Campañas privadas-dinero público

            Todos los años, desde febrero hasta junio, la Iglesia católica (Ic, en adelante) nos somete a un abusivo bombardeo mediático para convencer a tod@s l@s ciudadan@s que marquen la casilla de la declaración del IRPF. Desde la rueda de prensa allá por febrero, los encartes  en la prensa periódica desde marzo, sus propios periódicos X por tantos en abril y mayo, los folletos propagandísticos en junio, hasta las campañas  audiovisuales en la mayor cadena de cines este mismo mes, presente en todas las grandes  superficies comerciales. Nada es suficiente para convencernos de marcar la casilla del IRPF.

            Debemos tener en cuenta que estamos hablando de una “modesta” Organización que cuenta con 67 publicaciones diocesanas, 145 programas de radio, 256 revistas, 13 programas de TV, cadenas de radio y TV, además de una presencia creciente en internet y en las redes sociales que en 2015 dice haber llegado a más de 10 millones de personas.

            En todo caso, esta abusiva campaña de agitación y propaganda no sería objeto de mi interés, si los 4,8 M€ que se emplean en ella no fueran dinero público que debiera estar al servicio de los intereses generales, y no de intereses tan particulares como los de la Conferencia Episcopal. Y tampoco merecería mi interés si esta cantidad no formara parte de los 250 M€ de dinero público que se trasvasa a la Corporación católica para su mantenimiento, como consecuencia de la “X” en el IRPF.

            Tampoco sería objeto de mi interés si fuera una campaña veraz, cuando en realidad, la única verdad se esconde en la frase que incita a poner la “X” (a ti no te cuesta nada). En efecto, el contribuyente que la marca no pone ni un euro de su bolsillo; el dinero lo pone el Estado, de la “bolsa común” que tendría que estar al servicio de fines públicos (escuelas, sanidad, servicios sociales).

            Por más que la Ic lo repita por tierra, mar y aire, este dinero no se dedica a  actividades litúrgicas, ni pastorales, ni mucho menos sociales (salvo los 6,2 M€ destinados a Caritas en 2016), sino a otras mucho más pedestres como pagar los sueldos y salarios de los 22.000 curas de las parroquias, su seguridad social, los sueldos y seguros sociales de obispos, arzobispos y cardenales (hasta 113 individuos), a las Facultades eclesiásticas, Pontificia de Salamanca, incluso a financiar 13 TV, campañas contra el aborto o beatificaciones. A todo ello lo denomina la Conferencia Episcopal en su web, en relación con dicha campaña, dimensión social sobresaliente o acompañamiento a miles de personas desasistidas.

            Dejemos claras dos cuestiones: 1) Este dinero sale de los Presupuestos del Estado como cualquier otro gasto público. ¿De dónde otro sitio podría salir?¿De alguna caja B?; 2) Debo insistir en que estas cantidades transferidas a la Corporación católica no se dedican a actividades sociales ni benéficas, ni siquiera pastorales o litúrgicas. Por más que se empleen casi 5 M€ en una macro campaña propagandística “urbi et orbe”, se dedican fundamentalmente a mantenimiento del clero y la jerarquía católica.

            Resulta tan evidente esta circunstancia (el hecho de que las tres cuartas partes de lo recaudado por la X del IRPF se emplea en los sueldos de curas y jerarquía católica) que esta información (la de los curas, del orden de 166 M€) la han hecho desaparecer de las últimas Memorias publicadas.

            Y esta financiación por la X del IRPF es sólo una pequeña parte del montante que cada año recibe la Ic, directa o indirectamente (vía exenciones) gracias a los Acuerdos concordatarios de 1979: 11.000 M€, más del 1% del PIB. Este dinero público bastaría para que el millón y medio de hogares españoles con todos sus miembros en paro (1,57 millones, exactamente) tuviera un ingreso mensual por familia de 584€.

            Trascurridas casi cuatro décadas de democracia constitucional, los Acuerdos concordatarios de 1979 siguen sin aparecer en el debate público electoral y los partidos políticos contendientes siguen sin referirse en voz alta (la derecha cripto-confesional ni siquiera en voz baja) a los privilegios económicos, jurídicos y simbólicos de la Ic. Es imprescindible que el próximo gobierno salido de las urnas rompa con este pasado nacional-católico, que aún está presente; que las formaciones políticas con valores genuinamente democráticos y laicistas acaben con este anacronismo de Estado incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones que recibe la Iglesia: con el espectáculo añadido de un Tribunal de Cuentas que fiscaliza a partidos y sindicatos pero no a la Corporación católica, a pesar de que algún miembro de dicho Tribunal ha advertido de que es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto.

            Tampoco me resisto a comentar lo sorprendente que me ha resultado la campaña promovida por el conglomerado de ONG,s que se beneficia de la X de interés social en el IRPF: incitando a marcar conjuntamente la casilla de la Iglesia y la de interés social, Solidaria ha emprendido un camino confusionista y falaz (que atrae con falsas apariencias-DRAE-) bajo el engaño de que se aplica a los mismos fines (marcando las dos podrás ayudar el doble). Como he explicado más arriba, lo obtenido por las X de la casilla de la Iglesia no se aplica a nada que tenga que ver con fines sociales.

            Asimismo, quien marca la X de fines sociales no aporta ni un solo euro de su bolsillo a proyectos sociales, como indica su propia propaganda (a ti no te cuesta nada). Por último, si no se marca dicha casilla no tiene por qué tener ninguna consecuencia, porque cualquier contribuyente puede donar individualmente la cantidad que considere conveniente de su bolsillo a la ONG que prefiera. ¿Dónde está el problema?

            Obviamente, detrás de esta campaña “conjunta” de las X del IRPF se adivina la larga mano del potente grupo de presión de la Iglesia católica en defensa de sus intereses corporativos; de lo contrario tamaña confusión resulta incomprensible.

            Debo advertir que me solidarizo con la situación de los miles de personas en situación de grave necesidad social, así como reconozco la labor benéfica que realizan de forma desinteresada muchas de estas ONG,s. No obstante seguiré defendiendo que los derechos sociales básicos exigibles a los poderes públicos por la Constitución Española no queden al margen de la asignación y discusión de los Presupuestos del Estado, ni de los procedimientos de control que garanticen que se asignen con equidad, eficacia y objetividad, y siempre en función de los intereses generales. De lo contrario, nos situamos en la discrecionalidad y se posibilita la asignación de recursos públicos con criterios clientelistas y sectarios.

            La política de financiación de los gastos sociales debe realizarse en sede parlamentaria, donde reside el poder civil y, por tanto, debe formar parte de la actividad del Estado. A quienes juegan a sembrar el miedo dando a entender que sin la “X social” no habría ayudas sociales, cabe recordarles que el Tercer Sector de Acción Social, compuesto por todo tipo de ONG,s que se dedican a estos menesteres en España, captó recursos en 2013 (último dato disponible), mayoritariamente públicos, por valor de 16.250 M€. Lo que significa que los 280 M€ obtenidos por la X de interés social del IRPF suponen tan sólo el 1,7%.

            Es evidente que mientras el Estado privatiza y desregula derechos sociales, la actividad caritativo-asistencial crece paulatinamente, enmascarando en muchos casos la “fidelización” religiosa de miles de personas con graves necesidades sociales. La imprescindible laicidad de las políticas estatales no puede abandonarse a las fidelidades confesionales (sean cuales sean dichas creencias). De lo contrario nos encontraremos en breve tiempo ante fenómenos comunitaristas muy difíciles de atajar, en los que l@s ciudadan@s serán segmentados por creencias y su representación cívica quedará subordinada a su pertenencia religiosa. Tenemos buenos espejos en que mirarnos: Francia, Reino Unido, Alemania.

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