Manuel Saravia (IU) anima al Ayuntamiento a que «recupere antes» lo que deben las constructoras por la recalificación de Piensos Cía, en Zorrilla
Cerca de un centenar de personas, pertenecientes a varios colectivos ciudadanos, se concentraron ayer a las puertas de la catedral para protestar contra la decisión del Ayuntamiento de Valladolid, Junta y Arzobispado de instalar un ascensor que permita subir a turistas y visitantes a lo alto de la torre de la iglesia catedralicia.
Estas obras, que ya han comenzado con la instalación de una grúa en el exterior para subir los materiales, tendrán un coste cercano al millón de euros, de los cuales 610.504 será aportados por el Consistorio de la capital y el resto por la Junta (300.000) y el Arzobispado.
La concentración, la segunda que se hace contra esta iniciativa, fue convocada por el grupo Parados en Movimiento, Joce-Valladolid, Ecologistas en Acción, 15M, el colectivo Ramalazo e Izquierda Unida.
Durante la lectura de un manifiesto se censuró el convenio de colaboración suscrito entre las dos administraciones públicas, la Asociación Amigos de la Catedral y los responsables de la diócesis de Valladolid, ya que «no es el momento de gastar ese dinero cuando existen otras prioridades sociales y de empleo. Es un insulto a los que hoy no pueden solucionar sus problemas de vivienda, de dependencia, de salud o incluso de comida. Amamos el patrimonio y la cultura y por ello nos indigna que se utilice para una inversión innecesaria».
También se recordó que el vicario de la diócesis, Luis Argüello, ha manifestado que el Arzobispado «estaría dispuesto a sentarse para ver las posibilidades que se presentan para reconsiderar el proyecto de este ascensor».
En este sentido, el concejal de IU, Manuel Saravia, presente en el acto, criticó al terminar «el empeño del alcalde» de llevar adelante esta obra «cuando existe una conciencia social de que ahora no es prioritaria».
Según Saravia, la autorización de la instalación del ascensor «no ha pasado por la Junta de Gobierno y se está desarrollando a partir del convenio suscrito».
Izquierda Unida ha anunciado que en los próximos días va solicitar el expediente sobre la recaudación del 1% cultural que se aplica desde las administraciones a las constructoras, a las que se conceden obras públicas.
«Esa cantidad que se recaudó era para las obras de rehabilitación de la catedral, no para instalar un ascensor. El dinero sería más fructífero para crear empleo en las escuelas taller», dijo Manuel Saravia, que animó al Ayuntamiento «a reclamar antes el dinero» que deben las constructoras condenadas por la recalificación de Piensos Cía, en el paseo de Zorrilla, con sentencia firme desde 2011.
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