Cambiar para que todo quede igual

Con un concordato, la Iglesia católica conservaría todos sus actuales privilegios

La famosa fórmula política puesta en boca del Príncipe por el italiano Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo), sigue plenamente vigente en la política local de Tiquicia. El caso más reciente es el anunciado en La Nación (26/07/11, p. 12A): el Gobierno se alista para redefinir (itálica del autor) sus relaciones con el Vaticano.

Uno esperaría que, ahora sí, el Estado costarricense se valiera de la ocasión para recuperar lo mucho de soberanía y autoridad locales que se han perdido desde años atrás cuando, por apocamiento y servilismo de sus más altos funcionarios, la jerarquía eclesiástica y su representada se han constituido en un verdadero poder tras el trono, una especie de Estado paralelo que ordena, manda y dispone sin que nadie con autoridad delegada por el pueblo mueva un dedo para cambiar tal estado de cosas.

Concordato. La figura jurídica predilecta de los poderes clericales para esto de avasallar a los Estados es la del “concordato”. En el pasado fueron más frecuentes porque las élites gobernantes hacían lo que querían, sin consultar con sus pueblos; y si, por un lado, la contraparte clerical allá en Roma se aseguraba los privilegios necesarios para imponer en exclusiva su ideología, por el otro lado la bendición eclesiástica otorgaba cierta legitimidad y apoyo espiritual en el caso de que los pueblos se rebelaran contra sus amos.

Los más famosos concordatos de los últimos tiempos fueron el de 1933, con el régimen nazi de Adolfo Hitler; y, más aún, el de 1929 con el régimen fascista de Mussolini. En ambos casos, no se puede negar el espaldarazo que recibieron ambos regímenes en momentos muy oportunos para su consolidación y, en el caso de Italia, la Iglesia, que se había declarado rebelde contra la Italia soberana, unificada e independiente surgida a finales del siglo XIX, logró su existencia jurídica como el Estado del Vaticano que conocemos hoy día. Un error mayúsculo, sin duda, puesto que se consagró como jefe de Estado –con todos los privilegios internacionales que esto implica– a quien, como el papa de turno, era solo la cabeza de una religión con pretensiones de una universalidad mal entendida y mal ejercida.

Privilegios. Por lo anunciado, el “concordato” sería un compromiso entre Estados por el cual la Iglesia católica local conservaría todos sus actuales privilegios: aporte financiero del Estado, exención de impuestos, monopolio para la enseñanza del catolicismo (abusivamente identificado como enseñanza de “Religión” dentro del currículo escolar), derecho a proselitismo en cárceles, hospitales y otros lugares públicos, etc. A cambio, como gran concesión, el Estado pasaría a ser un Estado laico muy “sui géneris” porque, de hecho, “todo se cambiaría para que todo quede igual”.

La realidad es que, en el concierto internacional de naciones, nuestro país representa una anomalía jurídica que, sin necesidad de “concordato” alguno, tarde o temprano tenía que desaparecer. Ese es el signo de los tiempos con la marcha imparable del respeto real a los derechos humanos de todos los ciudadanos, algo imposible en nuestra actual condición de Estado confesional.

Por último, la designación del equipo negociador no puede ser como la de cualquier tratado internacional. Si la nuestra se va a llenar de católicos, como parece, sería dar de una vez la mesa servida a la otra parte: dígase lo que se diga, representantes así no pueden integrarla en exclusiva por la obediencia que, como católicos, deben al jefe del Estado Vaticano. Los no católicos debemos estar atentos para que de este equipo formen parte representantes reconocidos de otros grupos creyentes y no creyentes.

De no ser así, sería una verdadera farsa para que todo quede igual.

Hugo Mora Poltronieri Profesor Honorario, Esc.de Filología, Ling. y Lit. , Universidad de Costa Rica

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