El obispo de Melipilla informa en un comunicado la expulsión del párroco Juan Carlos Pizarro al recibir orden del papa Francisco de su expulsión el 5 de julio de 2021 al confirmar el caso de abuso a un menor. Os dejamos con el comunicado emitido por el obispo:
1. El 31 de julio de 2019, fui informado, por interpósita persona, de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Juan Carlos Pizarro. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2002 a 2004. En esa época la persona violentada era menor de 18 años de edad.
2. Dos días después, es decir, el 2 de agosto de 2019, delegué a una abogada para el inicio de la Investigación Previa, en conformidad al canon 1717 del Código de Derecho Canónico que señala respecto de la autoridad eclesiástica: “siempre que tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y las circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación perezca del todo superflua”.
3. El 8 de agosto de 2019, la abogada se entrevistó con la persona sufriente para una declaración formal. En el encuentro, expresó su dolor indecible y preocupación por eventuales víctimas de antaño o que esto pudiera seguir sucediendo con otros jóvenes. Se lee en el informe de la abogada: “Terminado su relato, se pregunta al denunciante si hay algo que agregar a su testimonio, procediendo en este acto a redactar una carta en la cual hace presente su interés al realizar la presente denuncia canónica y la solicitud del resguardo de su identidad. Se recibe carta suscrita por el denunciante (…)”.
4. El 30 de agosto de 2019, es decir, a menos de un mes después de la denuncia de la persona vulnerada, decreté la conclusión de la Investigación Previa, enviando las actas y antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, competente en materias de delitos contra el sexto mandamiento cometido en perjuicio de menores de edad.
5. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el 3 de enero de 2020, ordenó iniciar un Proceso Penal Administrativo, el que se inicia el 13 de febrero de 2020, después de ubicar a canonistas competentes, diligentes y disponibles para llevar adelante el Proceso.
6. A causa de la pandemia, del confinamiento dispuesto por la autoridad sanitaria y la necesidad de entrevistar, cara a cara, a testigos cualificados, el Proceso Penal Administrativo se concluyó el 19 de octubre de 2020. Y teniendo en cuenta los informes de dos canonistas que leyeron las actas y la conclusión del juez, enviaron su parecer al mes siguiente y nos reunimos todos presencialmente a inicios de diciembre. Al finalizar el año, envié la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe con mi voto aprobando la conclusión del juez y de los asesores canonistas, es decir, “se llegó a la certeza moral de la culpabilidad del mencionado sacerdote” y que la pena era la dimisión del estado clerical.
7. Con fecha 5 de julio del presente año, el Papa Francisco concedió la petición de dispensa del estado clerical, en conformidad a lo que señala la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a casos referidos directamente al Santo Padre: el Dicasterio “presenta (…) solicitudes de sacerdotes acusados que, habiendo reconocido sus delitos, piden la dispensa de la obligación del sacerdocio y desean volver al estado laical”.
8. La dispensa no es una gracia que exculpa al sacerdote. Es un mandato. No ejercerá nunca más el ministerio sacerdotal.
9. En el ámbito de la justicia ordinaria, en conformidad al Artículo 175 del Código Procesal Penal, no hay obligación de denunciar el delito, ni menos cuando su sanción se encuentra prescrita. Sin embargo, informaré a la Fiscalía, buscando salvaguardar el bien de las comunidades diocesanas y que el nombre de la persona vulnerada se mantenga en absoluta reserva. Él lo sabe.
10. Mi palabra es de solidaridad y cercanía con la persona dañada por el sacerdote. Agradezco a quienes han acudido a mi. Tenemos un Consejo de prevención de abusos, que lidera el P. Juan Pablo Miranda. Cuenta con la ayuda de personas de auténtica adhesión eclesial y son competentes: abogadas, asistentes sociales, catequistas, educadores, sacerdotes.
