Centros católicos concertados. ¿Discriminación en la contratación de docentes?

¿Existen presuntas prácticas discriminatorias en la contratación de personal docente en centros educativos católicos concertados?

Cualquiera diría que España es un país por el que no pasa el tiempo. Desde el punto de vista socio-político, algunas de las estructuras vigentes durante el franquismo siguen hoy en día acaparando importantes cotas de poder. Un conocido ejemplo lo encontramos en el triángulo formado por los vértices constructores, poder financiero y poder político, cuya alianza fue un pilar de la pasada dictadura y la principal causante de los desequilibrios económico-sociales ocasionados por la reciente burbuja inmobiliaria (1). Pero ¿qué me dicen de la iglesia católica? 

Permítanme contarles una anécdota que tiene poco de anecdótica. Me la contó un amigo, profesor interino afectado por los recortes, que se ha visto obligado a empezar de nuevo, buscando trabajo en cualquier parte, incluidos los centros concertados católicos. 

Mi querido amigo, a quien llamaremos X, cuenta con un curriculum brillante: nota media de expediente sobresaliente, doctorado, oposición aprobada en cuatro ocasiones (aunque sin obtener plaza por el concurso de méritos), años de servicios prestados como docente interino, dos idiomas extranjeros, cursos de formación psicopedagógica y un largo etcétera. Según relata, en varias entrevistas en centros católicos concertados de distintas partes de España, se ha encontrado invariablemente con la misma constante: el empleador trata de averiguar su perfil religioso, y en ocasiones político, mediante instrumentos diversos tales como preguntas directas cara a cara, cuestionarios o tests. En la última ocasión pasó por dos entrevistas distintas: una técnica sobre aspectos relacionados con la profesión docente y otra espiritual, dirigida por un cura septuagenario que le interrogó concienzudamente para averiguar sus creencias religiosas y sus ideas políticas. 

Ya me habían llegado rumores semejantes, sobre el enchufismo en estas empresas públicas, pero aun así quedé sorprendido por unos supuestos procedimientos que podrían considerarse delictivos. En el artículo 16.2 de la Constitución se dice textualmente: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Puede decirse que X no estaba obligado a declarar sobre su parecer religioso e ideológico, nadie le amenazaba con un arma, pero cuando se superan los seis millones de parados y se tienen cargas familiares se siente cierta obligación. Además, aunque lo sucedido no supusiera una coacción, no responder implicaba la pérdida de toda probabilidad de ser seleccionado. 

Los lectores sabrán que los colegios católicos concertados se financian con dinero público. De los presupuestos del estado se destina una cantidad determinada, miles de millones, a pagar las nóminas de profesores, personal administrativo, gastos de mantenimiento y otros conceptos varios. Evidentemente, ese dinero se ha recaudado sin distinciones de ningún tipo entre los impuestos pagados también por ateos, agnósticos, musulmanes, masones, socialistas, comunistas, católicos que no estarían conformes con esa forma de proceder, o gays y lesbianas, estos últimos muy perjudicados por la imagen que de ellos transmite la iglesia católica. Entonces, ¿por qué se permiten supuestas prácticas discriminatorias como la relatada? ¿Por qué quienes pagan estos servicios son  presuntamente discriminados religiosa o ideológicamente cuando optan a puestos de trabajo que ellos mismos hacen posibles? ¿Desconocen las autoridades públicas estos hechos? Porque si no es así, la Constitución Española en su artículo 8.2 expresa: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo (…) sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud…”

Consideremos ahora un matiz para apreciar las posibles dimensiones del problema.  Los colegios católicos concertados representan aproximadamente el 40 % del total de la oferta educativa financiada con dinero público (2). Dado que los privados en sentido estricto no superan el 2,5 % de la oferta educativa total, esto significa que la iglesia controla directamente la contratación de personal en el 40 % de los centros educativos. Obviamente la pregunta que se sigue de aquí es la siguiente: ¿Cuántos centros católicos practicarían la discriminación por criterios religiosos e ideológicos entre los candidatos a un puesto laboral, docente o de otro tipo? 

Carecemos de datos en este sentido, de modo que seguimos suponiendo: si lo ocurrido a X fuera un modus operandi de la iglesia católica para contratar sólo a los afines, entonces, debido al gran volumen de centros controlados por esta institución, estaríamos hablando de una posible discriminación a gran escala en el sector educativo. Esta posible segregación de los aspirantes a docentes tendría una repercusión notable en la formación y el perfil ideológico-religioso de los ciudadanos del futuro. Es decir, si usted quiere dedicarse a la enseñanza considere que de entrada el 40 % de las plazas financiadas con dinero público presuntamente le podrían estar vetadas si se ha educado en la escuela pública, no está bautizado ni ha hecho la comunión, si carece de conocidos en el centro en cuestión, tiene usted una ideología de izquierdas detectable, es usted musulmán o su empleador puede sospechar de la “corrección moral” de sus inclinaciones religiosas, sexuales o políticas. Y todo esto que presuntamente sucede, se financia con dinero público.

En la conversación con X hubo algo que me conmovió. El pobre me dijo, realmente afectado: “todo esto que te cuento es indignante, pero lo que más me jode es que yo, y todos los interinos, hemos tenido que superar una oposición para optar a un empleo público y muchos miles estamos ahora en el paro porque los recortes han ido directamente contra nosotros. Sin embargo, el profesorado de los centros concertados recibe un salario público, no ha tenido que pasar por una oposición ni se ha visto afectado significativamente por los recortes del gasto público”. ¿Es conveniente pertenecer a la comunidad católica para prosperar en este país? ¿Qué porcentaje de los empleados en el sector educativo tiene algún tipo de vínculo con la iglesia católica?

Notas

(1) Navarro, V. Torres López, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur. ATTAC España. 2011. Descárgalo gratis en pdf.

(2) Registro Estatal de Centros

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