Cal y arena una vez más: a vueltas con la Religión en el ámbito escolar

La Consejería de Educación y Ciencia, en respuesta a las demandas de varias organizaciones laicistas y a instancias del defensor del pueblo andaluz, ha modificado los impresos de inscripción para eliminar la pregunta correspondiente a las opciones religiosas por atentar contra el artículo 16 de la Constitución Española.
Consideramos que los centros que soliciten expresamente esta información están cometiendo una acto ilegítimo que conculca derechos fundamentales y viola el artículo 4.1 del Decreto 77/ 2004 por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,. El citado Decreto ordena que no podrá exigirse la formulación de declaraciones que puedan afectar a la intimidad, creencias o convicciones de los mismos.

Por ello, parece que lo más lógico sería que se dictaran las oportunas instrucciones a los directores o a los titulares de los centros sostenidos con fondos públicos, los centros concertados, sean estos laicos o confesionales, pues a todos alcanza el asunto que comentamos, para que arbitren mecanismos que permitan a los padres que lo deseen manifestar su interés por la enseñanza religiosa, sin necesidad de que los demás deban elegir ninguna opción.

Una vez más, y suponemos que no será la última lamentablemente, asistimos a un acto “vergonzante” por parte de la Junta de Andalucía. Se toma la decisión de no incluir el conocido interrogatorio sobre las creencias, religiosas o no, de los ciudadanos, pero no se da a este hecho la necesaria publicidad, no sabemos si por temor a dañar las relaciones con la curia, ni se dictan las órdenes oportunas a los responsables de los centros educativos para que puedan subvenir el derecho a recibir clases de religión de aquellos que lo soliciten, tal como les garantiza la Constitución Española.

Una vez más, insistimos, la administración educativa andaluza, en manos del PSOE desde el año 1980, dato que a veces se olvida, hace recaer sobre los trabajadores a su servicio las consecuencias de sus actuaciones. Pero es que en este caso concreto, por demás, advertimos como un cierto pudor a aparecer como responsables de algo que, bien administrado y asumido con firmeza política, podría representar un paso adelante en el camino de sacar definitivamente las catequesis de las aulas, o, al menos, del horario escolar.

Nos tememos que muchos centros van a seguir actuando como lo han venido haciendo hasta ahora, es decir preguntando, exponiéndose con ello a que algún padre pudiera denunciarlos con el consiguiente perjuicio para ellos o para la organización escolar, o prorrogando la situación existente, lo que tampoco se ajusta a la legalidad, o no sabiendo qué hacer, y todo por la actitud escurridiza de los responsables educativos de la Junta.

Sin otro ánimo que el de ayudar a compañeros y padres en este asunto, creemos que bastaría con incluir una advertencia del tipo «Los padres que deseen que sus hijos reciban instrucción religiosa deberán rellenar el impreso X que se encuentra a disposición de quien lo solicite en la secretaría del centro», con lo que ”salvaríamos los trastos”, una vez más a la administración.

Andrés García Díaz

Miembro de REDES (Renovación de la Educación y Defensa de la Enseñanza), asociación adherida a Europa Laica

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