Cientos de birmanos protestan contra la aceptación de refugiados rohingya

Critican las presiones de la ONU para que el Gobierno acepte a los inmigrantes

Cientos de manifestantes han marchado este miércoles por las calles de Yangón, antigua capital de Myanmar (antes Birmania) en contra de las críticas de la comunidad internacional y de la presión que, según ellos, se está ejerciendo sobre su Gobierno para que acepte a refugiados rohingya. Alrededor de 300 personas, lideradas por un grupo de unos 30 monjes budistas, han gritado consignas en contra de la ONU y de la prensa internacional, a quienes acusan de culpar «injustamente» a Myanmar por la crisis desatada en el mar de Andamán, donde en las últimas semanas miles de personas han vagado durante semanas por aguas asiáticas hacinadas en buques de madera a la espera de ser acogidas por algún país de la zona. Los manifestantes afirman que la mayoría de quienes han llegado al país o han sido rescatados en el mar son ciudadanos de Bangladés que se hacen pasar por rohingya para recibir protección como refugiados. Por tanto, el Ejecutivo no debe hacerse cargo de ellos, aseguran; una idea extendida entre la población.

«Bengalíes, volved a Bangladés, que es adonde pertenecéis» o «Birmania no está a favor de los inmigrantes ilegales» eran algunos de los mensajes que podían leerse en las pancartas que portaban los manifestantes, que alentaban a la población a sumarse a su protesta. Algunos carteles tildaban a los inmigrantes de «terroristas» y «bestias». Los rohingya, una minoría que durante los últimos años ha sido víctima de la trata de personas, vive perseguida en Myanmar, donde se les deniega la ciudadanía desde 1982, cuando se aprobó una ley diseñada prácticamente para excluirlos y que otorga este derecho únicamente a los 135 grupos étnicos reconocidos por el Gobierno. Los rohingya son un pueblo apátrida.

«Si la comunidad internacional presiona al Gobierno birmano para aceptar a los inmigrantes de Bangladés, entonces nosotros instamos al Ejecutivo a resistir», ha afirmado Thar Wa, líder de la organización nacionalista Habyelsaw Tadaban, a la agencia Reuters. «Los bengalíes no respetan el budismo, por lo que no son ciudadanos birmanos. Es tan simple como eso», ha indicado Thu Dammyra, un monje de la organización de derechas Ma Ba Tha Buddhist.

Fosas comunes

Durante las últimas semanas, en la jungla del sur de Tailandia y el norte de Malasia se han encontrado campamentos clandestinos y fosas comunes con cadáveres que las autoridades creen que pertenecen a bangladesíes que huyen de la pobreza y a refugiados rohingya que escapan de la persecución en Birmania. Miles de ellos se han puesto durante años en manos de traficantes de personas para que los lleven en barcos a través de Tailandia hasta Malasia, país de mayoría musulmana. En el camino eran retenidos en campos a la espera de que sus familiares pagaran un rescate.

Las primeras fosas fueron localizadas el pasado 1 de mayo en Tailandia. El hallazgo desencadenó una campaña contra el tráfico de personas. Malasia, que había negado la existencia de campamentos y fosas comunes en su territorio en la frontera con Tailandia, reveló el pasado lunes la localización de 28 campamentos clandestinos con 139 tumbas.

La prensa local, sin embargo, apunta este miércoles a que Malasia conocía la existencia de campos clandestinos en su territorio desde enero y no los desmanteló hasta que estalló la crisis de inmigrantes ilegales en la región. Según el diario malasio The Star, la policía detuvo un grupo de inmigrantes a principios de año que condujo a los agentes hasta un campamento donde había medio centenar de personas enjauladas, con aspecto débil y hambriento, posiblemente rohingyas y bangladesíes. «Estos campamentos han estado operando durante años. Es evidente que las autoridades son conscientes y hay gente que sabía de su existencia a ambos lados de la frontera, posiblemente recibían dinero por hacer la vista gorda», denuncia Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.

Los equipos forenses han comenzado a exhumar los cadáveres para determinar si son víctimas de la trata.

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