Aquellos que hayan sido capaces de aguantar hasta el final del decadente informativo de La 1 al mediodía, y tras el correspondiente panfleto autonómico, habrán observado una novedad en la parrilla de la Televisión Pública. Se llama Entre todos, un programa presentado por una histriónica presentadora desconocida para muchos excepto para los espectadores de Canal Sur, que busca ayudar a ciudadanos en apuros a través de las aportaciones de los televidentes.
Un señor “con cara de honrado” que pide 15.000 euros para montar una tienda de congelados; una chica a la que un espectador le pagará la carrera a cambio de que su madre “le limpie el piso…” Muchas lágrimas y muy bonito todo, en principio y a juzgar por cómo se rompen las manos a aplaudir los abueletes del público. Pero bastan cinco minutos ante la pantalla para empezar a notar la caspa que inunda todo.
TVE define el programa como “un espacio de servicio público que impulsa la solidaridad”. Pero en realidad es caridad en estado puro, la hermana bastarda de la solidaridad, que se vuelve perversa cuando deja de ser anónima y se hace ante las cámaras: es el menudeo y el aprovechamiento de la miseria humana en la que estamos inmersos para arrancar unas cifras de audiencia en una cadena que hace aguas.
Ciudadanos flagelados por los recortes del Gobierno, los mismos que TVE oculta o minimiza, se ven obligados a compartir su desgracia a la espera de que algún compatriota, al que le vaya menos mal, se apiade y comparta unos euros con ellos. Ante el desplome de nuestro Estado del Bienestar surge este mercado negro para sustituir con favores lo que hasta hace unos días eran derechos: becas, ayudas a la Dependencia, créditos…
Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), ha rechazado con una lógica contundente participar en el programa Entre todos. En una nota del sindicato explican que “los y las trabajadoras sociales consideramos inadmisible que la televisión pública estatal vulnere de una forma tan evidente la dignidad de las personas, mediante un periodismo de lo más amarillo y rancio que llama al llanto y potencia la lástima hacia la persona necesitada”.
Los trabajadores sociales manifiestan que no se oponen “a la solidaridad, a que los ciudadanos contribuyamos con nuestras acciones cotidianas a ayudarnos entre nosotros. Pero esa ayuda nunca debe sustituir el sistema público de protección social, como está ocurriendo”, gracias a que “el Gobierno está ejecutando una campaña, de hechos y mediática, para justificar el sistema de beneficencia preconstitucional, que con tanto esfuerzo se superó”.
Aunque sea menos escandaloso, las televisiones privadas no se libran de estos panegíricos a la caridad. Multimillonarios anónimos en América que se infiltran un par de días en el gueto para repartir migajas de su impresionante patrimonio y son tratados como héroes en un país donde los impuestos son sólo para los pobres. Empresarios de éxito que se hacen pasar por trabajadores de su propia compañía, se hacen los sorprendidos ante los casos de explotación y los resuelven con un talonario que han hinchado a base de plusvalías…
Y poco a poco, la gota malaya va calando en la sociedad. Hace unas semanas, la rectora de la Universidad de Málaga salía con la idea de establecer un sistema de “mecenazgo” para que ciudadanos con posibles pagaran la carrera de estudiantes sin recursos. Y muchos medios de comunicación la sacaron en volandas, con entrevistas elogiosas a su ocurrencia.
Mientras el Gobierno no rectifique su ofensiva contra los derechos sociales, o sea desalojado de La Moncloa, la solución no pasa por volver a la época de los Médici, sino de los Cohn Bendit. Pasa por salir a la calle en masa, como han hecho en Palma de Mallorca, para reclamar lo que es nuestro por derecho y nadie tiene que regalarnos a cambio de unas lágrimas baratas.
