Compromís pide al Gobierno central que respete la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios

Compromís reclama al Gobierno central que garantice la aconfesionalidad del Estado en los centros sanitarios «no respetada en los convenios exclusivos con la Iglesia Católica», en ciudades como Ceuta o Melilla donde «la religión con más seguidores no sería la católica».

El portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, ha presentado dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica sufragada con dinero público. Su objetivo «no es extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios», ha defendido en un comunicado.

Aunque el Instituto Nacional de Salud desapareció en 2002, con la transferencia de la competencia a las comunidades autónomas, Compromís recuerda que el Gobierno solo presta este servicio directamente en Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), «justamente ciudades donde la religión con más seguidores no sería la católica, según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)».

Por ello, la coalición quiere saber qué cantidad ha destinado el Gobierno desde 1986 de dinero de la Administración General del Estado para asistencia religiosa, en qué hospitales o centros sanitarios, y para que confesión religiosa.

Para Compromís, el convenio de 1986, sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud, «atentaba contra la aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución».

En este acuerdo «se garantizó por parte del Estado a la asistencia religiosa católica de los católicos internados en sus centros, pero no la asistencia al resto de confesiones o sectas religiosas». «La asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna», recalca.

Se trata de un convenio que, a su juicio, «contradecía el artículo 14 de la Constitución, en cuanto a la discriminación a los españoles según su religión, o el 16 porque solamente se colabora con una religión de las existentes en el Estado».

La coalición insiste en que «la asistencia religiosa no forma parte de lo estipulado en artículo 43, en cuando a los derechos reconocidos a la salud». «Es más, ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales pueden ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina», advierte.


Comentario del senador Carles Mulet (Tercera Información)

Creo que tendríamos que poder debatir y poner encima la mesa estos temas sin que nadie se pudiera sentir atacado, abrir debates, y poder discutirlos con argumentos y sacar conclusiones o acuerdos, o no.

La derogación del Concordato, que forma parte de una pregunta, ha sido una constante promesa del PSOE, por ejemplo.

¿Podemos debatir civilizadamente sobre la ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, de la cual emana toda la normativa de los Convenios sobre asistencia religiosa de 1985 yi 1986? Todo esto es anterior a  la ley  Orgánica 15/1999  de Protección de datos, ¿esto afecta a los Puntos de «Asesoramiento en cuestiones religiosas y morales» y la «Colaboración en la humanización (la catequesis) de la asistencia hospitalaria? ¿Cómo se contempla el  control sobre «la información oportunas sobre pacientes», que están obligados a dar la gerencia de los hospitales a esta confesión?

La ley 26/1992, de 10 de noviembre, si regula y garantiza sobre el papel la Asistencia Religiosa en los  hospitales a la Comisión Islámica, Federación de Comunidades Israelitas y a las Federaciones de Entidades Religiosas Evangélicas de España, porqué son reguladas de «notorio arraigo»  por el RD 593/2015  de 3 de julio, pero no los mormones, testigo de jehová, budistas, etc…  ¿ qué parte de esta ley 16/1992 se ha transpuesto a la legislación autonómica que es quien asume las competencias religiosas? .

Nunca he tenido ningún problema con ninguna confesión religiosa, creo que al contrario, y como ejemplo pondría mi etapa como cargo público municipal con responsabilidad de gobierno, donde la colaboración ha estado total y cordial. Nunca he mostrado públicamente mi opción o no religiosa, porque entiendo forma parte de la intimidad de las personas. He hecho incluso publicaciones de máximo respeto y reconocimiento hacia personas del mundo eclesiástico.

Seguramente los ataques, insultos, amenazas y acoso que estoy sufriendo no representa a nadie ni a la creencia religiosa que dice representar, ni las publicaciones en cierta prensa que simplemente, y de manera consciente, aprovechan el tema para hacer daño personal y político, esto no es ni cristiano ni católico
Tanto a mi correo personal, en las redes, o al correo del Grupo Parlamentario del Senado, hemos tenido que aplicar filtros para evitar la entrada de correos y mensajes indiscriminados.

Por cierto: Los sacerdotes en los hospitales públicos cuestan a la Generalitat Valenciana casi un millón de euros al año.

Imagino en otro tiempo este tipo  de gente hubiera gastado otro tipo de reacción ante mi petición de respeto a la diversidad religiosa, por suerte ahora las hogueras son virtuales y en redes.

Mentir («La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete, y el daño sufrido por sus víctimas. Si la mentira en sí sólo constituye un pecado venial, que llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad «. Ergo, la calumnia sí puede ser considerada pecado mortal) (2482)

Primera pregunta formulada:

¿Qué cantidad se ha destinado desde 1986 por cada anualidad por la Administración General del Estado para la  presupuestaria asistencia religiosa, en qué hospitales o centros sanitarios, y para que confesión o creencia religiosa?

Segunda pregunta formulada:

-¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar de facto de la aconfesionalidad del Estado,?
-¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para derogar el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3-1-1979 (RCL 1979\2963 y ApNDL 7132)?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para derogar acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, publicado en el BOE por Orden del 20-12-1985 (RCL 1985\3003 y ApNDL 7089) por atentar contra la aconfesionalidad del Estado?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar las interferencias (pagadas con dinero público) religiosas, mitológicas, mágicas, pseudocientífica etc en los centros hospitalarios públicos, bajo la excusa de asesoramiento ético, moral o religioso?

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