, también, las desamortizaciones… algunos conflictos del Estado español con el Vaticano. La iglesia católica casi siempre “pescando” en ríos revueltos, de una u otra forma.
Lo que vino después de 1936-39 fue el terror, las persecuciones, la “pureza de sangre” para ejercer cualquier función pública, las cunetas, las depuraciones, etc., muchas de estas acciones alentadas por una parte muy importante del clero católico. Sin que, por cierto, hasta hoy el Estado español haya condenado oficialmente tal genocidio y a sus causantes, hecho que es vergonzoso.
La religión católica era impuesta a todos hasta 1978. Todos bautizados. Hasta 1963 (sólo para aparentar una cierta imagen de apertura falsa, de cara a la comunidad internacional) no se tolerarían (y de forma muy restringida) otras religiones… porque la “oficial” era la católica de siempre y el modelo de enseñanza era el nacional-católico. Prebendas y más prebendas se otorgaban al clero oficial, ratificados por el “acuerdo concordatario” de 1953. Por cierto hoy vigente, todavía.
En 1978 se aprueba la nueva Constitución, por aquellos que algunos (ahora) han acuñado como la “casta” de la Transición, aunque muchos de ellos habían luchado duramente contra la dictadura… por cierto sin demasiado éxito, ya que al dictador le dio tiempo a “morir en su cama”, a restaurar una monarquía borbónica y a dejar una larga sombra del régimen que, hoy, todavía rezuma en algunos despachos de la judicatura, del Ejército, del poder político, de la Universidad, del mundo empresarial… casi cuarenta años después. En estas cuatro décadas la “corporación católica” ha seguido teniendo una fuerte presencia e influencia pública en casi todos los ámbitos.
Hoy se propone una reforma (más o menos profunda) de la actual Constitución. Hay quienes reclaman un “nuevo proceso constituyente”, si es que en 1977 lo hubo. Pero en ambos casos dependerá, claro está, de las mayorías y minorías políticas y hasta dónde llegará, realmente, la “soberanía popular” en un mundo global, cuyo “sistema capitalista depredador” lo inunda todo, desde la base social hasta el poder. Salvo que asistamos a un nuevo proceso revolucionario, en “clave s. XXI”, que modifique, radicalmente, la forma de organización social y política de la sociedad.
Lo que hoy sucede en España, en Europa, en el norte de África, en Asia… no es nada nuevo, al menos si nos ceñimos al período que va de la Revolución Francesa hasta hoy. Procesos como los incipientes actuales, en circunstancias muy diversas, se han vivido muchos y muy profundos. Con finales de todo tipo, como todo el mundo conoce.
Muchos de ellos dieron origen a que en una parte amplia de Europa, EEUU y de algunos países de América latina, los principios de la Ilustración, basados en aumentar los derechos de la persona, se fueron afianzando a los largo de décadas, aunque de forma muy lenta y con mucho esfuerzo. Al mismo tiempo que las sociedades se iban secularizando, también los Gobiernos y las instituciones de los Estados, alejando –poco a poco- el poder de las iglesias, dentro del Estado. Aunque en estas últimas décadas recobran renovadas fuerzas en Parlamentos de países emergentes, como el de Brasil y en otros lugares.
Sin embargo, actualmente, en España una determinada moral, el boato y costumbres de la religión católica, sigue casi intacta e incrustada en las estructuras del Estado y en una parte de la sociedad civil.
Para que la situación perviviera en el tiempo, deliberadamente la Constitución de 1978 trata la cuestión de la religión de una forma muy ambigua. Para afianzarla aun más, unos días después de aprobada ésta, se ratifican unos Acuerdos con la Santa Sede (enero 1979) que vienen a certificar las históricas prebendas que la iglesia católica mantenía en materia tributaria, en financiación directa, en el ámbito escolar y en los servicios sociales, en cuestión del patrimonio artístico, en el ámbito de las fuerzas armadas, etc. Dejando, además, el espíritu del Concordato franquista intacto.
Pero por si esto era poco, los diversos gobiernos de la democracia (en los tres ámbitos: estatal, local y autonómico) aumentan estas prebendas con aun más financiación, mayor alcance de los tributos, aumento de los conciertos educativos para financiar la enseñanza dogmática católica, privatización de servicios sanitarios, educativos y sociales de todo tipo a favor de órdenes, asociaciones y empresas católicas, se le da categoría de entidad pública para que pueden usurpar bienes (ley hipotecaria), etc. Y promueven, desde las instituciones, el gran “negocio de la caridad”, que en épocas de crisis aumenta y que está en manos -muy ampliamente- de diversos sectores muy potentes de la iglesia católica.
Al parecer estamos ante nuevo escenario. Para muchos, las viejas estructuras políticas están en cuestión, aparecen nuevos líderes, nuevas formas de participación, también los viejos y “menos viejos” partidos se renuevan, al menos en apariencia, pero ello sucede cuando una parte importante del tejido social sólido NO religioso se ha ido desvaneciendo, poco a poco, y el antiguo activismo sindical se ha ido corporativizando y perdiendo prestigio social. Parece como si todo estuviera muy calculado.
Aparece un renovado activismo ciudadano que a través de diversos movimientos asamblearios pretende participar en política. Incluso en convertirse en renovados partidos. Todavía no está muy claro hacia dónde caminan, demasiadas ambigüedades, demasiadas “llamadas” a que “todos” caben en esos proyectos, pero ¿hasta dónde? ¿Y quiénes? La situación no es nueva. Aunque ciertamente ha significado un necesario revulsivo. Se habla, aquí y allá, de macro y micro economía, de las enormes carencias de puestos de trabajo y de empleos precarios que llegan hasta el esclavismo, de fraude fiscal, de acceso a una vivienda digna para todos, se habla -también- de procesos soberanistas… Se habla mucho de pérdida de derechos ciudadanos, de corrupción, pero observamos que se habla muy poco de cuestiones muy importantes, como la ecología, el envejecimiento galopante de la población y sus consecuencias, de las migraciones… Y de los privilegios de la “santa” iglesia católica, que, al parecer y una vez más y para algunos: “No toca”.
Y ello sucede porque sus diversas estructuras, las de la iglesia, que hacen a “pelo y a lana”, que juegan a “buenos y a malos” -todo muy bien calculado- están muy bien “colocadas” en la vieja y en la nueva política, en la economía, aquí y allá. Sin descanso. Como pasó siempre.
Aunque, ¿por qué no confiar que en esta nueva etapa, con una sociedad realmente muy secularizada, una nueva forma de hacer política, vayan a cambiar ¡por fin! las actuales relaciones caducas y preferenciales de las instituciones del Estado con la iglesia católica?
En ese caso: ¿cuáles podrían ser algunos ejes de actuación?:
1- Garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa, asegurando -así- la neutralidad ideológica de las administraciones públicas.
2- Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación de los ámbitos público y privado.
3- Asegurar una Educación laica, como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciudadanía. Para ello hay que modificar partes de la Constitución de 1978, anular los acuerdos con la Santa Sede y reformar diversas leyes, generar leyes y normas de secularización institucional y, sobre todo, modificar actitudes y conductas de los poderes públicos, normalizando una real separación del Estado de la religión, como ocurre en muchas democracias.
Europa Laica propone, en un amplio documento, el desarrollo de estas medidas en los varios niveles del Estado. Documento que se presenta el próximo día 28 en Madrid. Se puede ver en este enlace.
¿Qué políticos de los renovados y de la nueva hornada van a recoger este reto? Habrá que estar muy pendiente de ello, si es que la nueva forma de hacer política quiere “salir del pasado” en esta materia. O no. Los próximos meses nos darán muchas respuestas.
*Francisco Delgado es presidente de Europa Laica
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