PSOE y Podemos de Castilla-La Mancha consumaron ayer el pacto presupuestario que intenta eliminar la financiación pública de los servicios religiosos católicos en la sanidad pública, la educación o el bienestar social. Ambas formaciones plasmaron en una iniciativa parlamentaria, que será debatida en el Pleno del Parlamento regional, los términos de este acuerdo.
La Proposición no de Ley insta al Gobierno a suspender el Concordato con el Vaticano, en virtud del cual las administraciones públicas, en este caso los Ejecutivos regionales, deben asumir el coste de esta atención religiosa. Igualmente, piden que el Gobierno garantice la libertad de cualquier persona arecibir la atención religiosa que precise, de acuerdo a su confesión, sin discriminación de ningún tipo.
En el caso de Castilla-La Mancha, el presupuesto de 2016 contempla 408.000 euros para la sanidad, la misma cantidad que recogían las cuentas del anterior Gobierno del PP; y 10.000 para bienestar social, un poco más de los 8.710 euros de 2015.
Desde la Conferencia Episcopal se afronta este ataque con serenidad. El director de Pastoral de Salud, Jesús Martínez, aseguró a ABC que «no pasa nada. No tenemos miedo a que nos quiten el dinero, se buscará la fórmula de garantizar el servicio. Los acuerdos son para ser hablados y dialogados». En este sentido, matizó que «uno no se puede asustar ante la historia», aludiendo al nuevo momento político, pero señaló que «el Gobierno tiene la obligación de garantizar un servicio religioso a los enfermos».
El sacerdote insistió en que este tipo de servicios no son «un privilegio de la Iglesia, sino un derecho del enfermo» y que también hay acuerdos con otras confesiones religiosas para prestar estos servicios.
La Iglesia recibe una media de mil euros por capellán a jornada completa las 24 horas del día los 365 días al año, excepto el mes de vacaciones. La cuantía está en función del número de camas. Esta cuantía la fijó el Gobierno de Felipe González.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Educación del PP en Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, denunció «la manera de impregnar ideológicamente todo, de una manera sectaria» y atribuyó la decisión del Gobierno del socialista Emiliano García-Page a la «inquina» que tiene Podemos contra la Iglesia. A juicio de la parlamentaria popular, «hay millones de cosas más importantes antes que quitar esta financiación».
