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¿Clases de religión confesional? Ninguna

Cambia otra vez el régimen de las clases de religión en los colegios. A la vez, el Ministerio negocia con los representantes de diversas confesiones. Pero, ¿se llegará alguna vez a una solución bien fundada y estable? Desde el punto de vista de la misión del Estado, admitir que el sistema público de enseñanza acoja clases confesionales de doctrina religiosa, sea islámica, judía, protestante o budista, será una profunda equivocación, tan grave como las clases actuales de religión católica.

No se enmienda un disparate añadiéndole otros cuantos de semejante calibre. Si ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal (Constitución española, art. 16,3), en las instituciones del estado, y tales son las educativas, no cabe coherentemente ninguna clase confesional. Lo contrario es una abdicación de la formación de ciudadanos, al dar paso a doctrinas que remarcan las diferencias sociales en razón de la religión. El objetivo de la escuela estriba en desarrollar un conocimiento crítico y solvente de todas las disciplinas y en potenciar la mentalidad común democrática.

¿Qué es eso de que, cuando diez alumnos soliciten enseñanza religiosa, el Estado debe facilitarles las clases correspondientes, como "un derecho indiscutible"? ¡Y tan discutible! Eso es una aberración. ¿O es que, si diez alumnos piden que se les dé astrología, parapsicología o cartomancia, se considerará que tienen derecho? ¿Tal vez no tienen suficiente arraigo? No se trata de ningún rechazo de la religión desde un dogma anticlerical o un ateísmo que desprecie el hecho religioso. Todo lo contrario: se trata de tomárselo en serio.

Lo que debe hacer el Estado es asumir de una vez la normalización del estudio de la religión, de su estructura y función en la sociedad. Es lo normal en otros países europeos. Incluir en el sistema educativo las religiones en sus dimensiones históricas, sociales, antropológicas, psicológicas y filosóficas es algo netamente distinto de la enseñanza confesional de una de ellas, presentada además como única verdadera. Se trata de estudiar la religión como se estudian las artes, las matemáticas, la biología, la literatura o la filosofía. ¿Acaso se enseña también la literatura a la carta? ¿O se enseña a unos alumnos la teoría de la evolución y a otros el llamado creacionismo, de manera optativa? ¿Se podrá apuntar uno a la asignatura de filosofía eligiendo la corriente que mejor le cuadre? ¿Parecería normal que se forme a unos en las ideas democráticas y a quienes lo pidan se les den clases de formación del espíritu nacionalista? Un dislate así se está haciendo con las clases de religión, y se pretende ampliar.

Lo mismo que las restantes facetas de la realidad sociocultural, las religiones son objeto de estudio científico, basado en la observación, la documentación y la metodología pertinente. Esto parece incuestionable. Ahí están las ciencias sociales y humanas, que llevan dos siglos con investigaciones sobre los sistemas de creencias y rituales religiosos. La normalización de los estudios sobre el fenómeno religioso debe plantearse desde la enseñanza superior. Las universidades españolas deben homologarse con el espacio europeo y reintroducir en sus enseñanzas académicas, no la teología (abolida en la universidad española en 1868), sino la titulación en ciencias de las religiones. Algo se está moviendo en este sentido, por la vía del máster universitario en ciencias de las religiones u otro tipo de cursos, que estos últimos años se han organizado en varias universidades. Pero falta dar un paso más e incorporar la especialidad a las enseñanzas regladas.

Así, con un planteamiento general coherente en la educación primaria y secundaria, el estudio de la religión en sus contextos sociales e históricos habrá de encontrar su concreción en las asignaturas que le correspondan. Esto impone terminar con la prebenda otorgada a la Iglesia católica en las anómalas "clases de religión" actuales, y efectuar los arreglos jurídicos necesarios. No cabe ya invocar dudosos privilegios, que a ningún otro colectivo se dan.

El Estado tiene todas las competencias para asumir y organizar la enseñanza de todas las materias, sin excepción, y para seleccionar al profesorado con título y formación en la materia. No es aceptable en absoluto la fórmula de encomendar a cada gremio de la sociedad civil la docencia en su especialidad. Resultaría una privatización absurda. Por eso, no es aceptable ver las clases de formación islámica, católica, o budista, como "un derecho indiscutible". El Estado aconfesional garantiza el derecho de cada entidad religiosa a su libertad, y el de cada individuo a su libertad de conciencia. Pero estas libertades han de ejercerse en el ámbito de la sociedad civil, no en el espacio público estatal. Que transmitan libremente sus creencias y ritos en templos, mezquitas, salones del reino, academias y facultades de teología privadas. El Estado ampara ese derecho y esa libertad.

No está justificado dar un pendulazo desde el prejuicio anticlerical que descalifica todo lo religioso, hasta la más indolente contemporización con las exigencias doctrinarias de cualquier comunidad confesional. Entregar las clases de religión a instituciones privadas es dejar entrar en las aulas a un caballo de Troya. No será extraño que lleve dentro a los enemigos de la sociedad abierta. No se engañe nadie pensando que se elimina el privilegio y sus negativas consecuencias por admitir que otros concurrentes participen de él, a fin de acallar sus agravios comparativos. Apostemos por el derecho. Y aquí, el único derecho claro e incontrovertible es el del Estado a asumir la enseñanza pública de todas las materias, también de las ciencias de la religión. Así, se empezará a contrarrestar la ignorancia supina, que espanta en nuestras generaciones jóvenes, sobre este aspecto tan importante para entender, no ya la historia de las civilizaciones, sino nuestra propia historia colectiva a lo largo de tantos siglos.

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