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Cantabria Laica organiza este miércoles una protesta por las inmatriculaciones de la Iglesia

Cantabria Laica y la coordinadora laica Recuperando convocan este miércoles una protesta por las inmatriculaciones –las propiedades que se anotó a su nombre sin serlo—de la Iglesia.

En concreto, será una concentración a las 19.00 horas frente a la Delegación de Gobierno en Santander, en un momento en el que comienzan a trascender los detalles de las propiedades concretas que tenían otros usos.

Pero también en que se ha abierto un intenso debate sobre los abusos sexuales en los colegios religiosos, con investigaciones abiertas en la Fiscalía, pendiente de investigación institucional (Defensor del Pueblo) y con un pronunciamiento a favor de las investigaciones por parte del arzobispado de Madrid, a cuyo frente está el cántabro Carlos Osoro.

La organización se suma así la convocatoria que las asociaciones patrimonialistas convocan en todo el territorio por el escándalo de las inmatriculaciones con el lema: ¡No son 1.000, son 100.000!

Según recuerda, el 16 de febrero del año pasado, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015, en lo que «fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles».

Aunque desde Cantabria Laica advierten de que

•    Nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998.
•    Los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados.
•    Ocultan los bienes inmatriculados como edificios anexos: la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia, etc.
•    Y, sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno.

Por tanto, reivindican la  nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida, además de una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.

Y denuncian que «el Gobierno abandona a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica», criticando que «tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto».

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