Apreciado Ignacio Celaya:
Tras recibir tu pronta y amable respuesta de fecha 13 de abril de 2010 , quiero ante todo expresarte mi voluntad de establecer unas vías de diálogo entre el Movimiento hacia un Estado Laico, al que pertenezco y coordino, y la Dirección General de Participación Ciudadana, a tu cargo, perteneciente al Gobierno de Aragón, y que, por tanto, debe velar por los intereses, bienestar, derechos y libertades de toda la ciudadanía por igual.
Para que el diálogo sea veraz y eficaz, los interlocutores han de partir de unas bases comunes sólidas y compartir unos objetivos esenciales también comunes. En nuestro caso, debemos reconocer el carácter público de todas y cada una de las instituciones del Estado (entre ellas, la Dirección General de Participación Ciudadana de la Diputación General de Aragón) y el carácter privado de los grupos, instituciones, asociaciones, organizaciones, iglesias, clubs, cofradías, gremios, etc., existentes en nuestra sociedad.
El Estado y sus instituciones han de ser autónomos e independientes respecto de los intereses de las personas y grupos que componen la sociedad. Lo que fundamentalmente deben garantizar el Estado y sus instituciones es la plena libertad para que la ciudadanía haga realidad sus derechos y libertades y que ello se ejecute con plena igualdad. Pues bien, solo un Estado que esté por encima de cualquier instancia privada y sea independiente de la organización, funcionamiento e intereses de cualquier institución privada puede garantizar esa libertad y esa igualdad. Ciñéndonos al campo de las confesiones religiosas, tal como recientemente la Dirección General ha planteado y propuesto en el I Encuentro Formativo “Cuestión pública y hecho religioso, el único medio que garantiza a todas las ideologías, creencias y convicciones esa libertad y esa igualdad es un Estado aconfesional, tal como se declara en el artículo 16.3 de nuestra Constitución.
Ciertamente, en la sociedad donde vivimos hay muchas confesiones e iglesias distintas, al igual que hay muchas agrupaciones deportivas, culturales, financieras o humanitarias. A todas ellas y a las personas que las integran deben garantizar el Estado y sus instituciones libertad plena e igualdad plena para que pueden ir desarrollándose como organizaciones y conseguir sus objetivos.
Ahora bien, si quieren construir un templo y para ello necesitan suelo y recursos económicos deben ser los propios integrantes de cada confesión quienes sufraguen todos esos gastos con sus aportaciones, pues las distintas iglesias deben asumir que no hay otra vía democrática que su propia autofinanciación. Así como un ciudadano no pretende otra cosa a la hora de, por ejemplo, poner un pequeño comercio (no se le ocurre reclamar suelo público y mucho menos que se lo financien desde la Administración) y paga todos los impuestos correspondientes, no hay razón para hacer otra cosa con otras instituciones, religiosas o no, que pertenecen al ámbito privado de la vida ciudadana.
Si quieren impartir doctrina religiosa a sus adeptos jóvenes tienen para ello sus templos, instalaciones y los hogares de los propios niños, pero en ningún caso deberían hacerlo en la escuela pública. Allí deben impartirse saberes, pero no creencias. Nos parece un desvarío institucional que, lejos de poner remedio a la situación existente hasta ahora, se pretenda desde la propia Administración aumentar la plantilla de profesores de religión, extendiéndola a otras religiones más. Y es que el remedio de una situación irregular nunca debería ser extender y aumentar esa misma irregularidad. Produce una cierta estupefacción que desde algunas instituciones públicas del Estado se defienda y se promueva que para democratizar los privilegios de la iglesia católica hay que abrir las puertas a otras religiones para que puedan tener en igualdad de condiciones capellanes en el ejército, en los distintos Cuerpos de seguridad, en los hospitales, además de los profesores de religión.
Estos y otros muchos aspectos de la vida ciudadana resultarían mal abordables desde la Administración Pública si se partiese del hecho de la multiconfesionalidad. Las instituciones del Estado deben tener en consideración una realidad mucho más global, que comprende a toda la ciudadanía: la libertad de conciencia, de la que la libertad religiosa constituye solo una parcela concreta entre otras muchas. Una verdadera y real participación ciudadana solo es posible sobre la base de la aconfesionalidad constitucionalmente definitoria de las instituciones del Estado.
Sobre estas bases, que no pertenecen solo al movimiento laico, sino que delimitan los rasgos esenciales de toda institución del Estado, y sobre las que supongo que quieres que se asiente también la Dirección General de Participación Ciudadana, que diriges, será magnífico tener encuentros e intercambiar perspectivas sobre el asunto.
Un cordial saludo
Antonio Aramayona, coordinador de MHUEL
