No me voy a enredar en la distinción conceptual entre laicismo y aconfesionalidad. El Estado español es aconfesional porque así lo establece la Constitución, y eso es una gran conquista histórica que ya quisiéramos que se expandiera en otras regiones del mundo en las que todavía hay una religión oficial que marca los contenidos de las leyes y que incluso constituye una traba enojosa para la libertad religiosa. Aconfesionalidad del poder público y libertad religiosa son señas de identidad de la civilización occidental en este momento histórico, y deben ser reivindicados, si es preciso con beligerancia, como valores políticos irrenunciables y superiores a los contrarios. Naturalmente, ni una ni otra cosa pueden identificarse con 'indiferencia' pública hacia el hecho religioso, y menos aún con 'belicosidad' para extirpar la presencia de lo religioso en el ámbito social. La propia Constitución española hace mención, como es tan sabido, a las creencias religiosas de los españoles, y las relaciones de cooperación entre el Estado y la Iglesia Católica, lo que es un tributo a las raíces cristianas de tantos valores culturales y políticos que históricamente han dado fundamento y continúan sirviendo de soporte a las más altas opciones constitucionales que constituyen ese «mínimo común ético constitucionalmente consagrado» del que habla el documento. No me refiero propiamente al Credo católico ni a ningún catecismo, sino a todo el acervo resultante de la tradición cristiana del que tantos nos seguimos sintiendo orgullosamente herederos. Ello hace que la opción del poder público de financiar las actividades de la iglesia (o de las iglesias) con el 0'7% de los impuestos de los ciudadanos que así lo deseen sea tan compatible con la aconfesionalidad del Estado como es compatible el pluralismo con el fomento y subvención de entidades culturales.
NADA me asusta el término 'laicidad' entendido como «espacio que garantiza la convivencia de culturas, ideas y religiones sin subordinaciones ni preeminencia de creencias, sin imposiciones, sin mediatizar la voluntad ciudadana, sin subordinar la acción política de las instituciones del Estado a ningún credo o jerarquía religiosa» (así lo concibe el documento), entre otras cosas porque sería impensable otra cosa en nuestra sociedad y en este momento histórico. Nada me asusta que el Estado asuma como propio y potencie (incluso con contenidos docentes en forma de asignatura obligatoria en el sistema público de enseñanza) un código ético ciudadano, constitucional y autónomo, diferenciado del propio de una confesión religiosa, por mucho que esa creencia sea la socialmente mayoritaria. Puedo, eso sí, ser escéptico respecto de la eficacia de una asignatura de esa guisa, en la medida en que acabe convirtiéndose en un compendio de razones políticamente correctas: escéptico sí, pero no temeroso. La ética civil es un bien escaso, y por ello no comparto los planteamientos mezquinos que, por miedo a perder la exclusiva del adoctrinamiento, llaman a la desobediencia civil respecto de una educación para la ciudadanía puesta al servicio de los valores constitucionales, naturalmente en el marco de la libertad de cátedra y del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos: así como no cabe objetar nada a la existencia de una asignatura de Filosofía autónoma y secularizada, en la que caben planteamientos y pensamientos de muy variado signo, tampoco encuentro razones para oponerse a que desde la escuela se quiera proteger, fomentar y enseñar un «patrimonio común de valores constitucionalmente consagrados». Entre otras cosas, porque me siento muy cómodo, como pez en el agua, dentro de esos valores constitucionales, y por una razón que voy a llamar 'trigonométrica': en materia de ética ciudadana (que antes se llamaba 'civismo') prefiero la anchura a la altura, porque creo que el área del triángulo de la convivencia se gana ampliando la base, y no alargando su altura: que cada cual alcance la altura de la que sea capaz, asistido de su formación, su compromiso y sus creencias, pero sin imponer unas cotas que excluyan del triángulo a quienes miran a otros cielos.
EL Papa Benedicto XVI, al que ojalá se fuera pareciendo cada vez más la media del episcopado español, ha situado el punto clave del diálogo de civilizaciones en la libertad religiosa. Ese es el terreno en el que el cristianismo ha de situarse cómodo. Es en un contexto de libertad religiosa (que obviamente incluye la libertad de no profesar creencia alguna) donde el pensamiento cristiano ha de poner en valor sus elementos. Ahí, en un contexto radical de libertad, el cristiano puede reivindicar con orgullo la sintonía existente entre las mejores aportaciones de su tradición y los más altos valores constitucionales, sin necesidad de esgrimir ninguna exclusiva de su paternidad. La laicidad no supone negación del hecho religioso, ni la educación para la ciudadanía es rival de la formación religiosa: más bien abren un espacio limpio y no trucado para la competencia entre valores, creencias e increencias que acaso puede ayudar a abatir prejuicios y por tanto a potenciar el juicio. Lejos, pues, de resistirse timoratamente (y más lejos aún de resistirse con llamadas patéticas a la desobediencia civil) a la implicación de la comunidad escolar en la transmisión de los mejores valores de una ética civil necesariamente plural, lo que el cristiano debe intentar es mezclarse en ese empeño aportando lo mejor que tiene. Si el cristiano está seguro de la superioridad de sus valores, también para organizar socialmente la convivencia, ha de saber y querer competir en ese marco plural, en vez de cerrar el campo de juego por miedo a encajar algún gol.
LA reivindicación del laicismo sólo es amenazante para quienes necesitan el proteccionismo para seguir a salvo. La libre competencia de los valores ciudadanos no es relativismo moral, sino quizás el método más apropiado para que los mejores valores demuestren su superioridad en un contexto de 'enfrentamiento' leal, es decir, de diálogo. Tengo confianza en la calidad y resistencia de los materiales (muchos de ellos sedimentados en el cristianismo) de los que están hechos la prohibición de la pena de muerte o la tortura, la no discriminación, la radical honestidad en la gestión de lo público, la irrenunciable solidaridad con los últimos (aunque no sean nacionales), la autolimitación en la lucha contra la delincuencia, la división de poderes, el blindaje de las garantías individuales frente a la mayoría social, etc. Tanta importancia doy a la patria constituida por estos valores, que me gustaría que continuamente estuviesen disputándose la hegemonía moral con lo que considero su principal amenaza: no la multiculturalidad ni el relativismo moral, sino la indiferencia consumista y autocomplacida, el margen de beneficio como valor supremo, la falta de cultura y política y los populismos, fundamentalismos y patrioterismos.
Ya sé, ya sé que esta actitud puede calificarse, desde posiciones más nítidas, como propia de la «tibieza postcristiana». Asumo esa crítica, pero, sin llegar al extremo de reivindicar con orgullo la tibieza, sí diría que qué le vamos a hacer, que es así como pienso, que tengo derecho a pensarlo y decirlo, y que esa tibieza de creencias no es incompatible con la fortaleza en las convicciones.
