Como entienden los obispos el laicismo

Este texto pone de manifiesto la opinión de los obispos españoes, la "bondad" de la religión talcomo ellos la plantean, frente a quienes planteamos el derecho a la libertad de pensamiento, que incluye el respeto a las creencias religiosas, siempre que estas no quieran ordenar la vida común de todos los ciudadanos. Especialmente curiosa la alusión a que saben vivir sin privilegios ¿Por qué entonces una financiacón a la ICAR, por qué tenemos que costear la religión católica en la escuela, el hospital, la prisión, el cuartel,…? Los ciudadanos que comparten otras ideas o creencias no pueden disfrutar de esos privilegios. Tampoco los queremos. Pero si queremos un trato igual para toda idea o creencia y esto nos lleva a respetarlas todas, pero no patrocinar desde el Estado ninguna de ellas.

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Una nueva situación está apareciendo en el mundo y en la Iglesia.

Aunque el laicismo suene  mucho, y las objeciones contra la Iglesia se nos repitan muchas veces, ésta es ya una fase concluida, básicamente cerrada. En el mundo está comenzando una fase nueva. Nueva para la sociedad y nueva para la Iglesia. Nueva para la sociedad, porque las sociedades cultas y democráticas reconocen que dentro de la democracia tiene que existir el respeto profundo hace la libertad religiosa de los ciudadanos. Las instituciones civiles se van convenciendo de que el ejercicio de la libertad religiosa, y en consecuencia, el ejercicio libre de las propia religión por parte de los ciudadanos es una parte importante del bien común que el Estado tiene que proteger y garantizar, del cual se siguen muchos bienes para las personas y para la consistencia de la sociedad entera. En nuestro caso, podemos decir ¿quién mejor que la Iglesia educa para la convivencia, para el trabajo, para la justicia y la solidaridad? La carta “Deus caritas est” del Papa Benedicto lo expone hermosamente.

Y en buena parte nueva también para la Iglesia, porque poco a poco vamos aprendiendo a vivir en libertad y en pluralismo, aprendemos a convivir con otros que viven de otra manera, sin que eso signifique ni conflicto ni sometimiento. Quien diga que la Iglesia no sabe vivir en democracia no dice verdad. NO añoramos ningún poder político, no pretendemos imponer a nadie nuestra fe ni nuestra moral mediante el poder o las instituciones políticas. Pretendemos simplemente poder vivir en libertad, sin restricciones, como cualquier otro grupo religioso o cultural, y poder anunciar libremente nuestro mensaje y nuestros puntos de vista sobre la vida personal, familiar y social. Todo perfectamente admisible en una concepción democrática de la sociedad. Si en algo pecamos es en vivir demasiado cohibidos, sin atrevernos a marcar las diferencias con el resto de la población, a ejercer nuestros derechos civiles y políticos de acuerdo con nuestras propias creencias y nuestros intereses de grupo.

Situación nueva desde el punto de vista de la Iglesia, pues hoy todas las Iglesias de occidente, también la nuestra, saben vivir en una sociedad democrática, al amparo del reconocimiento de la libertad religiosa de los ciudadanos, sin privilegios ni discriminaciones de ninguna clase.

Para ser justos hay que decir que entre nosotros hay grupos y partidos políticos que tienen una concepción estrecha de la democracia, en la cual no cabe la vida religiosa de los ciudadanos, partidos que no saben ver la vida religiosa de los ciudadanos como parte del bien común, como simple ejercicio de la libertad en una dimensión importante de la persona humana. Con frecuencia nuestras críticas contra esta manera estrecha e injusta de entender la democracia son interpretadas como una incapacidad de acomodarnos a una vida democrática real. No es que nos quejemos de la democracia, sino que queremos más democracia, menos intervensionismo del Estado en materias religiosas y morales, más neutralidad de las autoridades políticas ante las manifestaciones y el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos.

En concreto, los Obispos hacemos a la administración dos tipos de crítica. Uno pidiendo que las decisiones de la autoridad se sometan como actividad humana a las normas morales vigentes en la sociedad, fundadas en la recta razón y en la historia cultural y religiosa de la población. NO es querer imponer nada, es defender la libertad de la sociedad y los límites de la autoridad. Quienes gobiernan no están autorizados a gobernarnos y dirigirnos como les parezca mejor, sin tener en cuenta las normas de la moral natural y de la moral histórica de nuestra sociedad. La segunda crítica es reclamar el derecho a ser reconocidos y tratados como cualquier otro grupo cultural, sin discriminaciones ni restricciones por el hecho de ser una institución religiosa.

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