Actualmente en el Perú el Ministerio de Justicia le dispensa a la Iglesia Católica una subvención que asciende a los 2’603.000 soles anuales, que se destinan a las “personas, obras y servicios” de esa institución y que provienen del erario nacional.
En teoría, el Estado Peruano es un Estado laico, que respeta la libertad de cultos dentro de su territorio y no concede ventajas especiales a ninguna de las iglesias que desarrollan sus actividades en el país. La Constitución vigente dice que “el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”; y nada más. Pero, claro, eso es en teoría.
En realidad, en virtud a un acuerdo firmado en 1980 con la Santa Sede y con el propósito declarado de garantizar “el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación”, el Ministerio de Justicia le dispensa a la Iglesia Católica una subvención que asciende a los 2’603.000 soles anuales, que se destinan a las “personas, obras y servicios” de esa institución y que provienen del erario nacional. Es decir, de los impuestos que tenemos que pagar todos los peruanos, los que son parte de la Iglesia Católica pero también los que no e, incluso, los que se oponen a ella.
Como los grandes aportes materiales que ha tenido y sigue teniendo la Iglesia Católica en el Perú –que, a través de sus diversas organizaciones de ayuda social, es la principal benefactora no estatal de los más necesitados– no son un argumento para este subsidio (las organizaciones sin fines de lucro tienen su propio régimen tributario especial), se suele responder sumariamente a la controversia que esta inequitativa circunstancia suscita con un argumento cuantitativo. Es decir, alegando que el Perú es un país mayoritariamente católico y que las cifras desembolsadas no son significativas. Lo que, como es obvio, son observaciones que no responden a la objeción principista de fondo. A saber, ¿por qué un Estado laico tiene que subsidiar a una determinada iglesia, usando además para ello los impuestos de los ciudadanos que no creen en ella o profesan una religión distinta a la subsidiada?
Pues bien, ante el resurgimiento de esta inquietud en medio de la actual campaña electoral, algunos candidatos parecen haber encontrado para la injusticia señalada un remedio que es peor que la enfermedad: extender el subsidio (y las exoneraciones) a muchas o a todas las iglesias que existen en nuestro medio. Así, por ejemplo, Keiko Fujimori ha dicho que, en la medida en que un 20% de peruanos pertenece a las iglesias cristianas, adventistas o mormonas, ella considera que el Estado podría, “de manera proporcional”, también ayudarlas. Por su parte, el aspirante de Todos por el Perú, Julio Guzmán, ha anticipado que piensa promover que otras fes –aparte de la católica– también tengan un financiamiento estatal. Y, aunque hablando a título personal y no a nombre de su partido, la candidata vicepresidencial de Perú Posible, Carmen Omonte, se ha pronunciado en un sentido similar, con la aclaración de que el nuevo subsidio no debería alcanzar a las ‘sectas’.
Cabe anotar que la única postulante que ha admitido la posibilidad de eliminar la subvención de raíz es Verónika Mendoza del Frente Amplio. Pero aun ella ha dudado si quizá no convendría ampliar el subsidio a otras confesiones. “A todos o a nadie”, ha sentenciado.
Sea como fuere, esto significa que corremos el riesgo de que, a la inadvertida contribución obligatoria que –a semejanza del antiguo diezmo– ya le pagamos a la Iglesia Católica, se le agreguen con el próximo gobierno otros diezmos destinados a, literalmente, sabe Dios cuántas otras iglesias. Y de que, en consecuencia, al grito de ‘chapa tu diezmo’, fundar una de estas instituciones, para gozar de la financiación estatal que pueden recibir y las exoneraciones tributarias que se les otorgan, se convierta en un negocio.
Todo esto sin contar, por supuesto, con la pesadilla que sería sin duda la elaboración de la legislación o el reglamento en los que se tendría que establecer los criterios de proporcionalidad para el referido subsidio o qué es una Iglesia y qué una ‘secta’.
Lo cierto es que lo razonable es que cada institución religiosa recabe la contribución voluntaria de sus propios feligreses, y que luego pague todos los impuestos que se deriven de las actividades gravables que realicen.
Retirar esa carga de las espaldas de los contribuyentes o destinarla a fines que nos beneficien a todos en tanto ciudadanos y no adscritos a tal o cual fe es realmente justo y necesario. Pero hasta ahora, en su mayoría, los candidatos prefieren al parecer ahorrase el problema y simplemente seguir pasándole la factura a toda la ciudadanía.
