Tarde, muy tarde, pero de golpe y porrazo, la Quinta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dio carpetazo a las más de siete mil quejas presentadas en el 2008 por el donativo de 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires.
Según la Quinta Visitadora, Norma Cristina Robledo Saldaña, no existe ley que prohíba al gobernador otorgar recursos económicos a las instituciones privadas. “Al contrario, la Ley de Prespupesto, Contabilidad y Gasto Público le faculta y otorga la potestad para la determinación y otorgamiento de subsidios a los sectores social y privado”, dice el documento.
Si bien, un medio informa hoy sobre este “carpetazo”, solo Proyecto Diez obtuvo en exclusiva copia de la resolución dictada por la Quinta Visitaduría en relación a la queja 712/2008-V y sus acumuladas. Se trata del oficio 255/11-V que ordena “archivar definitivamente” las quejas con base en el artículo 110m fracción III del reglamento de la CEDHJ. Firma la visitadora Norma Cristina Robledo Saldaña.
“En base al análisis de las pruebas ofrecidas por los servidores públicos involucrados, robustecieron su informe con copias certificadas de los documentos que mencionan en sus informes, de los informes y constancias recabadas por esta comisión, como parte de las investigaciones realizadas, así como las pruebas aportadas por algunos inconformes de este procedimiento, este organismo concluye, que del conjunto de las constancias que obran en el presente expediente no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido de las quejas presentada y cumuladas de la presente”, señala el documento que obra en poder de Proyecto Diez.
Cuando el documento habla de funcionarios involucrados, se refiere al gobernador Emilio González Márquez, al ex secretario de finanzas, Oscar García Manzano y el secretario de Turismo Aurelio López Rocha.
“Esta comisión determina que los servidores públicos involucrados en ningún momento ejecutaron actos que impidieran a los inconformes profesar libremente sus creencias religiosas o practicar ceremonias, devociones o actos de culto religioso. Se descarta que dichos servidores públicas hayan cometido acciones u omisiones por las cuales se prohíba alguna religión”, reflexionó Robledo Saldaña en la resolución.
Según el documento, las pruebas presentadas por el gobierno del Estado demuestran que el donativo “no fue hecho a una asociación religiosa, sino a una asociación civil cuyo objeto es claramente social párale beneficio de la población en el estado”.
El documento lleno de eufemismos y evasivas, señala que no hubo violación por el simple hecho de que los cheques 8663004 y 863005 se regresaron a las arcas estatales. Y como otra prueba documental, el gobierno presentó el acuerdo PF/AAA/029-092-138/08 que dejaba sin efecto las donaciones.
“Esta comisión determina que el licenciado Emilio González Márquez, Oscar García Manzano y Aurelio López Rocha, no incurrieron en el ejercicio indebido de la Función Pública ni violaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica pues la ley de Presupuesto, Contabiliad y Gasto Público es clara y les otorga la facultad discrecional de proporcionar subsidios”, rematan.
