Clerecía impune

pesar de los muchos pesares, una gran parte de la sociedad mexicana que habita la ciudad de México ha venido dando muestras claras de modernización. De otro modo no se entendería que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haya podido reconocer la realidad social metropolitana y sus complejidades, y haya dado paso a leyes adecuadas a esa realidad. Tal es el caso de la legislación sobre el aborto, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y sobre el derecho igual de cualquier tipo de matrimonio a adoptar a un niño desamparado. El reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la constitucionalidad de este avance en los derechos humanos tiene también como trasfondo esos pasos de la sociedad en el camino de su modernización.

Nuestros legisladores casi siempre han ido avanzando lentamente detrás de la sociedad, pero en sentido contrario, la alocada y a veces mentecata Conferencia del Episcopado Mexicana (CEM) se estanca sin falla en un medioevo rancio, en una pugna estéril buscando que ahí mismo quede estancada la sociedad.

A cada pequeño paso de modernización, la ruidosa clerecía mexicana se lanza contra todo lo que signifique civilidad, tolerancia, admisión de la pluralidad, aceptación de la igualdad de derechos para los desiguales en ideas, costumbres, preferencias sexuales, si no concuerda con su idea de lo moral.

En la anciana institución de los curas, quién no lo sabe, los hay que penetran a niños varones. Son homosexuales pederastas. Hay también heterosexuales pederastas. Como nada puede permanecer indefinidamente en la penumbra del secreto clerical, en las últimas décadas han salido a la superficie estos malhechores en múltiples países. Aquí contamos con el récord Maciel. Ciertamente estos forajidos son peores que los narcos, pero el cardenal Sandoval y la CEM se pasan de tontos si creen que la sociedad mexicana no tiene presentes esos actos criminales cuando protestan por la creación de leyes como las citadas.

Sandoval no cuenta con autoridad alguna, de ningún tipo, para decir al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y a los hombres y mujeres homosexuales, cómo deben actuar y decidir, pero está seguro que los insultos que les ha lanzado pueden quedar impunes. Profiere sus exabruptos con absoluta soltura y seguridad porque sabe bien que por ahora tiene aliados metidos en un Estado constitucionalmente laico.

La CEM y el Colegio de Abogados Católicos tranquilamente pueden decir que la Secretaría de Gobernación hizo lo que tenía que hacer: dar entrada a la denuncia que recibió de sectores que no aceptan los insultos de Sandoval. Pero están seguros de que nada más ocurrirá. Es muy probable que así ocurra, pues las riendas del Estado laico están en manos de quienes quieren a toda costa un Estado confesional.

Así puede entenderse que Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la CEM, descarte que pueda haber algún conflicto con el gobierno federal por las vociferaciones de Sandoval quien, como se sabe, dijo que el mandatario capitalino maiceó a los ministros de la Corte para que aprobaran las leyes referidas. No hay que ponerse en plan estridente, pidió Corral, es decir, no hay que hacer lo que a Sandoval seguramente sí le está permitido.

Por su parte, Armando Martínez, presidente de los abogados católicos colegiados, aseguró que si la Secretaría de Gobernación impusiera alguna sanción a los clérigos estaría en el camino de la represión, actuando como policía política para acallar a quienes disienten de decisiones como las que tomó la Asamblea Legislativa.

Estos señores creen que viven en una sociedad de idiotas, de la que pueden burlarse. Según su discurso, al defender a Sandoval, están defendiendo el derecho a disentir y la libre expresión de las ideas. Estos retrógrados señores pueden opinar lo que les venga en gana sobre el aborto, el matrimonio entre homosexuales, o la adopción de infantes por estos matrimonios. Pero la demanda de Ebrard se refiere a la calumnia proferida por Sandoval sobre el maiceo de los ministros de la Corte, no por sus previsibles opiniones sobre la adopción por matrimonios de homosexuales. Puerilmente pretenden disfrazar la calumnia y los insultos de Sandoval con la bandera de la defensa de su derecho a disentir.

Mucho me temo que la denuncia a la que dio entrada la Secretaría de Gobernación, quedará congelada y los denunciantes frustrados. El gobierno de hoy, así como Sandoval y todos sus fieles, pueden decir misa, pero no tienen ni la más remota idea de lo que significa el Estado laico. Y no se trata de oír sus discursos, sino de observar sus hechos. Los gobiernos panistas cuando y donde pueden se comportan como en un Estado confesional. Los actos contra el laicismo de los numerosos sandovales mexicanos han quedado impunes y el último sandovalazo seguirá el mismo camino si todo queda, simplemente, en la declaración del ministro Valls del pasado 15 de agosto, cuando advirtió que bajo ningún pretexto se puede acusar impunemente a los 11 ministros de la Corte de corrupción. Con ese voto de censura, ¿todo queda saldado, señores ministros?

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