CGT denuncia que en Puerto Real se obliga a las familias a escolarizar en centros confesionales

Educación desvía alumnado de la escuela pública al colegio privado religioso Juan Pablo II-Santo Ángel de Puerto Real de la  fundación integrista Educatio Servanda. La pésima previsión de la Delegación y la Consejería de Educación, que no ha  construido un colegio público en la zona de Casines y el cierre de una línea de infantil en el Arquitecto Leoz provoca la reubicación de 35 alumnos lejos del barrio, 12 de ellos son enviados al Santo Ángel recientemente comprado por Educatio Servanda. En cursos pasados se han cerrado líneas de infantil  en los centros públicos mientras se han ampliado en los privados religiosos como La Salle.

Parece el mundo al revés, el PSOE andaluz obliga a familias que desean la escuela pública a escolarizar a sus hijas e hijos en un centro privado confesional, y tendrán que “comulgar” con ruedas de molino.

De nuevo la Delegación y la Consejería de Educación del Gobierno andaluz acuden en apoyo de la enseñanza religiosa frente a la pública en Puerto Real. Si hace apenas dos años la ampliación del concierto educativo en infantil al Colegio de La Salle provocó el cierre de varias unidades en centros públicos. Ahora se derivan a 12 alumnos que habían elegido la escuela pública al Colegio Santo Ángel, ahora llamado también Juan Pablo II lo que supone un verdadero salvavidas para un centro que apenas ha tenido siete solicitudes dada las polémicas ideas de la fundación integrista que lo ha adquirido recientemente.

La Junta de Andalucía da así un espaldarazo a una fundación vinculada a la versión más integrista del catolicismo y que ha crecido de la mano de las políticas privatizadoras de Esperanza Aguirre en Madrid y de su Consejera de Educación Lucía Fígar. Educatio Servanda en una curiosa “fundación educativa” presidida por un constructor,  Juan Carlos Corvera, vinculado al grupo ultracatólico SCOUTS DE EUROPA, que ha crecido de manera meteórica desde se creación. Se inscribió en el Registro de Fundaciones el 12 de Diciembre de 2006 y apenas un año y medio desde su inscripción, y sin acreditar experiencia educativa alguna la Comunidad de Madrid le concedió  26.000 m2 por 75 años para la construcción y gestión de un centro educativo privado concertado. Se trata de un verdadero “milagro”: la Comunidad de Madrid le cede los terrenos gratuitamente, el profesorado se paga con dinero público y el edificio lo construye su propia empresa constructora (CyC Construcciones). En la actualidad posee numerosos colegios repartidos por casi toda España.

Esta es la fundación que ha comprado recientemente el Colegio Santo Ángel de Puerto Real y cuyo ideario religioso integrista  se ha manifestado desde el principio. Desde el cambio de nombre del centro, que ha pasado a llamarse Juan Pablo II-Santo Ángel, a su manifestada preferencia por la segregación del alumnado por sexo (aunque ¿de momento? no se vaya a aplicar en Puerto Real).

El escrito de información sobre el centro que hacen firmar a las familias deja claro su ideario integrista católico. Así, a pesar de tener la obligación de tener que prestar un servicio público a todos los ciudadanos, sin distinción, por ser sufragado por fondos públicos, solo se admite a los no católicos  si “comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores, tengan un pleno respeto de su ideario y demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada”. Y sigue: “así desde el colegio se promoverá la recepción de los sacramentos y la asistencia a la Santa Misa por parte de los alumnos y las familias”. Por si no queda suficientemente claro se recalca antes del espacio para la firma: “Quedamos enterados del contenido del presente documento y nos comprometemos a respetar el ideario y carácter propio del Colegio …”

CGT considera muy grave el que se desvíe alumnado a pesar de la explícita oposición de las familias hacia un centro privado religioso que vulnera la libertad de conciencia del alumnado como manifiesta abiertamente en la información que obliga a firmar a las familias en el proceso de matriculación.

De nuevo se pone de manifiesto la hipocresía de la Junta de Andalucía que dice defender la escuela pública pero de hecho su política está al servicio de la privada concertada. Incluso como es el caso en su versión más integrista.

Quedan muchas preguntas en el aire:

¿Cómo es posible que tras más de 10 años que lleva el barrio de Casines no se haya construido aún un solo colegio público en la zona?

¿Cómo se han concedido en los últimos años nuevos líneas concertadas (pagadas con dinero público) a centros privados como La Salle mientras se han cerrado líneas en colegios públicos?

¿Por qué se mantiene un concierto cuando el titular que lo firmó en su día, ha cambiado? ¿No debería haberse rescindido puesto que el colegio ha pasado a una empresa que no ha firmado ese concierto? Máxime cuando no tiene apenas demanda (solo ha tenido 7 solicitudes).

Desde CGT Enseñanza exigimos a la Delegada de Educación de Cádiz, Cristina Saucedo, que dé una solución a las 35 familias que por la pésima planificación de esa Delegación, salen desplazadas de su barrio, con la reapertura de la línea de infantil en el Arquitecto Leoz, mientras se comienza de manera inmediata un nuevo colegio público en la zona de Casines y, en cualquier caso, que nadie que elija un centro público sea derivado a uno privado y que se garantice, si fuera necesario temporalmente, mediante  transporte escolar gratuito para las familias que lo necesiten, la escolarización en los centros públicos que puedan acogerlos.

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