Compromís denuncia a los obispos Cañizares y Osoro por malversación y cesión ilegal de trabajadores

La Generalitat destinó a las diócesis valencianas a 22 trabajadores simulando que eran profesores de Religión, según el escrito presentado a Fiscalía

Compromís ha denunciado este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción al arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y a su predecesor, Carlos Osoro, actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y un supuesto de cesión ilegal de trabajadores. La coalición mantiene que la Generalitat destinó durante al menos nueve años a 22 personas a trabajar en las diócesis valencianas simulando que eran profesores de religión adscritos a centros de enseñanza públicos.

Para ello, según la denuncia, se duplicaron sus puestos en la relación laboral del Gobierno autonómico, por lo que Compromís acusa a dos exconsejeros de Educación del PP, María José Català y Alejandro Font de Mora, de falsedad documental, además de los dos delitos atribuidos a Cañizares y Osoro. Català ha negado que se produjeran irregularidades y ha acusado a la coalición de tener una «obsesión enfermiza» por «desprestigiar la enseñanza de la religión».

La diputada de Compromís en las Cortes Valencianas Isaura Navarro ha señalado que el anterior Gobierno autonómico intentó «dar una apariencia de legalidad» a la situación a finales de 2014, después de que esta fuera detectada por el departamento de personal de la Consejería de Educación. Con tal fin, elaboró un decreto en el que permitía que hubiera «asesores docentes» que trabajaran, además de en cualquier dependencia de la Administración autonómica, en las diócesis. La Abogacía de la Generalitat forzó, sin embargo, la retirada del artículo al considerarlo «un supuesto de cesión ilegal de trabajadores».

Navarro ha afirmado que los responsables de los centros a los que habían estado adscritos los 22 profesores de Religión han asegurado que nunca los vieron en los colegios.

La diputada ha cifrado en un «mínimo de nueve millones de euros» el coste que estos empleados supusieron para la Generalitat, ya que tenían rango salarial de jefes de departamento, con un sueldo neto de 1.800 euros al mes.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal Española y con el Arzobispado de Valencia para conocer su versión de los hechos. Una portavoz del arzobispado ha indicado que se está preparando una respuesta al respecto.

La última consejera de Educación de la etapa popular en la Generalitat ha negado las acusaciones. «Siempre hemos actuado de acuerdo con la legalidad. Todo lo que se llevaba a cabo en la última legislatura era supervisado por los técnicos, por la Intervención y la Abogacía», ha afirmado Català.

Informe de la Abogacía de la Generalitat

Compromís ha difundido el informe que la Abogacía elaboró antes de la aprobación del decreto con el que, según Navarro, el anterior Ejecutivo autonómico intentó legalizar la situación de sus trabajadores. «En cuanto a la posibilidad de que el personal realice toda o parte de su jornada laboral en centros de trabajo de otras Administraciones públicas, o de las diócesis o de la demarcación territorial que se establezca, debemos señalar que ninguna justificación se ha ofrecido sobre la necesidad de esta medida, que en ningún caso podría acordarse de forma arbitraria. Asimismo, debe tenerse en cuenta que si el personal va a prestar servicios dentro del ámbito de dirección y organización de otro empresario —en referencia a las diócesis— nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, definido en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, con las consecuencias que el mismo precepto establece por lo que, en ese caso, no se considera conforme a derecho la medida propuesta».

Los 22 trabajadores fueron reubicados a principios de 2015 en colegios públicos como docentes de Religión, y según ha explicado Navarro, siguen desempeñando en ellos sus funciones. La diputada ha señalado que los profesores no han sido incluidos en la denuncia al considerarlos «víctimas» de la presunta cesión ilegal.

La denuncia menciona expresamente a los arzobispos Cañizares y Osoro, pero un portavoz de Compromís ha indicado que la misma conducta se atribuye a los responsables de los obispados de Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante en la época denunciada, cuya identificación corresponderá, en su caso, a la Fiscalía.

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