La ley andaluza, pionera, cumple un año sin conflictos ni insumisos
La ley andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, la conocida como ley de muerte digna, ha servido de base para el anteproyecto que aprobó ayer el Consejo de Ministros. La norma andaluza ha cumplido ya más de un año y empiezan a disiparse algunas de las dudas que generó al principio. Entre ellas, la principal: ¿resulta útil en la práctica diaria?
Muchos detractores de la norma más que criticar su contenido relativizaron su importancia al asegurar que no aportaba nada que no estuviera ya reconocido en otras leyes estatales. Rafael Cía, médico especialista en medicina Interna y medicina Familiar y director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, defiende la eficacia del texto. "Es cierto que recoge cosas que ya están en la ley de autonomía del paciente, pero también contempla muchas nuevas. Además, había una gran confusión terminológica entre los ciudadanos e incluso entre los propios profesionales que ahora ha quedado aclarada", advierte el médico. En el año de vida de la norma, Cía ha apreciado también que va calando una "cultura ciudadana" a favor de la humanización del proceso de la muerte. "El paciente y su familia saben que tienen derecho a recibir cuidados paliativos", cuenta.
Los médicos también agradecen tener un "aval legal" que les dé seguridad jurídica, otro de los objetivos de la ley. "Todos los supuestos entran dentro de lo que se considera buena praxis clínica. De hecho, la obstinación terapéutica es una mala práctica clínica. Pero siempre es mejor tener un apoyo legal por si surgen discrepancias".
A lo largo de este año se han ido incrementando las unidades de cuidados paliativos en hospitales y los soportes para ofrecer estos cuidados a domicilio, otro de los compromisos de la ley, que reconoce el derecho del paciente a recibir en su casa la atención paliativa. También se va poco a poco cumpliendo el derecho de los enfermos terminales a vivir su agonía en la intimidad, para lo que la ley obliga al Servicio Andaluz de Salud a habilitar habitaciones individuales. Según el último balance hecho por la Junta hace dos meses, este objetivo se cumple ya en el 72% de las habitaciones.
La ley andaluza recibió el respaldo unánime de todos los grupos políticos del Parlamento autonómico, incluido el Partido Popular, el 17 de marzo de 2010. La fecha no fue casual. Ese día se cumplían tres años de la muerte de Inmaculada Echevarría, una enferma de distrofia muscular progresiva que tuvo que exponer su agonía en público durante cuatro meses para que la desconectaran del respirador artificial que le mantenía con vida en un hospital de Granada. Su caso hizo ver a la Junta que hacía falta aclarar en un único texto legal los derechos de los pacientes terminales. "Desde que entró en vigor la ley se han resuelto sin ningún conflicto muchos casos como el de Echevarría", asegura el doctor Cía, que no tiene constancia de que ningún médico haya alegado problemas de conciencia para no aplicar la ley.
