El listado de apropiaciones, que obviará medio siglo de registros, aún no tiene fecha ni fórmula legal para su publicación
El Gobierno enfría las expectativas de una reclamación de titularidad
Si la falta de medidas políticas globales aboca el caso a los tribunales, cualquier anulación exigirá demostrar la injusticia de cada registro
Paso a paso. Primero, terminar de trabajar con la información remitida por los registros de la propiedad. Después, si tiene encaje legal, publicarla. Y, por último, en el caso de que sea posible, adoptar medidas judiciales. La hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con las inmatriculaciones de la Iglesia católica incluye aún pocas certezas y muchas hipótesis. La última estación del trayecto, la posible anulación de los registros, se enfrenta a un sinfín de trabas. “De momento, el Ministerio de Justicia está trabajando en la elaboración del listado”, señalan desde el departamento que dirige Dolores Delgado, donde rebajan las expectativas despertadas por la publicación este martes de una respuesta por escrito de Justicia al diputado socialista Antonio Hurtado que confirma su previsión de hacer público el listado de los bienes inmatriculados por la institución católica desde 1998. La interpretación más ambiciosa de esta previsión es que, una vez concretada, abrirá las puertas a una reversión masiva de los registros, que podría beneficiar a los particulares que los reclamaran y, fundamentalmente, a las instituciones públicas. Pero hay obstáculos que dificultan seriamente la culminación de este propósito.
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