“Cría obispos y te sacarán los ojos”, ha dicho Gaspar Llamazares en referencia a la manifestación que la jerarquía eclesial celebró el pasado día 30 en Madrid y que tomó un fuerte carácter político de crítica al Gobierno. El coordinador general de IU se preguntó si los socialistas esperaban “aplacar a la jerarquía ultramontana de la Iglesia católica manteniendo sus privilegios” en terrenos como la economía o la educación, y apuntó que esto “no se ha logrado”.
"Recuperar un estado aconfesional"
Por el contrario, advirtió, los obispos “están enardecidos y consideran que sus privilegios son justificación suficiente para cuestionar incluso el derecho a la sociedad civil y de la democracia a desarrollar medidas en materia legislativa”. Llamazares mostró su preocupación porque el Ejecutivo “no ha puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática”, y le instó a “rectificar su política” y “recuperar un Estado aconfesional”.
Modificar los acuerdos con la Santa Sede
Tras conocer el comunicado que el PSOE ha hecho para criticar la actuación de la Iglesia en la manifestación por las familias, Llamazares pidió al Gobierno que reconsidere los acuerdos con la Santa Sede para modificar la situación de privilegio de la jerarquía católica. “Si el Gobierno no hace esto, no tiene razón para protestar”, advirtió.
Secularización
Algo parecido se reivindicaba ayer desde el editorial del diario El País. en este periódico se apunta hacia el deber del Gobierno de “abordar sin dilación” la “revisión de los acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede que sustituyeron, con un espíritu preconstitucional, al Concordato de 1953”. “Defender una secularización estricta del Estado no significa ir contra la Iglesia, sino ponerla en el lugar que le corresponde”, apunta el texto, que asegura que la del día 30 “no fue una manifestación en defensa de la familia -como si el Gobierno la atacara- sino un auténtico acto electoral en apoyo del PP”.
Separación Iglesia-Estado
Ante esto “deben reaccionar no sólo el PSOE y el resto de partidos -no lo hará el PP, por el que esa jerarquía hace campaña a dos meses de las elecciones- sino especialmente el Gobierno, ciñéndose a la Constitución, que proclama la separación Iglesia-Estado, una separación que no acaba de ser real”.
"Sociedad laica en su conjunto"
A esa separación de poderes se refirió también la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, quien apuntó que la Iglesia tiene “derecho a criticar en lo que no esté de acuerdo”, pero siempre que acepte “la separación de poderes” y, por tanto, que el Gobierno “representa a una sociedad civil, laica en su conjunto” y con “más de una creencia religiosa en su seno”.
"Respeto institucional"
Azcarate recordó que el Ejecutivo “legisla de acuerdo a las mayorías y minorías existentes en el Congreso de los Diputados” y que representa “la voluntad de la mayoría de la sociedad”. Esta voluntad, apuntó, “puede coincidir o no con la doctrina de la Iglesia católica”. A su juicio, esta institución tiene “el derecho legítimo a la discrepancia” siempre y cuando se haga desde “el estricto respeto institucional”.
