Ciudadanos se replanetará el apoyo a la ley del PSOE sobre la eutanasia

Una enmienda socialista rompe el acuerdo entre ambos partidos sobre las normas de muerte digna

Ciudadanos ha anunciado esta mañana que se replanteará el apoyo a la ley de regulación de la eutanasia que el PSOE ha presentado en el Congreso. Lo ha anunciado el portavoz del partido de Rivera en la Comisión de Sanidad en el Congreso, Francisco Igea. Con ello se tambalea el acuerdo que había entre ambos partidos para que los socialistas apoyaran la ley de muerte digna de Ciudadanos (una propuesta para asegurar el derecho a recibir cuidados paliativos hasta el final de la vida en todas las comunidades). A cambio, los de Rivera desbloquearían el proyecto de ley de eutanasia que los socialistas presentaron en mayo de este año.

La causa de la ruptura ha sido que el PSOE ha sacado adelante, con la oposición del PP y Ciudadanos, una enmienda a la ley de muerte digna que deja en manos de las comunidades autónomas establecer el régimen sancionador. Tras la sesión, Igea ha defendido que su propuesta buscaba garantizar una atención igual para todos los ciudadanos, vivieran donde vivieran, que así no tendrían que elegir entre «el horror y el suicidio». Pero «para garantizar esa igualdad hace falta un régimen sancionador común», ha dicho Igea, quien ha comparado la propuesta del PSOE a que las comunidades tuvieran distinta regulación de lo que es un hurto o un robo con violencia, con diferentes penas.

La proposición debe ahora ser debatida en el pleno del Congreso, donde Igea ya ha anunciado que mantendrá su propuesta. Ahí, la mayoría que apoya al actual Gobierno del PSOE –con un importante peso de los nacionalistas catalanes y vascos, muy pendientes de los asuntos competenciales– podría tumbar de nuevo la idea de un sistema de sanciones común.

La norma, además del tema de las sanciones, establece el derecho de todos los ciudadanos a recibir la mejor atención en el momento de la muerte. Aclara el derecho a ser informado para tomar las decisiones que considere necesarias mediante un documento de últimas voluntades, la posibilidad de pedir la retirada de medidas de soporte vital y que haya atención paliativa domiciliaria en todas las comunidades. Al mismo tiempo, regula la sedación terminal, que es la posibilidad de que un enfermo reciba un tratamiento todo lo eficaz posible para eliminar o reducir síntomas como el dolor, la disnea o la angustia al final de la vida, aunque sea a costa de que esos fármacos adelanten la muerte, siempre que se aplique en los últimos momentos de un proceso irreversible, que cause gran sufrimiento y letal a corto plazo.

La propuesta de partido de Rivera tiene como objetivo acabar con la inequidad actual, en la que 10 comunidades ya tienen leyes de muerte diga o cuidados paliativos. Y es precisamente ese hecho el que explica la postura socialista, según ha dicho Jesús María Fernández Díaz, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad. «Hay normas como el Código de la Circulación y el Penal que son estatales, pero en otros ámbitos, como el consumo, las comunidades tienen las competencias. De las 10 comunidades con leyes de paliativos, ocho hacen un desarrollo específico concreto de las sanciones, y dos, Madrid y País Vasco, referencian a regímenes propios de sus leyes sanitarias», afirma el portavoz socialista. «Con una regulación estatal crearíamos confusión», afirma, al tener que convivir ambas regulaciones.

El PSOE se juega con la ley de eutanasia la posibilidad de sacar adelante una norma de importante calado social y carácter progresista, con un simbolismo equiparable a las leyes contra la violencia de género y del matrimonio igualitario del primer Ejecutivo de Zapatero. En la Cámara baja tiene la mayoría suficiente para sacarla adelante (la misma que apoyó la investidura de Pedro Sánchez), pero se enfrenta al problema de la Mesa del Congreso, controlada por el PP y Ciudadanos, que la tienen bloqueada. En el acuerdo de apoyo mutuo para las respectivas leyes de muerte digna se establecía que los representantes del partido de Rivera permitirían que la iniciativa se tramitara al dejar de prorrogar el plazo de enmiendas. «Pero no han hecho nada», se queja Fernández Díaz, quien cree que las declaraciones de Igea son «un chantaje». «Tendría que explicar por qué votó a favor de que se tomara en consideración nuestra ley y luego la bloquea».

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