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Campaña de Abogados Cristianos para que Puente vote en contra de “la libertad de conciencia y el carácter laico del Ayuntamiento” de Valladolid

Óscar Puente en su nombramiento como Caballero de Honor de la Virgen de San Lorenzo. Foto: Archidiócesis de Valladolid

La iniciativa presentada por Sí se Puede se debate en el pleno del lunes y el colectivo ultracatólico ve que el alcalde socialista de Valladolid “puede ser un gran aliado contra esta horrible moción laicista”

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha puesto en marcha una campaña para tratar de impedir que el próximo lunes se apruebe en el pleno municipal una moción presentada por el grupo municipal Sí se Puede “para el impulso de la libertad de conciencia y el carácter laico del Ayuntamiento de Valladolid”. “Podemos va contra los católicos de Valladolid. Y sólo tenemos 72 horas para impedirlo”, advierte el colectivo ultracatólico que cree que el alcalde socialista Óscar Puente “puede ser un gran aliado contra esta horrible moción laicista”.

En su recogida de firmas online, que se ha puesto en marcha pocas horas antes del pleno y de que el alcalde participe como cada año en la “Procesión en honor a La Virgen de San Lorenzo” ya se superan las 3.700 adhesiones.

La petición de los Abogados Cristianos interpreta como una moción para “restringir la libertad religiosa” la propuesta para que se elabore una nueva Ley de Libertad de Conciencia y para que “en los espacios de titularidad pública que dependan del Ayuntamiento de Valladolid no exista simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado, que será convenientemente protegido y conservado, o cuando los símbolos formen parte de los elementos estructurales o artísticos de la edificación”.

Sí se Puede propone también “que no se promuevan desde el Ayuntamiento ritos o celebraciones religiosas a excepción de aquellos que constituyan un patrimonio cultural o artístico de interés reconocido, como la Semana Santa de Valladolid, por ejemplo, cuyo valor cultural, tradicional o artístico, su significado como patrimonio de la ciudad, trasciende al significado puramente religioso”.

“Como Administración, el Ayuntamiento deberá evitar cualquier financiación y convenio con entidades que inviten al incumplimiento de leyes civiles democráticas o inciten al odio xenófobo, a la violencia machista, homofobia o transfobia, o al enfrentamiento entre comunidades culturales, sociales o religiosas”, incluyen además de reclamar que “el Ayuntamiento aborde la recuperación de propiedades inmatriculadas que pudieran ser consideradas patrimonio de la ciudad de Valladolid, si fuera el caso, a partir del censo que actualmente elabora el Ministerio de Justicia y que afecta a inmatriculaciones producidas después de 1998”.

Bolaños, León de la Riva y Puente, los tres alcaldes que ha tenido Valladolid tras la dictadura franquista, en el nombramiento de Caballeros de Honor de la Virgen de San Lorenzo. Foto: Archidiócesis de Valladolid
Bolaños, León de la Riva y Puente, los tres alcaldes que ha tenido Valladolid tras la dictadura franquista, en el nombramiento de Caballeros de Honor de la Virgen de San Lorenzo. Foto: Archidiócesis de Valladolid

Las medidas propuestas son interpretadas por la Asociación de Abogados Cristianos de España como “un paso adelante en contra de la libertad religiosa”, pero creen que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que “es cofrade, lleva a sus hijas a un colegio católico, es Caballero de Honor de la Virgen de San Lorenzo, y vive con mucha pasión la Semana Santa. Y que incluso ha dicho que la aconfesionalidad nada tiene que ver con que la política y la Iglesia estén de espaldas. Puede ser un gran aliado contra esta horrible moción laicista”.

Sí se Puede defiende que “la libertad de conciencia y la laicidad de las administraciones es un tema que va más allá de lo local y entra de lleno en las competencias de la Administración Central, por eso planteamos instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a cambiar una ley, La Ley de Libertad Religiosa, que en su versión actual se aprobó en 1980, en un momento en el que el Estado sólo mantenía relaciones con la Iglesia católica, y que básicamente reproduce el Concordato de 1979, negociado antes de la aprobación de la Constitución del 78”.

“Valladolid es una ciudad diversa y plural desde el punto de vista social, cultural y religioso y es fundamental, en un estado democrático, que las instituciones garanticen, desde la laicidad, la libertad de religión y de culto”, se defiende en la moción que la Asociación de Abogados Cristianos trata de impedir que sea aprobada en el Ayuntamiento de Valladolid.


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