Candidatos de Costa Rica evitan apoyar el Estado laico y enfrentarse a la Iglesia católica

Desde candidatos a presidente hasta diputados, la mayoría de quienes tienen alguna aspiración en las elecciones de febrero en Costa Rica evitan enfrentarse a la Iglesia católica en la polémica generada por la iniciativa legislativa de declarar el Estado laico en el país.

La idea de modificar la Constitución costarricense para que la religión católica deje de ser el credo oficial del Estado, como se establece en el artículo 75, ha calentado los ánimos electorales como ningún otro asunto de cara a los próximos comicios.

La iniciativa, redactada por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, fue presentada al Congreso el 3 de septiembre por 13 diputados de los partidos Liberación Nacional (oficialista), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Movimiento Libertario, y cuenta además con el apoyo del presidente Óscar Arias.

La respuesta de los jerarcas católicos condenando enérgicamente el proyecto no se hizo esperar.

La Iglesia señaló de inmediato que se trata de un intento de llevar al país al ateísmo y la pérdida de valores.

Incluso el obispo José Francisco Ulloa pidió a los feligreses no votar por "los candidatos presidenciales que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, el matrimonio y la familia".

"Debemos ser coherentes con nuestra fe y en conciencia no podemos darles un voto (…) cuando un Estado se vuelve ateo es capaz de cometer las peores injusticias y las más bajas aberraciones", manifestó el prelado durante una homilía a principios de mes.

Ante este panorama, los principales aspirantes a la Presidencia se apuraron a definir su posición en contra del polémico proyecto en un país en el que el 75 por ciento de la población es católica, pero menos de la mitad dice ser practicante.

Laura Chinchilla, ex vicepresidenta en el actual Gobierno y candidata oficialista, expresó que no está de acuerdo con la manera en que se planteó la reforma constitucional, pues deja a la religión "como un bien desechable".

Chinchilla, quien marcha a la cabeza en las encuestas, aclaró que ella condiciona la reforma, que requiere ser aprobada en dos legislaturas, a un diálogo entre las iglesias, sobre todo la católica.

"Este es un tema de mucha trascendencia que apela a valores esenciales como para politizarla al calor de una lucha electoral", dijo la candidata.

Por su parte, el opositor Ottón Solís, candidato por el PAC y segundo en la intención de voto, salió al paso de las críticas y aseguró que más bien está de acuerdo con el obispo Ulloa, porque en Costa Rica necesitan "más Dios y más financiamiento a las iglesias".

Hasta los aspirantes a diputados por el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN) han desafiado la opinión del presidente Arias a favor del Estado laico y esta semana publicaron en la prensa un mensaje en el que se comprometen a archivar el proyecto de reforma en cuanto lleguen al Congreso.

Costa Rica, como único Estado confesional de América Latina, tiene la obligación constitucional de destinar parte de su presupuesto gubernamental a la Iglesia católica.

Para el 2010, por ejemplo, el Gobierno tiene planeado girar a la Iglesia unos 560.000 dólares, cifra un 36 por ciento mayor al aporte de este año (411.000 dólares).

Sin embargo, la Iglesia católica juega un papel preponderante en muchos campos como la educación y la política.

Es así como en las escuelas y colegios públicos costarricenses se imparte una asignatura de religión que está dedicada exclusivamente a la enseñanza de la doctrina católica.

Además, asuntos como la prohibición de la fertilización in vitro y la imposibilidad de distribuir guías sexuales laicas a los jóvenes en los colegios tienen el sello católico.

En los últimos años la Iglesia se ha enfrentado a diversas denuncias e incluso es objeto de una investigación de la Superintendencia de Entidades Financieras por irregularidades en el manejo millonario de fondos, pero nada de esto parece tener peso en un año electoral.

El 7 de febrero los costarricenses elegirán un nuevo presidente y los 57 miembros del Congreso, por un periodo de cuatro años.

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