Chile: Fiscalía cita a altas autoridades de la Iglesia luego de incautar 461 expedientes canónicos

Declararán como imputados el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati; el presidente del Episcopado, Santiago Silva, y los obispos eméritos Juan Barros y Gonzalo Duarte.

Una serie de diligencias tiene programadas para el próximo mes el equipo investigador que encabeza la Fiscalía Regional de O’Higgins. Tomará declaración como imputados al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y al presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense, Santiago Silva. Y, en la misma calidad, requirió a dos obispos eméritos: Juan Barros, de Osorno, y a Gonzalo Duarte, de Valparaíso.

En junio pasado, el Papa les aceptó la renuncia a estos últimos: el Episcopado chileno le puso sus cargos a disposición.

La comparecencia de las actuales y ex altas autoridades de la Iglesia se dará en la arista de encubrimiento de abusos sexuales en la Región de O’Higgins, tras la incautación y el inicio de la revisión de 461 expedientes canónicos. De ellos, 70 fueron encontrados en el archivo del Tribunal Eclesiástico, en el Arzobispado de Santiago, y en la Oficina Pastoral de Denuncias. Otros 391, en el obispado castrense.

Ezzati prestará declaración la primera semana de octubre; Duarte y Barros, la segunda y tercera, respectivamente, y Silva, la última.

Tanto Barros (2004-2015) como Duarte (1995-1999) están citados como ex obispos castrenses.

El primero era integrante de la extinta Unión Sacerdotal, liderada por el sancionado párroco de El Bosque, Fernando Karadima, y ha sido sindicado por los denunciantes como encubridor de abusos sexuales. La ministra de la Corte de Santiago Jessica González acreditó que cometió abusos deshonestos reiterados contra James Hamilton, Juan Carlos Cruz y Fernando Batlle, entre 1980 y 1995.

Duarte, además de ser investigado como encubridor, tiene una causa eclesiástica por el abuso sexual del ex seminarista de Valparaíso Sebastián del Río.

En el caso de los ex obispos castrenses, se está indagando si las denuncias recepcionadas por ellos fueron indagadas por la justicia canónica y, en caso de que ello hubiera ocurrido, si derivaron las causas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, instancia del Vaticano que, entre otras funciones, dicta la sentencia contra el clero y personal consagrado en el caso de menores de edad.

Paralelamente, el fiscal nacional, Jorge Abbott, debe definir si zanjará los cruces de diligencias generados en las causas. El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, tiene la competencia de los casos de Rancagua y lo que surja de ellos. Mientras que su par metropolitano Sur, Raúl Guzmán, el caso Maristas.

Ambos, por ejemplo, han citado a Barros. También han coincidido en la indagación por abuso sexual reiterado contra Jorge Laplagne. La denuncia fue hecha por un ex acólito que acusa al sacerdote de haber abusado de él reiteradamente cuando era adolescente y se querelló en Rancagua. Por lo pronto, el jefe de la Unidad de DD.HH. y Delitos Sexuales del Ministerio Público, Luis Torres, pidió informe a ambos persecutores para que la Fiscalía Nacional estudie una eventual definición.

Octubre. Cada comparecencia está programada para cada semana del mes.

361 expedientes eclesiásticos fueron incautados por la fiscalía en el Obispado Castrense.

70 en el Tribunal Eclesiástico y en la Oficina Pastoral de Denuncias.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...