Ciudadanos y educación

Los ciudadanos tenemos en nuestra calidad de miembros de la sociedad deberes y derechos para cuyo conocimiento es esencial que recibamos la educación adecuada

La educación es la formación, que no adoctrinamiento, dirigida a la adquisición de conocimientos y al desarrollo intelectual, social, moral y cívico de las personas, en definitiva de los futuros ciudadanos.

“Asignatura inútil”
Mariano Rajoy a finales de enero dijo que la asignatura Educación para la Ciudadanía “es inútil” y “sencillamente hay que suprimirla”.

Para Rajoy y para los grupos católicos integristas, apoyados con vehemencia por el PP y la Conferencia Episcopal, “hay cosas mucho más importantes en educación…”.

¿Acaso más importantes qué formar futuros ciudadanos críticos que conozcan los valores constitucionales y que asuman que la igualdad es un principio básico de convivencia pacífica en una sociedad plural, abierta y democrática?

¿Acaso más importantes que facilitar herramientas de convivencia a los alumnos para que sean capaces de reflexionar sobre las relaciones entre iguales y sobre las posibilidades que ofrece la participación en la sociedad?


Cuatro sentencias de ratificación
El Tribunal Supremo hizo públicas, días pasados, cuatro sentencias, cuatro fallos que resuelven cuatro recursos de casación y que coinciden en el rechazo a la objeción de esta asignatura.

El Supremo concluye que los padres "no tienen un derecho ilimitado a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado y autorizar exenciones individuales sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para la que se aspira a educar".

“Independientemente de las creencias ideológicas y morales de cada ciudadano el estatuto de los ciudadanos es el mismo para todos en un Estado democrático” y “precisamente por ello, en la medida que esas creencias sean respetadas, no hay serias razones constitucionales para oponerse a la existencia de una materia obligatoria cuya finalidad es formar en los rudimentos de dicha ciudadanía, incluido el reconocimiento del propio derecho a la libertad ideológica y religiosa".


El Estado, difusor de conocimiento
El Tribunal reconoce que la intervención del Estado en materia de Educación es obligada y aclara que tiene “el objetivo de asegurar la transmisión del conocimiento del entramado institucional del Estado, además de ofrecer una instrucción o información sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático” y este objetivo tiene que alcanzarse tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada”

El conocimiento es noción, ciencia, sabiduría, es la idea que se tiene de algo, es entendimiento, cultura, razón, sentido, concepto, idea….

El conocimiento es antónimo de la ignorancia.


Adoctrinamiento
Para el Supremo el supuesto adoctrinamiento que algunos padres esgrimían como argumento para la objeción no existe porque “el fin que persigue esta asignatura es que los alumnos conozcan, comprendan y respeten algunos valores y que sean capaces de comportarse en la vida pública con arreglo a las normas jurídicas que los expresan, pero no busca que los acepten como única y exclusiva pauta a la que ajustar su conducta ni que renuncien a sus propias convicciones”.

¿Ignoran estos padres qué los contenidos de la EpC están sujetos a los mismos controles que el resto de las asignaturas y son fijados por los Reales Decretos del Estado y por los Decretos de Currículo de cada comunidad?

Para los que todavía tengan dudas sobre la neutralidad de esta asignatura el Tribunal Supremo es muy claro y dice que “el Estado tiene la potestad y el deber de impartir los derechos fundamentales pero la enseñanza «se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad, sin adoctrinamiento, para respetar el espacio de libertad consustancial a la convivencia constitucional”


“Ni un paso atrás”
Sin embargo los padres objetores no parecen dispuestos a acatar los fallos del Supremo y dicen que “ni un paso atrás” poniendo en evidencia la irresponsabilidad de su actitud que sigue cuestionando la validez de una Ley aprobada en el Parlamento y ratificada por el Supremo.


Llamamiento de la Conferencia Episcopal
En un intento desesperado que surge del temor a la pérdida de “futuros clientes” la Conferencia Episcopal hace un llamamiento, ignorando los fallos del Supremo, a las familias católicas para que no cejen en la lucha contra la “asignatura demoníaca”.

“No se puede permanecer pasivo ante una lesión tan grave del derecho fundamental de los padres. No es posible que las partes implicadas, los padres, las escuelas y las asociaciones de padres permanezcan pasivas. Pueden y deben ejercitar todas las acciones legítimas que sean conducentes a la defensa y promoción de esos derechos” dijo esta misma semana Martínez Camino, portavoz de los obispos.

Para los monseñores la EpC es una amenaza porque aseveran que establece “una formación estatal obligatoria de las conciencias y obliga a los ciudadanos a tener una conciencia según el Estado lo imponga y esto es algo contradictorio con la doctrina social (sic) de la Iglesia.

¿Señor Martínez Camino qué parte de las sentencias no entienden ustedes…?

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