Las declaraciones del cardenal Rouco sobre el IBI y Cáritas muestran una vez más las contradicciones y falsedades de la jerarquía eclesiástica. Una organización que vive del subsidio público, antes imponiendo tributos propios con el diezmo, y desde 1845 con la Ley de Donación de Culto y Clero en tiempos de Isabel II se instaura el pago por el Estado de los sueldos del personal eclesiástico, que los Concordatos han mantenido, salvo el paréntesis de la II República. Hoy en día el pago del culto y el clero se realiza mediante la casilla de la asignación tributaria. A parte de esta fuente de financiación, la iglesia católica recibe 11.000 millones de euros, una parte de ellos para el mantenimiento con fondos públicos de una red de asistencia social (hospitales, residencias, comedores y otras instituciones benéficas que superan los 3.200 millones anuales.
Cáritas, una organización de la iglesia para ejercer la caridad, también está subsidiada por el Estado, las Comunidades, las Diputaciones, los Ayuntamientos. Estos últimos han optado en muchos casos por pagarle a esa organización por atender transeúntes, comedores, atención social,… Una forma de privatización confesional de servicios sociales que antes se atendían directamente por las Administraciones Públicas. Los propios datos de Cáritas reconocen que en los últimos años la iglesia sólo aporta un 1 o 2 por ciento de los ingresos de esta entidad, el resto son subvenciones públicas (38%) o donaciones privadas (60%) entrando en este apartado las subvenciones de las Cajas de Ahorros que con su Obra Social realizan millonarias aportaciones a esta organización. Una subvención importante del Estado es a través de la asignación a fines sociales en el IRPF, además de otras subvenciones de distintos ministerios. Igualmente cuentan con subvenciones de Comunidades, Diputaciones y Ayuntamientos, algunas de ellas recogidas en esta misma web.
Una noticia aparecida en el periódiódico La Verdad el pasado 15 de mayo (http://www.laverdad.es/albacete/v/20120515/albacete/caritas-administracion-20120515.html) reconoce una deuda de 3.500.000 sólo en la Comunidad de Castilla La Mancha.
El laicismo apuesta por los servicios públicos y la solidaridad y no por subvencionar la caridad y el proselitismo de estas organizaciones, que lleva en general a una confusión sobre quién costea la atención social en este país. Y después cada cuál que haga su caridad o su solidaridad con su dinero o su voluntariado. Porque también hay que decir que es falso cuando se dice que no hay organizaciones no religiosas que no atiendan necesidades sociales o no cuenten con voluntariado altruista para realizar su labor. Lo cierto es que es difícil competir con una organización tan bien subsidiada y tan rica y poderosa como la iglesia católica.
