Clero político: transgresor impune

Un día como hoy nació Francisco J. Múgica, constituyente del 17, defensor del Estado laico

Los desahogos clericales enderezados contra las inatacables resoluciones de nuestro máximo tribunal federal han demostrado la plena vigencia del carácter laico del Estado mexicano.

Al ratificar la SCJN la constitucionalidad de las reformas para que las personas del mismo sexo se unan legalmente y adopten a menores de edad, cumplió sus facultades de manera decorosa y oportuna. Reivindicó con esa resolución técnica el carácter laico del derecho mexicano. La fallida PGR hizo un ridículo inmenso ante los jueces.

Las injurias —denigrativas, calumniosas, discriminatorias— y las provocaciones del cardenal Sandoval, sumadas a los hostiles berrinches del arzobispado metropolitano capitalino, han puesto en evidencia la fortaleza del concepto de laicidad en nuestro país.

El carácter pluralista y secularizado de la vida mexicana no sólo es un irreversible hecho histórico sino, también, una categoría sociológica, una arraigada manifestación cultural, una realidad política innegable.

Protegido por un gobierno deliberadamente omiso en todo lo concerniente a su primaria responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución en materia tan decisiva como la relacionada con el carácter laico de la vida nacional, el clero político, al transgredir las leyes republicanas de forma impune, reaviva el rescoldo de su viejo rencor contra el poder público, desafía a sus instituciones y pone en peligro la concordia nacional.

El Estado laico en México es incombustible. Permanece enhiesto no obstante las obsesiones pirómanas incubadas en el contubernio urdido entre el gobierno calderonista —de cuya cabeza ideológica se han enseñoreado los adalides filoclericales de El Yunque—, el PAN, radicalizado hasta su extrema derecha y, desde luego —y cómo no—, los más alebrestados jerarcas de la clerecía política, encubridora, entre otras lindezas, de la relapsa conducta delincuencial de curas pederastas.

La incombustibilidad del Estado laico radica no sólo en su noble prosapia juarista sino, también y de manera preponderante, en su consustancial vigor jurídico y político, capaz de multiplicar libertades, expandir derechos, robustecer garantías sociales e individuales para los mexicanos.

Elemento constitutivo de la cultura nacional, el Estado laico resiste y resistirá a sus enemigos abiertos —o a sus malquerientes, como dejó escrito Monsiváis— y a sus adversarios ocultos, porque el espíritu de libertad rige nuestra conciencia.

A la derecha yunquiana y a los más rijosos episcopados del país les salió el tiro por otra parte. Al embestir contra los avances laicistas de nuestra vida social y jurídica consiguieron lo contrario. Su contumaz violación de las normas constitucionales —entusiastamente consentida por Felipe Calderón— produjo un mayor asentamiento de nuestra cultura laica. Confirmó, también, el indetenible y expansivo carácter secularizador inherente a la juridicidad nacional.

Aprobada en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 40 constitucional —incorpora el inequívoco concepto de laicidad en la caracterización de nuestro Estado—, la minuta correspondiente está ya en manos de los senadores.

El espíritu de esa reforma abarca no sólo al Estado y a la educación, a la política, a la salud y al Derecho Civil: supone, también, nuevas ramificaciones y ecos secularizadores en otros muchos ámbitos de la vida nacional.

Los ciudadanos confiamos en los senadores. Ellos dictaminarán, discutirán y votarán de manera aprobatoria —y cuanto antes— esa reforma medular. Se trata de un tema vital para la convivencia democrática mexicana.

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