CiU quiere la mención explícita al catolicismo en la nueva ley de culto

Las enmiendas nacionalistas, contrarias a la equiparación entre religiones

La sombra del obispo Torras i Bages sobrevuela el espíritu de las enmiendas que Convergència i Unió ha presentado al proyecto de ley de centros de culto del Gobierno catalán de noviembre de 2007. La federación nacionalista quiere que el texto haga una mención explícita a la religión católica y que se subraye su preeminencia en la sociedad más laica de España: la catalana.

De esta manera, los ecos de la frase -nunca escrita por el eclesiástico, pero que sintetiza el pensamiento de Torras i Bages ("Catalunya serà cristiana o no serà")- han hecho fortuna en las enmiendas que para la ley ha presentado CiU. En el origen de la iniciativa legislativa del tripartito y especialmente de su vicepresidente, Josep Lluís Carod Rovira, está combatir la marginación que sufren algunas confesiones, como la musulmana, que encuentra muchas dificultades para ubicar sus centros de culto. En muchos ayuntamientos catalanes han surgido problemas -por oposición vecinal- cuando se trata de dar licencias de obras para construir oratorios islámicos, aunque se trate de zonas industriales.

CiU, en una enmienda al artículo séptimo del proyecto, sobre el uso esporádico de equipamientos de titularidad pública con finalidades religiosas, pide que se garantice el trato igualitario entre religiones "de acuerdo con el grado de implantación de cada confesión religiosa en la sociedad". No obstante, y en el preámbulo pide que se consagre que "en Cataluña si se considera el grado de implantación de cada confesión religiosa, la religión católica continúa siendo la mayoritaria del país".

Según la diputada nacionalista Glòria Renom, con las modificaciones que ha presentado su grupo "se cambia la referencia de 13 grandes religiones en Cataluña, que no corresponde con la realidad, por una descripción que considera que continúa habiendo una religión mayoritaria en nuestro país en grado implantación, la católica, y una manifestación emergente de nuevas confesiones que hace que la realidad religiosa de Cataluña sea cada vez más plural".

El Gobierno catalán defiende su proyecto con el argumento de que se debe luchar contra la "discriminación" de algunas confesiones. Se pretende acabar con la discrecionalidad de algunos ayuntamientos para denegar la apertura de locales de rezo, especialmente de la comunidad musulmana. Así, el texto pretende unificar los criterios de los ayuntamientos para dar licencias. CiU y PP siempre han criticado el texto porque, en su opinión, cuestiona la tradición católica catalana.

CiU también la rechaza porque, en su opinión, la ley limita la autonomía municipal. Los nacionalistas proponen eliminar la exigencia de una licencia de actividades para los locales de culto porque podría suponer una "vulneración de la ley orgánica de libertad religiosa, al condicionarla a una autorización administrativa". CiU tampoco acepta que los municipios deban prever suelo para equipamientos religiosos.

La ley también ha generado algunos roces en el tripartito. El PSC entiende que se deberán flexibilizar algunos puntos. El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha mantenido varios encuentros con el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, para evitar malestar en la jerarquía católica, molesta porque la ley equipara todas las religiones en deberes y derechos.

En Cataluña hay censados 3.500 locales para uso religioso, en su mayoría iglesias católicas. Los municipios tendrán 10 años para adaptar toda su planificación urbanística a la nueva ley.

El vacío legal ha generado disparidad de criterios entre ayuntamientos a la hora de conceder licencias. Algunos han aplicado de forma estricta la ley de policía del espectáculo. Otros han permitido que se abran oratorios sin medidas de seguridad.

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