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China lanza una gran base de datos para controlar a los religiosos

China lanza, a través de su Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA), una base de datos que recogerá toda la información sobre el personal religioso, informa el portal Asia News.

El gigantesco archivo informático contendrá toda la información sobre el personal religioso, incluidos los castigos recibidos y la cancelación de su ministerio, así como los “premios” y los “castigos” que hayan recibido, incluida la “cancelación” de su ministerio y cualquier “otra información”. Todo ello se mantendrá actualizado “en tiempo y forma”.

El anuncio sobre esta base de datos se contiene en un documento recién presentado por las autoridades, ‘Medidas administrativas para el personal religioso’, con el que se pretende ejercer un control total sobre la experiencia religiosa en el país.

Toda persona que desee ejercer una función religiosa debe cumplir con ciertos criterios previos: debe “amar a la patria, apoyar el liderazgo del Partido Comunista de China, apoyar el sistema socialista, respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las normas, practicar los valores fundamentales del socialismo, adherirse al principio de independencia y autogestión de la religión y adherirse a la política religiosa de China, manteniendo la unidad nacional, la unidad étnica, la armonía religiosa y la estabilidad social” (art.3).

Hay que destacar que entre las “obligaciones” figura la de “resistir [contrarrestar] las actividades religiosas ilegales y el extremismo religioso y resistir la infiltración de fuerzas extranjeras que se valen de la religión”. Para los católicos, esto significa que los sacerdotes y obispos oficiales no podrán expresar su comunión con los sacerdotes y obispos no oficiales, sino que deberán avalar y apoyar la división impuesta por el régimen.

Incluso los obispos católicos, aunque estén “aprobados y ordenados” por el Consejo de Obispos de China, sólo pueden ejercer su ministerio tras inscribirse en el SARA. De este modo, el ministerio pastoral de los obispos es gestionado por el Estado y no por la Iglesia (art. 16).

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